Se pasaron toda la última campaña electoral municipal hablando de las superilles. Concretamente, de la pacificación de Consell de Cent: a favor, en contra, que si una ciudad verde, que si menos humo, que si el bienestar de los vecinos y las vecinas. Ni por un segundo se abordó el gran tema ya candente, que era el notorio incremento del precio de los alquileres (y de las compraventas) y el fracaso de la política de vivienda seguida por Colau y Collboni cuando gobernaban juntos. Desde el pico de 2008, el año de los indignados acampados en la plaza Catalunya, los precios en Barcelona ciudad han subido un 30-35%. Y desde 2014 los precios se han duplicado. Esto, sumado a la deplorable situación salarial del país, es lo que crea el grave conflicto actual y la profunda desconfianza hacia todas las políticas de la izquierda. Las pasadas y las que se quieren implantar de forma inmediata.
Ni el propietario ni el inquilino tienen la responsabilidad, ni la culpa, de la situación salarial en nuestro país. Ni el propietario ni el inquilino tienen ninguna culpa, tampoco, de la falta de construcción de pisos (a precio asequible o menos asequible) y de la pretensión de llegar a la Catalunya de los 8 o de los 10 millones. No tienen ninguna culpa ni el inquilino ni el malo de la película, que siempre es la familia o la persona que tiene un piso en propiedad. Ninguno de los dos es responsable, tampoco, del aumento del IPC ni de la política fiscal hiperbólica de los gobiernos español y catalán. Insoportable, excesiva, asfixiante. Y no tienen tampoco ninguna culpa de la degradación del ascensor social, que hace demasiados años que ha dejado de existir en Catalunya y que hunde por completo el mito del "sueño catalán", según el cual, si trabajas mucho y te levantas temprano, sales adelante. Nada de esto se está cumpliendo, y no es culpa del propietario. Del inquilino, tampoco. Es más: ya no es que los extranjeros ricos sean casi los únicos que pueden comprar un piso, es que ya empiezan a ser los únicos que pueden alquilar determinados pisos. La concentración del capital en una minoría, ya sea de fondos buitre o de arrendatarios y compradores adinerados, pone al pequeño propietario y al inquilino en la obligación de hacer equipo y entenderse. En estos momentos, en muchos sentidos, son lo mismo: la clase media, la que quiere salir adelante trabajando y ahorrando, la que intenta tener algo o, como mínimo, vivir dignamente. Esta clase tiene subcategorías, evidentemente (sobre todo la que separa al que es propietario del que no), pero a día de hoy tiene muchos intereses en común para proteger. Por si no os habéis dado cuenta, van a por nosotros. Y nosotros no paramos de confundirnos de adversario. Tiene que ser posible, en este contexto, algo que no es ninguna cuadratura del círculo: que el inquilino entienda que el propietario le quiere alquilar el piso, sin perder la inversión realizada, y que el propietario entienda que el inquilino quiere vivir en algún sitio sin perder todo el sueldo. ¿De verdad que este acuerdo de pura supervivencia no es posible?
No sé si el PSOE conseguirá que el ambiente preelectoral, y los prejuicios ideológicos, puedan superarse para llegar a acuerdos que favorezcan al grueso de la sociedad. No pinta bien, a no ser que también se pacten los desacuerdos y se permita que todo el mundo quede medio insatisfecho. Tengo la sensación de que la izquierda, en España y en Catalunya, ha decidido fiarlo todo a la etiqueta y al frentismo y que así no hay Pacto de San Sebastián que aguante, como ya ha ocurrido siempre en este país: si no te fusilan por rojo o marica, te fusilan por rico. A menudo, sin embargo, nunca eres ni una cosa ni la otra (ni, sobre todo, la tercera). Siempre, siempre paga los platos rotos la gente del medio que baila entre dos o tres subcategorías sociales y para la que, por lo tanto, el ascensor tiene que funcionar sí o sí. Que Ada Colau ahora diga que no puede pagar el alquiler es de una justicia poética que parece elaborada por un guionista cruel con un espejo como único recurso para el sarcasmo.
Tiene que ser posible algo que no es ninguna cuadratura del círculo: que el inquilino entienda que el propietario le quiere alquilar el piso, sin perder la inversión realizada, y que el propietario entienda que el inquilino quiere vivir en algún sitio sin perder todo el sueldo
Otra cosa es cómo acabe todo esto: en 2008 el movimiento de los indignados cedió protagonismo al proceso de independencia, pero antes había estallado la burbuja inmobiliaria y se había producido un aumento exponencial del paro, con un incremento repentino de las cuotas hipotecarias. Como ya se sabe, se acabó rescatando a los bancos y se moderaron los salarios (y se precarizaron los contratos). Ahora el problema es diferente, y se intenta acudir al rescate público de la gente (sin mejorar salarios, ¿eh? Eso no lo hace absolutamente nadie). Pero para rescatarnos habrá que tener en cuenta que la "gente" ahora son los inquilinos (los que tienen piso y los que todavía lo buscan) y también los pequeños propietarios. Uno depende del otro: no puedes ser arrendador sin un arrendatario, y no puedes alquilarle un piso a nadie que no sea un propietario. Destruirse el uno al otro es hoy una temeridad, y convendría más que nunca entenderse. Por interés de clase, para dejar claro por dónde "no pasarán" un extremo del frente y el otro. No hay otro remedio que aceptar el derecho del otro a existir: tanto el derecho a la propiedad como el derecho a la vivienda (imposible de garantizar, pero sí de facilitar). Si esto se admite, todo es negociable. Si, en cambio, todos nos hemos convertido en buitres, como el más descarnado de los fondos inmobiliarios, no.