Esta semana vivimos, una vez más, la imagen más descarnada de la discriminación del Estado hacia Catalunya, concretada en el caos de la red de Rodalies, motivada por la falta deliberada de inversión por parte del Estado, que dispensa a nuestro país el trato de colonia (de la que se extrae, pero no se pone). A ello se le ha sumado el corte de la AP-7 en sentido sur. Catalunya está medio incomunicada y cientos de miles de personas lo sufren de forma directa todos los días, mientras el gobierno (el nuestro y el de los otros) exhibe una manifiesta incapacidad de gestión y una mala comunicación a la ciudadanía. En el fondo, no hay nada nuevo ni podemos sorprendernos. El país rueda cuesta abajo en prácticamente todos los ámbitos. Todo el mundo sabe que la situación empeora y que el país que tenemos hoy es peor que el que teníamos hace diez o veinte años. Hemos tenido un apagón general que dejó el país a oscuras (y sobre el que nadie nos ha dicho nada más), los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, las familias pierden capacidad adquisitiva, la delincuencia reincidente actúa con impunidad, la lengua catalana retrocede, el sistema sanitario está colapsado, la enseñanza pública cae en los indicadores internacionales y la inmigración carece de control alguno. Por eso, quien puede, contrata una compañía privada de seguridad, una mutua de salud o lleva a sus hijos a la concertada. Es el sálvese quien pueda y, claro, algunos oportunistas sacarán rédito electoral. La sociedad está desanimada y la ciudadanía está irritada. Ya no es solo el “català emprenyat” que decía Enric Juliana; ahora tenemos el catalán enfurecido y con ganas de desquitarse.

Este colapso de país, no obstante, puede ser la semilla de una oportunidad. Mejor dicho; de una nueva oportunidad. Muchos lectores recordarán que el 18 de febrero de 2006 hubo una gran manifestación bajo el lema “Somos una nación y tenemos derecho a decidir”, organizada por la Plataforma pel Dret de Decidir (PDD). Cientos de miles de personas desfilaron por la Gran Via de la capital. Esa marcha se convocó a raíz del acuerdo entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas, entonces jefe de la oposición, para desatascar el bloqueo del nuevo Estatut d'Autonomia. En pocos días se cumplirán veinte años de aquella manifestación. Al año siguiente, en diciembre de 2007, hubo otra manifestación que recorrió la Via Laietana de Barcelona con el lema "Somos una nación y decimos ¡BASTA! Tenemos derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras". El motivo de esa segunda manifestación fue el caos de Rodalies y los expresidents Jordi Pujol y Pasqual Maragall desfilaron junto a cientos de miles de personas.

Tanto la derecha como la izquierda españolas saben que somos una colonia y, en consecuencia, hay que invertir el mínimo necesario para hacerla funcionar y continuar la labor extractiva

Aquellas dos manifestaciones fueron el origen incipiente del proceso soberanista que galvanizó la década siguiente, hasta el referéndum de independencia de octubre de 2017, previo ensayo general de la consulta de noviembre de 2014. Las razones eran más que suficientes para declarar el fracaso de la administración española sobre Catalunya y la necesidad de gobernarnos a nosotros mismos, más allá de las cuestiones nacionales e identitarias. Porque todo el mundo sabe, en Catalunya, que un país independiente sería un mejor país, empezando por el hecho innegable de que los más de 20.000 millones que pagamos en impuestos y nunca retornan se quedarían en casa. Los catalanes a veces no gestionamos mejor que los españoles, pero a veces sí; basta con comparar la gestión de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y Renfe para constatarlo. Y, en cualquier caso, siempre es mejor hacer autocrítica para mejorar que quejarse a alguien que no tiene la más mínima voluntad de solucionar nada.

Hoy, pues, el caos actual de Rodalies sitúa al país en su punto de partida. Como me decía Eduard Voltas esta semana en los pasillos de TV3, "hemos vuelto a caer en la casilla de España y regresamos a la casilla de salida". Es una buena metáfora. El juego de la oca de los catalanes tiene pocas casillas seguras; la mayoría te devuelven al punto de partida y algunas directamente te llevan a la cárcel. Hace pocas semanas, defendía yo, en esas mismas páginas digitales, la necesidad de un cambio de paradigma en Catalunya. Debemos dejar atrás los debates situados en el eje derecha-izquierda para pasar a los debates situados en el eje Catalunya-España. Cuando escribía ese artículo, yo era más bien pesimista, pero la realidad parece que va en la buena dirección. Los dos grandes debates son, en estos momentos, la financiación y las infraestructuras. El tercer debate es la situación de la lengua catalana. Si se quiere, todavía podemos identificar otro: la mala gestión de la inmigración. Los cuatro problemas tienen su mismo origen; son cuestiones que tienen una relación directa con la gestión y el poder del Estado español. Y eso que, en teoría, tenemos ahora en Madrid un gobierno amigo que depende de los votos de los independentistas, que encima es del mismo color político que la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. Los astros estaban alineados para que todo fuera hacia una mejora y, en cambio, cada día damos un paso atrás. Y vamos hacia atrás porque es indiferente quien gobierne el Estado, porque tanto los azules como los rojos saben que somos una colonia y, en consecuencia, hay que invertir el mínimo necesario para hacerla funcionar y continuar la labor extractiva. Nada más. Quizás ha llegado la hora de salir a la calle y de que volvamos al punto de partida de 2007.