Hay algo que me incomoda profundamente: convertir a una persona vulnerable en una pancarta. Ponerle cara a un problema puede servir para que lo entendamos. Otra cosa es apropiarse de esa cara, colocarla en nuestra trinchera y hacer que cargue con todas nuestras consignas.
Maricarmen tiene 87 años. El miércoles fue desahuciada de la casa de Madrid en la que llevaba más de siete décadas viviendo. Dos días después, la empresa propietaria proponía al Ayuntamiento una fórmula para que pudiera regresar mediante un alquiler asequible. El consistorio consideró inviable encajar esa propuesta en el programa ReViVa, aunque se ofreció a mediar. Y una no puede evitar preguntarse: ¿era necesario llegar hasta aquí?
¿Hacían falta una anciana saliendo de su casa, cámaras en la puerta, políticos, pancartas, manifestaciones y una guerra de relatos para poner en marcha mecanismos que deberían existir antes de que apareciera el drama? Porque el problema ya lo conocíamos.
En España, el 44,3 % de las personas de entre 26 y 34 años seguía viviendo con sus padres en 2025. Y entre quienes continuaban en casa, el 47,3 % decía que la razón principal era no poder permitirse comprar o alquilar una vivienda. No parece que necesitáramos otro caso humano convertido en símbolo para descubrirlo.
Necesitamos vivienda. Todos necesitamos un lugar donde vivir. Y resulta que tenemos un gobierno "socialdemócrata" desde hace ocho años, pero estos días parece no haber estado nunca aquí.
Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018. Desde enero de 2020 España tiene gobiernos de coalición integrados por fuerzas que se definen como progresistas. En ese tiempo se ha aprobado la primera ley estatal de vivienda, se han desplegado ayudas, avales, programas de alquiler asequible y se ha creado CASA47. Sería absurdo negar que se han hecho cosas. Lo que también sería absurdo es confundirlo con haber solucionado el problema.
La OCDE calcula que el alquiler social representa en España alrededor del 3 % del parque de vivienda. Y estima que, para alcanzar aproximadamente la media europea, serían necesarias en torno a 850.000 viviendas sociales adicionales. Ahí está probablemente el centro de todo. Tenemos políticas de vivienda. Lo que seguimos sin tener es suficiente vivienda pública.
El Gobierno anunció un plan para habilitar 184.000 viviendas destinadas al alquiler social o asequible. En agosto de 2024 decía haber "movilizado" 80.745. Pero la palabra importa: movilizar no significa necesariamente que 80.745 familias hayan recibido las llaves. En esa cifra había promociones en distintas fases de desarrollo, viviendas de Sareb y otras incorporadas mediante diferentes programas.
Este mismo septiembre, CASA47 ha estrenado su portal estatal con 800 viviendas disponibles y el anuncio de incorporar próximamente otras 1.500. Es una iniciativa útil. Pero pongamos las dimensiones en perspectiva: frente a un problema que se cuenta por cientos de miles, 800 viviendas son un comienzo, no una solución. Quizá habría que dejar de tratar la vivienda como una emergencia permanente y empezar a tratarla como lo que es: una infraestructura básica de una sociedad.
Usar a una persona para hacer campaña me parece falto de ética. Me parece infantilizar a la sociedad y tratar de manipular la opinión pública para eludir responsabilidades
Construimos hospitales pensando en enfermos. Colegios pensando en niños. Carreteras pensando en cómo nos desplazamos. ¿Por qué seguimos hablando de "vivienda" como si todas las personas necesitaran exactamente el mismo rectángulo con cocina y baño? Una familia con dos o tres hijos necesita espacio, colegios cerca, parques y servicios. Y si queremos hablar seriamente de natalidad, quizá deberíamos empezar por conseguir que tener otro hijo no implique necesitar primero una herencia. Un joven que empieza a trabajar necesita otra cosa: apartamentos pequeños, bien comunicados y con alquileres compatibles con un salario de entrada. Y una persona de ochenta años puede querer algo diferente. No necesariamente una residencia. Quizá un pequeño apartamento adaptado, suyo mientras pueda vivir de manera autónoma, dentro de un complejo con comedor, asistencia, enfermería, zonas comunes y ayuda cuando la necesite. No estamos inventando algo imposible. Hay ciudades europeas que llevan décadas pensando así.
Viena tiene alrededor de 220.000 viviendas municipales y otras 200.000 viviendas cooperativas o subvencionadas. La vivienda asequible forma allí parte de la estructura de la ciudad, no solamente de las políticas destinadas a situaciones extremas. Austria dedica aproximadamente el 24 % de su parque residencial al alquiler social. En Países Bajos la proporción supera el 30 %. España ronda el 3 % según la comparación de la OCDE.
Naturalmente, ni Viena ni Ámsterdam son paraísos inmobiliarios. También tienen precios altos, listas de espera y problemas de acceso. Pero poseen algo que aquí nos falta: un colchón público suficientemente grande como para que el Estado no tenga que improvisar desde cero cada vez que aparece una situación dramática. Y, además, vivienda pública que siga siendo pública.
La ley de vivienda de 2023 reforzó precisamente esa idea: como regla general, la vivienda protegida debe mantener su protección, con un régimen especialmente estricto cuando se construye sobre suelo destinado a vivienda protegida; en otros supuestos, las excepciones autonómicas no pueden establecer periodos inferiores a treinta años.
Está claro que en España faltan casas que sirvan para vivir sin tener el agua al cuello. El problema de la vivienda no se resuelve encontrando un culpable perfecto cada vez que hay un desahucio. Tampoco con una fotografía indignante, un tuit furioso o una reforma legislativa anunciada a toda velocidad cuando las cámaras ya están grabando. Se resuelve haciendo política antes. Y el actual gobierno lleva ocho años, que son suficientes como para haber apostado seriamente por uno de los problemas principales para la sociedad española, según los últimos datos del CIS.
¿Cómo se hace? Planificando suelo. Construyendo vivienda asequible. Conservándola en manos públicas. Diseñando ciudades para las vidas reales de quienes las habitan. Coordinando al Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque las competencias también están repartidas y las responsabilidades no desaparecen por señalar al de enfrente.
Maricarmen necesita una solución. Pero, sobre todo, una sociedad razonablemente organizada debería ser capaz de intentar encontrarla antes de convertir a Maricarmen en un símbolo. Vivimos en un país repleto de casos dramáticos, de personas sin hogar, de vidas que no pueden mirar hacia el futuro y arrancar un proyecto porque no tienen lugar donde desarrollarlo. De personas desesperadas que terminan con su vida porque no son capaces de conseguir un lugar donde dar cobijo a sus hijos. Es una realidad que nadie puede negar, porque todos necesitamos una casa y todos sabemos lo complicado que resulta conseguirla.
Cuando nos quieren hacer creer, de manera interesada, que necesitamos ver a una mujer de 87 años salir de su casa para volver a descubrir que España tiene un problema de vivienda, es que nos están tomando el pelo. Y deberíamos pensar que esta campaña de Maricarmen no es otra cosa que una campaña electoral, que apela a nuestros sentimientos, pero que en realidad tergiversa y manipula los hechos reales. Existen normas que hacen legal lo que humanamente es inadmisible. Y son los responsables de cambiar esas normas los que remueven los sentimientos de quienes no tenemos capacidad de hacer nada. Porque los que legislan parecen carecer de ellos. Parecen moverse únicamente por calendarios de campaña, por comicios, por pasarse la patata caliente para eludir su responsabilidad.
La campaña de Maricarmen viene de la mano de la reaparición en escena de Colau. La que llegó diciendo que jamás entraría en política, porque la política era parte del problema. Y se metió en política. Para después marcharse y decir que jamás volvería. Hasta ayer, que anunció regresar. Ya es casualidad que el caso Maricarmen, con muchas sombras y datos que deliberadamente han querido ocultarse, sesgarse o directamente manipularse, estalle en el preciso instante en el que esta señora vuelve a la carga. Una campaña, la de estos días, que no es otra cosa que la preparación del terreno electoral, donde resulta que los que gobiernan y sus socios se indignan cuando, en realidad, son los que tienen la posibilidad de solucionar el enorme problema que todos tenemos.
Usar a una persona para hacer campaña me parece falto de ética. Me parece infantilizar a la sociedad y tratar de manipular la opinión pública para eludir responsabilidades. El problema está en que, por lo que parece, sigue habiendo gente dispuesta a ser manipulada, a comerse sin masticar los relatos que les cuentan y a vivir sin entender que es posible resolver esta situación, pero que quienes tienen que hacerlo, cuando han tomado medidas, han preferido criminalizar a los propietarios particulares, que también merecen ser protegidos. Han preferido soltar eslóganes en lugar de ponerse a construir.
Y es que, al igual que la vivienda no debería ser un bien para especular, la opinión pública debería respetarse como base fundamental de la democracia. Y está claro que, al final, algunos parecen hacer de los problemas de todos la excusa para colocarse de nuevo en las instituciones desde las que no hacer nada. Y ese es el verdadero problema de Maricarmen y de toda la ciudadanía.