El Real Decreto-ley 26/2026, publicado en el BOE el 30 de septiembre, contiene una frase que en todos mis años de ejercicio no había leído en una norma con rango de ley: "Maricarmen Abascal no es solo un número". La siguiente explica que esa mujer de 87 años es "víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz". El desahucio se ejecutó el 23 de septiembre, con cargas policiales a la puerta de un piso del Retiro en el que había vivido setenta años y con la inquilina saliendo en ambulancia. El 27, en un mitin en Getafe, Pedro Sánchez le habló desde el atril: "Maricarmen, tengo un mensaje para ti: el Gobierno está trabajando contra reloj". El 29 el Consejo de Ministros aprobó dos decretos ley. El primero apareció al día siguiente y modifica once leyes. El segundo, el que toca de verdad la renovación de los contratos de alquiler, seguía sin publicarse cuando el Congreso ya había convocado para el 2 de octubre el pleno extraordinario que debía convalidar los dos. Nueve días separaron una ambulancia de una votación sobre textos que la mayoría de los diputados no pudo leer con calma.
El contrato de Maricarmen era de renta antigua, lo firmó su padre en 1956, y lo que lo extinguió no fue ninguna norma franquista, sino las reglas de subrogación que fijó la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada por unas Cortes democráticas con Felipe González en la Moncloa, y así lo declaró el Supremo en marzo. El mismo decreto, que culpa a la dictadura, reforma unas páginas más abajo esa ley de 1994. Cuando el diagnóstico oficial se equivoca de culpable, el tratamiento suele equivocarse también, y este llega sobre un déficit de vivienda que se cuenta por cientos de miles, con algo más de noventa mil viviendas terminadas cada año frente a doscientos cincuenta mil hogares nuevos. Esos números no estuvieron en el pleno. Lo que el Gobierno quiso llevar a la votación fue una pregunta mucho más cómoda, la de si uno estaba con Maricarmen o con los fondos buitre.
Maricarmen es el último eslabón de una cadena que ya tiene forma reconocible. A finales de julio el Gobierno nos tuvo más de un mes discutiendo si lo de Ceuta había sido un ataque a la integridad territorial o un bulo ruso e israelí. A mediados de septiembre fue la agresión homófoba de unos ultras durante las fiestas de San Mateo en Oviedo, que merecía una investigación y recibió consignas. Una semana después nadie se acordaba de Oviedo ni del Tarajal, porque había llegado el Retiro. Todos los episodios tienen la misma biografía. Aparecen con una imagen que conmueve o indigna, el Gobierno y sus terminales mediáticas les ponen un nombre propio y un villano, la oposición se lanza a defender la trinchera de enfrente con idéntico entusiasmo, la gente toma partido en las redes con la ferocidad de quien defiende a su familia y, cuando el fuego ha consumido todo el oxígeno disponible, aparece el siguiente y el anterior se apaga sin que nadie haya contestado a ninguna de las preguntas que planteaba. Lo que pasó en el Tarajal sigue en un informe policial remitido a la Audiencia Nacional y la política migratoria en Ceuta y Melilla sigue exactamente donde estaba el 29 de julio.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprendido a hacer de bombero pirómano. Aviva el fuego o lo prende, lo administra desde sus terminales mediáticas hasta que la temperatura obliga a todos a posicionarse y luego se presenta con la manguera de un decreto ley que nadie ha tenido tiempo de leer
El método no es de este otoño. El 28 de abril de 2025 la península se quedó a oscuras y cada tertulia tuvo su culpable durante semanas. El Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, para reforzar el sistema eléctrico, y el Congreso lo derogó el 22 de julio. Cuando cayó el decreto ya estábamos en otra cosa, y la conversación seria sobre cómo se cae entera la red de un país europeo sigue pendiente. En febrero de este año, a los cuarenta y cinco años del golpe, Sánchez anunció la desclasificación de los papeles del 23-F y durante días se habló del rey emérito y muy poco de que la desclasificación se hacía con la Ley de Secretos Oficiales de 1968, una ley franquista que sigue en vigor porque el proyecto de Ley de Información Clasificada que el propio Gobierno aprobó en julio de 2025 duerme en el Congreso sin que en el PSOE nadie muestre prisa por despertarlo. Se fabricó el acontecimiento y la reforma se quedó en el cajón.
Es en el BOE donde este juego deja de ser una cuestión de ambiente y pasa a ser un problema jurídico. La Constitución permite al Gobierno dictar decretos leyes "en caso de extraordinaria y urgente necesidad" y deja al Congreso la opción de convalidarlos o derogarlos en bloque, en una sola votación, sin posibilidad de tocar el texto en ese momento. Era un instrumento pensado para la excepción y este Gobierno lo ha convertido en su manera habitual de legislar, con la emoción del momento sirviendo, a la vez, de prueba de la urgencia y de arma contra quien dude. Lo vimos en enero de 2025, cuando el Real Decreto-ley 9/2024 juntó en el mismo texto la revalorización de las pensiones, los descuentos del transporte, las ayudas por la DANA y la cesión al PNV de un palacete en París, para que votar en contra equivaliera a dejar sin pensión a los jubilados. El Congreso lo derogó el 22 de enero y el Gobierno aprobó otro, seis días después. Lo hemos vuelto a ver esta semana, con la convalidación planteada como un plebiscito sobre una anciana y con la ministra de Vivienda recordando a Junts desde la tribuna que "ustedes no se parecen a la derecha y la extrema derecha".
El Gobierno perdió ese plebiscito de una forma que en la Moncloa nadie había previsto. Junts votó "no" a los dos decretos, pero no se quedó en el "no". Explicó que muchas de las medidas iban a provocar el efecto contrario al que perseguían, que los fondos buitre seguían sin pararse y que lo que se vendía como protección era, para miles de pequeños propietarios, "la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias". Y dejó la salida a la vista de todos: retirar los dos textos, redactar uno nuevo, aprobarlo en otro Consejo de Ministros y contar con su voto favorable. Un "no" que lleva dentro una alternativa no cabe en el papel de villano. Es difícil acusar de estar con los especuladores a quien le reprocha al decreto que no frene a los fondos y ofrece sus votos para uno que lo haga, y de ahí la indignación que se ha desatado en el PSOE y en sus satélites mediáticos, mucho más ruidosa que la que habría provocado un rechazo a secas. Necesitaban un rechazo a secas para cerrar la historia y recibieron un argumento, contra el que el relato tiene muy poco que hacer.
Una norma que nace de una imagen se redacta para la imagen. No distingue entre el fondo que compra edificios enteros y la jubilada que alquila el piso de sus padres para completar la pensión, porque esa distinción no cabe en una pancarta, y la factura llega a los juzgados años después, cuando un propietario y su inquilino necesitan un abogado para saber qué régimen se aplica a un contrato firmado hace cuatro años y otro para averiguar qué quedó de los efectos de un decreto que estuvo vigente un mes y luego se derogó.
Quien entra en la discusión que le propone esta forma de gobernar, encadenando un relato tras otro, sale de ella con el papel que ya le tenían asignado, el de cómplice o el de verdugo, porque esa discusión está diseñada para eso
El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprendido a hacer de bombero pirómano. Aviva el fuego, o lo prende cuando no prende solo, lo administra desde sus terminales mediáticas hasta que la temperatura obliga a todos a posicionarse y luego se presenta con la manguera de un decreto ley que nadie ha tenido tiempo de leer. Al resto de grupos se les coloca ante la alternativa de convalidar o quedar como cómplices del villano de la semana. Casi ninguno sale del círculo, porque salir exige pararse a pensar y el ciclo no lo permite. La vivienda, la red eléctrica, los secretos oficiales o la frontera sur aparecen un día en el centro del escenario convertidos en un drama con nombre propio y desaparecen una semana después sin haberse resuelto, sustituidos por el drama siguiente y disponibles para volver a utilizarse cuando haga falta. Esa es la política del relato, en la que cada relato sirve sobre todo para enterrar al anterior.
Lo sucedido con estos dos decretos deja una lección que sirve para bastante más que la vivienda. Quien entra en la discusión que le propone esta forma de gobernar, encadenando un relato tras otro, sale de ella con el papel que ya le tenían asignado, el de cómplice o el de verdugo, porque esa discusión está diseñada para eso. Lo que la desarma es cambiarle el marco. El Gobierno quería que el Congreso votara si estaba con una mujer de 87 años o con los especuladores, y Junts llevó la votación a otro sitio, a si esos textos servían para lo que decían servir y a qué texto podía sustituirlos. En ese terreno el bombero pirómano no tiene manguera que enseñar, solo el incendio. Al PP y a Vox, convencidos de que basta con gritar más fuerte, les vendría bien tomar nota, porque cada grito le devuelve a Sánchez la discusión que más le conviene.
Dice el proverbio que cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. La versión española es más refinada porque aquí quien señala sabe adónde va a mirar el público y elige el dedo con cuidado. Esta semana, el dedo se llamaba Maricarmen y lo que no se mira es un país que construye cada año bastante menos de la mitad de las viviendas que necesita, con una ley de 2023 que no ha funcionado y un presidente que ha descubierto que sale más rentable aprobar un decreto con nombre de mujer que una ley que funcione. Maricarmen ha pedido que lo que le ha pasado sirva para que no le pase a nadie más. Para eso habría que mirar la luna, y en la Moncloa ya están eligiendo el próximo dedo.