Que a la presidenta del Parlament de Catalunya se la cite e interrogue como investigada en un tribunal por haber permitido la votación de las conclusiones de una comisión de estudio parlamentaria pone muy alto el listón, el listón del esperpento y el ridículo máximo al que ha llegado la democracia española en la gestión del pleito sobre la independencia de Catalunya. Y que eso se justifique políticamente y jurídicamente por el hecho de que la materia "estudiada" en la comisión del proceso constituyente era la independencia y el referéndum ya es para nota. Precisamente.

La dimensión de la catástrofe -en términos democráticos- es de tal calibre que esta vez sí que ha habido líderes españoles que se han pronunciado. No es extraño que Pablo Iglesias se haya declarado "avergonzado" en su doble condición de "español" y de "demócrata", lo cual, como no podía ser de otra manera, encendió el viernes la caverna tuitera contra él y su rival -pero amigo- Íñigo Errejón, que tampoco dejó de solidarizarse con Carme Forcadell. Ahora bien: ¿no será que estamos exagerando con todo ello? ¿Que los catalanes y las catalanas podrían estar siendo víctimas de un ataque de posverdad -continuado, y recurrente- pero confusión, al fin y al cabo, entre lo deseable y lo practicable? ¿O por el contrario que, como diría el presidente Carles Puigdemont, al punto al que se ha llegado es de tal degradación de todo que in-indé-indefectiblement hace falta referéndum o referéndum? Veámoslo.

Es cierto que, como dice el portavoz de Ciutadans Carlos Carrizosa en el Parlament de Catalunya se puede hablar de todo. Incluso de la independencia -como remarca-. Lo que sería extraño es que en un parlamento votado democráticamente en el que hay una mayoría de partidos independentistas (JxSí y la CUP), que dan apoyo a un gobierno independentista, no se hablara, de independencia. Ergo algún mecanismo no está lo bastante engrasado, y me temo que el argumento de Ciutadans y compañía chirría porque falla la conexión inherente a toda democracia, desde el tiempo de la Atenas de Pericles, entre el hablar-razonar y el razonar-votar. He ahí el problema de hacer pasar gato (poder hablar de la independencia) por liebre (en último término, poder llevarla a cabo).

Sobre la independencia se puede hablar, pero sobre la independencia no se puede votar e, incluso, puede ser delito no ya hacerlo sinó permitirlo. Pero es que además, el demos -pueblo o cuerpo electoral- catalán tampoco puede ser consultado sobre el asunto, sin que eso obligue en nada: si se hace, como en el caso de Artur Mas, Joan Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs con la consulta del 9-N, también es punible. A partir de aquí, no hay que ser un antisistema para atisbar la profundidad del déficit democrático de la democracia española. Una democracia concreta, en un Estado concreto en el cual no hay cauce de expfresión efectiva ni ganas de que lo haya para 2 millones de ciudadanos (catalanes y catalanas) que son partidarios de la independencia y bastantes más de que se pongan las urnas para dirimirlo.

La democracia española choca con la legalidad neofranquista vigente: el artículo 2 de la Constitución, irreformable en la reforma que ya están pactando Rajoy y Susana Díaz

La democracia española -en cuyo marco legal se ejerce hoy por hoy la democracia catalana- tiene unos niveles aceptables de isegoría: ciertamente, todos los elegidos tienen los derecho a hablar en los parlamentos (las asambleas) y todo el mundo en todas partes, y hoy por hoy, de hablar de todo. Pero una cosa es poder decir, y la otra poder hacer: se puede decir de la independencia, pero no se puede hacer la independencia de acuerdo con la "legalidad" vigente. Ergo la democracia española choca con la "legalidad" vigente, y para ser exactos, y tratándose de la cuestión territorial, con la legalidad neofranquista vigente: el artículo 2 de la Constitución, el de la "indisoluble unidad",  irreformable en la próxima reforma que Mariano Rajoy y Susana Díaz -a través del tal Fernández de la gestora del PSOE- leo en El País que ya están pactando de espaldas a Rivera y sus garicanos y contra los podemitas y los "separatistas".

El gobierno del PP y el unionismo hacen trampa cuando dicen que Forcadell es igual que todo ciudadano (y ciudadana) español ante la ley y, por eso, no goza de "impunidad" -nótese cómo es verbalmente condenada antes de ser juzgada y cómo se pervierte semánticamente el concepto de "inmunidad" parlamentaria). El pleno derecho de Forcadell a materializar democráticamente sus aspiraciones políticas -en este caso la independencia de Catalunya- es irrealizable y, además, punible. Se puede ser independentista, pero en ningún caso ejercer esta condición política con todas las consecuencias, y mucho menos todavía facilitarlo como responsable político o público. A la democracia española le falla la isonomía de los griegos clásicos, más de lo que parece.

En un marco en que el trumpismo-putinismo, el populismo atómico, empieza a marcar el ritmo global, el referéndum catalán se acabará convirtiendo en una (pequeña) esperanza para la humanidad

Así que del punto 46 del Memorial de Agravios del gobierno Puigdemont-Junqueras, es decir, del referéndum, ni hablar, ha dicho de nuevo este sábado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en Barcelona. La democracia española no sólo es capaz de sentar en el banquillo de los acusados a Forcadell, Mas, Puigdemont, Junqueras o Arrimadas, si hiciese falta: la democracia española está dejando de ser isegórica. Hay cosas, puntos, sobre los cuales, no se puede ni siquiera hablar.

Lo digo seriamente: España (también) empieza a necesitar el referéndum. El cuadro clínico, democráticamente hablando, empieza a ser de alto riesgo.  Y en un marco en que el trumpismo-putinismo, el populismo atómico, empieza a marcar el ritmo global, el referéndum catalán se acabará convirtiendo en una (pequeña) esperanza para la humanidad.