Óscar Puente se fue el martes 3 de noviembre "por dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas", y esa misma noche Pedro Sánchez escribió en X que "políticos como él dignifican nuestro país". Al día siguiente añadió que "no todos los servidores públicos somos iguales", y en eso tiene razón. La noche del 28 de octubre, el mismo día del accidente, a las nueve en punto, dos medios publicaron a la vez las conversaciones entre el centro de control de Atocha y los maquinistas del AVE y del Iryo, y una cadena de radio lo hizo un minuto después. Según la prensa, esos audios sonaron en la sala en la que estaba el ministro durante su visita al centro, y la copia que llegó a las redacciones tiene silencios que no están en los originales de Adif. Con ellos se fabricó el titular del "fallo humano" y se señaló a un trabajador antes de que la jueza de Orgaz escuchara una sola cinta. En el discurso de la dignidad no hay una palabra sobre eso.
El artículo 417 del Código penal castiga a la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo "y que no deban ser divulgados", con multa e inhabilitación. No exige que un juez haya declarado secreto nada. Basta con que la información no debiera salir de donde estaba, y la prueba principal de una causa por sesenta y nueve muertes no estaba para colgarla en la web de un periódico esa misma noche. Un sindicato ha pedido al juzgado que averigüe cómo llegaron las grabaciones a la prensa. Alferro ha denunciado a Puente ante la Fiscalía del Supremo y la Guardia Civil sigue el rastro de los archivos desde Atocha hacia arriba, por una cadena que, según se ha publicado, no se detiene en el Ministerio. Nada de eso prueba todavía quién filtró. Me paso la vida defendiendo la presunción de inocencia y no voy a dejar de hacerlo con Puente, pero esa presunción protege frente a una condena, no frente a las preguntas, y nadie debería ser canonizado mientras las tiene pendientes.
No es la primera vez. El 13 de marzo de 2024 el correo en el que el abogado de Alberto González Amador ofrecía reconocer dos delitos fiscales llegó a una radio en cuestión de horas, después a los mismos medios que ahora han difundido los audios de Adif, y a la mañana siguiente la Fiscalía lo remató con una nota de prensa. En noviembre de 2025 el Supremo condenó por aquello al fiscal general, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados, con el mismo artículo 417 en la mano.
El método consiste otra vez en sacar de un expediente lo que no debía salir para fijar la versión antes de que hable el juez, ganar el titular de la noche y conseguir que la verdad llegue cuando ya no interese. Como en cualquier actividad delictiva que se repite, también los colaboradores son los mismos. Lo único que cambia es el segundo acto. Con el fiscal hubo filtración y después condena; con Puente, filtración y después homenaje, y la dimisión llega envuelta en un lazo para que nadie mire debajo.
Eso es trumpismo, aunque se haga con el puño en alto, y la palabra no describe una ideología, sino una técnica. Steve Bannon se lo explicó en 2018 al periodista Michael Lewis. La oposición de verdad, dijo, son los medios, y la manera de tratar con ellos es "flood the zone with shit", inundar la zona de mierda. A una mentira así le da igual que la crean; lo que persigue es que, a la quinta, ya nadie distinga lo verdadero de lo falso. En una sala de vistas quien afirma un hecho tiene que probarlo, y el trumpismo ha dado la vuelta a la regla. Quien afirma no prueba nada; al otro le toca demostrar que el complot no existe, y cada desmentido lo agranda porque viene del enemigo. Llamar a eso realidad paralela es quedarse corto, porque una realidad paralela al menos existiría en alguna parte. Lo que queda es un barro en el que ya nada se puede comprobar y en el que gana quien grita el último.
España y Catalunya necesitan un carril central. Ese carril, que nada tiene que ver con un escaño en mitad del hemiciclo, es una manera democrática de convivir que admite cualquier destino y pone una sola condición: respetar la señalización, que en democracia la forman los hechos
La izquierda que está a la izquierda del PSOE puso su parte esa misma semana. Irene Montero pidió "renacionalizar el sistema ferroviario aplicando el artículo 128 de la Constitución". El artículo existe y permite reservar por ley al sector público servicios esenciales, o intervenir empresas cuando lo exija el interés general. Lo que no existe es el ferrocarril privatizado que habría que recuperar para el Estado. La vía, la señalización, el LZB y el centro de control de Atocha son de Adif, y el artículo 27 de la Ley 38/2015, del sector ferroviario, atribuye la titularidad de las infraestructuras a sus administradores, que son dos entidades públicas empresariales, Adif y Adif Alta Velocidad. El AVE era de Renfe, que también es del Estado, y en el kilómetro 118 el único tren privado era el que estaba parado. Montero sabe de quién es Renfe y le da igual. La frase le dice a quien tiene sesenta y nueve muertos en la cabeza que alguien le ha robado algo y que ella se lo va a devolver.
En España el método llegó antes por la derecha, y con nombre propio. El 12 de abril de 2018 Vox anunció que Bannon los asesoraría para "combatir la propaganda separatista fuera de España". El president Puigdemont acababa de salir de la prisión de Neumünster, y esa propaganda eran, sobre todo, autos de tribunales alemanes y belgas que no le daban la razón a Madrid. Fuera de España aquella asesoría no consiguió nada, pero en casa dejó su producto estrella, la teoría de la sustitución, que en Francia llaman el gran reemplazo, según la cual una élite traidora está cambiando a los europeos por musulmanes. En Catalunya lo vende Sílvia Orriols, que en 2022 explicó en 8tv que "en una Catalunya islámica habría violaciones en grupo, mutilaciones genitales y matrimonios forzados". Según la UCIDE, en España viven dos millones y medio de musulmanes, seiscientos sesenta mil de ellos en Catalunya, y casi la mitad tiene nacionalidad española, así que buena parte de los reemplazantes figura en el mismo censo que los reemplazados.
Con las cifras pasa lo mismo, y el ejemplo más conocido es el cartel que Vox colgó en una estación de Cercanías para las autonómicas de Madrid de 2021, "Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes". Ningún menor tutelado cobra un sueldo. Lo que paga la Administración es el coste de su tutela, un dinero que no recibe el menor y que acaba en centros y profesionales españoles. El juez se negó a retirar el cartel, y acertó, porque el derecho penal no está para decidir qué es verdad en una campaña. Quien espere que un juez le haga el trabajo al votante se llevará una decepción, y Alvise Pérez lo entendió antes que nadie. Tres días antes de las elecciones al Parlament de 2021 publicó una PCR positiva de Salvador Illa que, según la Fiscalía, era una falsificación suya de principio a fin, y tres años después casi ochocientos mil votantes lo mandaron a Estrasburgo.
El método tampoco tiene ideología. Iván Redondo estuvo en la cocina de la campaña que llevó a Xavier García Albiol a la alcaldía de Badalona antes de diseñar la moción de censura y pasar tres años en la Moncloa como jefe de gabinete de Sánchez. El 2 de octubre aseguró en La Sexta que "la narrativa y el relato han muerto", y, si es así, el parte de defunción tendría que firmarlo él. Los audios de Urda y el lazo de la dignidad son lo que enseñó, en versión de otoño.
Este doble trumpismo, el que se practica desde el poder y desde su izquierda y el que la derecha importó antes, convierte cada problema real en uno que no se puede resolver. Las ciento setenta incidencias del LZB no se arreglan expropiando lo que el Estado ya tiene ni sacrificando a un operario en la radio, y quien vende un enemigo inexistente compra tiempo para no tocar el que existe. No hay nada menos progresista que un progresismo que necesita mentir.
La salida tiene forma de vía. España y Catalunya necesitan un carril central por el que circulen trenes de todos los colores, los de la izquierda, que quiere más Estado, y los de la derecha, que quiere menos, porque una Fiscalía independiente o una política migratoria aplicable solo salen con mayorías que ningún extremo reúne. Ese carril, que nada tiene que ver con un escaño en mitad del hemiciclo, es una manera democrática de convivir que admite cualquier destino y pone una sola condición: respetar la señalización, que en democracia la forman los hechos. La señalización, como el LZB, no le pregunta al maquinista de dónde viene ni adónde va; solo lo obliga a frenar cuando la vía no está libre. El carril funciona como una vista oral, en la que acusación y defensa discrepan en todo, a menudo con bastante mala sangre, pero ninguna puede presentar un testigo que no existe. Por ese carril no pasan los extremos ni pasa quien filtra grabaciones con silencios, salga de la estación que salga.
El miércoles dimitió también el presidente de Adif. Las grabaciones originales siguen en el centro de control de Atocha, sin silencios, y son lo único de esta historia que todavía es público de verdad.