La prohibición de redes sociales a menores de 16 años se está vendiendo como una cruzada por la protección de la infancia, pero el camino elegido es el de siempre: prohibir primero, educar después; si es que se educa alguna vez. El debate que falta es el importante: cómo regulamos internet para todos, y cómo asumimos, como adultos, la responsabilidad de acompañar a los menores en vez de delegarlo todo en una ley punitiva.
Australia ha estrenado el modelo duro: desde el 10 de diciembre de 2025 tiene prohibido el acceso a redes sociales a menores de 16 años, con sanciones millonarias para las plataformas. El resultado real es muy ilustrativo: el mismo día de la entrada en vigor, el tráfico de VPN se disparó un 170%, con picos claramente ligados al horario de salida de los colegios, lo que indica que los menores no han dejado de usar redes, simplemente se han vuelto más invisibles. España va por la misma senda: Pedro Sánchez ha anunciado que se prohibirá el acceso a redes a menores de 16 años y que se obligará a las plataformas a implantar sistemas “efectivos” de verificación de edad, en el marco de una ley de protección de menores en entornos digitales. El discurso es el de “proteger del salvaje Oeste digital”, pero el instrumento elegido es una combinación de prohibición por edad y más control sobre el comportamiento online de toda la población. Mientras tanto, la red de investigación EU Kids Online y UNICEF están advirtiendo justo de lo contrario: las prohibiciones por edad no mantienen a los menores a salvo, los empujan a espacios menos regulados y dificultan su protección, y piden políticas basadas en evidencia, no en gestos simbólicos.
Para impedir que un menor de 15 o 16 años entre en una red social, hay que verificar la edad de todo el mundo: no hay manera de separar técnicamente a unos de otros. Eso significa generalizar mecanismos de verificación de edad que pasan por tres vías principales: documentos de identidad, análisis facial o credenciales digitales vinculadas al Estado. Todas esas vías tienen algo en común: generan más datos sensibles, más bases centralizadas, más posibilidades de vigilancia masiva. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation y Article 19 llevan años avisando de que la combinación de biometría e identificación obligatoria abre la puerta a un rastreo sistemático del comportamiento online de la ciudadanía. Y todo eso se está normalizando en nombre de “proteger a los niños”. Al mismo tiempo, la experiencia demuestra que los chavales encuentran la forma de saltarse el cerco: VPN, cuentas en otros países, selfis “envejecidos” con IA o directamente usando las fotos de los padres. El riesgo no desaparece, se esconde; y cuando algo se esconde, es más difícil detectarlo, acompañarlo y frenarlo a tiempo.
La respuesta institucional, en lugar de reforzar esa alfabetización y esa corresponsabilidad, opta por el atajo de la prohibición
Hay un dato que no se repite lo suficiente: en España, la edad media en la que los menores tienen móvil ronda los 11 años, y el porcentaje de adolescentes con presencia en redes se acerca a la práctica totalidad. Es decir, alguien les ha comprado esos dispositivos, ha firmado esas líneas y, en muchos casos, los ha ayudado a abrir las cuentas. Ese alguien no es el Estado: son los padres. Los estudios sobre infancia y redes sociales son bastante claros: el factor protector más potente no es la prohibición, sino la implicación adulta. Lo que funciona es que los padres sepan qué usan sus hijos, hablen con ellos de lo que ven, pacten tiempos y límites, se interesen por sus relaciones online y, sobre todo, prediquen con el ejemplo en su propio uso del móvil y de las redes. UNICEF lo formula de forma muy directa: hoy se pide a los padres “lo imposible”: vigilar plataformas que no han diseñado, algoritmos que no pueden ver y docenas de apps que cambian constantemente, sin recibir a cambio la formación ni el apoyo que necesitarían. La respuesta institucional, en lugar de reforzar esa alfabetización y esa corresponsabilidad, opta por el atajo de la prohibición y el “ya verificará la plataforma quién puede entrar y quién no”.
El problema no son los chavales en abstracto, sino cómo está diseñado el entorno digital. Las propias instituciones europeas han señalado como prácticas especialmente dañinas el scroll infinito, la reproducción automática de vídeos y los algoritmos que priorizan contenido adictivo o polarizante. Eso afecta a menores… y a adultos. Tiene mucho más sentido regular ese diseño que convertir el acceso en un privilegio verificado. Eso implica:
• Limitar y prohibir ciertos patrones adictivos en el diseño de plataformas, especialmente cuando hay menores.
• Exigir transparencia real sobre algoritmos y sistemas de recomendación, con obligaciones de auditoría independientes.
• Obligar a las empresas a desplegar sistemas de seguridad por diseño y por defecto, en vez de trasladar toda la carga a familias y escuelas.
UNICEF, EU Kids Online y otros grupos de investigación coinciden en que las restricciones de edad, si existen, deben formar parte de una estrategia más amplia: educación digital, apoyo a las familias, cambios en el modelo de negocio de las plataformas y mecanismos de supervisión pública con garantías de derechos. Lo contrario es poner una puerta de hierro en la plaza del pueblo, pero dejar que el tráfico siga pasando a 120 km/h. El paralelismo es sencillo: a un niño no se le prohíbe salir nunca a la calle porque exista el riesgo de que le pase algo; se le enseñan normas, se le acompaña, se le deja más margen a medida que demuestra responsabilidad. Con internet debería ser exactamente igual. La investigación en salud mental y adolescencia insiste en que la alfabetización digital temprana, la capacidad de identificar contenidos dañinos, la construcción de resiliencia y las vías claras para pedir ayuda son más eficaces que el simple veto. Y eso solo se consigue si escuela, familia y entorno social asumen que internet es parte del mundo real, no un apéndice raro al que hay que acceder con tarjeta de acceso. Lo incómodo del debate actual es que las grandes medidas van dirigidas a controlar quién entra, no a transformar qué se ofrece dentro. La alternativa pasa por lo contrario: poner el foco en cómo se diseña y se regula el espacio digital, y asumir como adultos que nuestra responsabilidad no es blindar para siempre a los menores, sino prepararlos para moverse con criterio y con respaldo, tanto en la calle como en la red.