No es ciencia ficción. No es una distopía literaria ni un episodio de Black Mirror. Es España, marzo de 2026. El Gobierno de Pedro Sánchez ha desplegado en cuestión de semanas dos instrumentos que, combinados, configuran una arquitectura de vigilancia sin precedentes en la historia democrática española, solo equiparable al uso de Pegasus en contra del independentismo catalán: la plataforma HODIO, destinada a rastrear mediante inteligencia artificial lo que el Ejecutivo define como “discurso de odio” en redes sociales, y la ampliación radical de las facultades de la Agencia Tributaria para acceder, también mediante sistemas algorítmicos, a la práctica totalidad de la información financiera de los ciudadanos. Conviene detenerse en ambas, porque su confluencia no es casual.

Desde el 1 de enero de 2026, en virtud del Real Decreto 253/2025 —decreto que, por su configuración legal, no ha necesitado de refrendo parlamentario— las entidades bancarias, plataformas de pago y demás instituciones financieras están obligadas a suministrar a la Agencia Tributaria información detallada sobre cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos y movimientos de efectivo de todos los contribuyentes. No se trata ya de los tradicionales cruces de datos entre declaraciones de renta y patrimonio; se trata de un acceso granular y sistemático al comportamiento económico cotidiano de cualquier persona.

A esto se suma el sistema HERMES, que genera perfiles automatizados de riesgo fiscal, y la incorporación de inteligencia artificial directamente en la plataforma Renta Web, capaz de detectar —según la propia Agencia— “posibles errores o intentos de manipulación” mientras el contribuyente está cumplimentando su declaración. El ciudadano es analizado en tiempo real por un algoritmo mientras ejerce una obligación legal. Pensemos en lo que eso significa: el Estado no espera a que usted presente su declaración para revisarla; el Estado le observa mientras la elabora.

La Agencia Tributaria ha reconocido además que emplea, entre otras fuentes, la geolocalización de teléfonos móviles, la vigilancia de redes sociales, los movimientos de tarjetas de crédito y los datos de consumos domésticos para construir sus perfiles de riesgo —un espionaje masivo en toda regla—. La cuestión, naturalmente, no es si la lucha contra el fraude fiscal es legítima —lo es—, sino si los medios empleados resultan proporcionados y si existen garantías reales de que no se utilizarán con fines distintos a los declarados.

La libertad de expresión no es un principio que se active o desactive según la conveniencia partidista; es una garantía que protege a todos o no protege a nadie.

El segundo pilar de esta arquitectura es la plataforma HODIO — Huella del Odio y la Polarización —, presentada por el propio Sánchez el 11 de marzo de 2026 en el I Foro contra el Odio. El sistema emplea la tecnología FARO, desarrollada originalmente para La Liga, que combina inteligencia artificial con revisores humanos para rastrear, recopilar y clasificar mensajes en redes sociales que se consideren potencialmente constitutivos de discurso de odio.

Los números que maneja el Gobierno son reveladores de la ambición del proyecto: solo en 2025, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia identificó más de 845.000 contenidos supuestamente odiosos, más de 1.300 diarios en el último trimestre. El plan incluye la publicación semestral de un ranking de plataformas digitales según la cantidad de “odio” que alojen, y —esto es capital — la pretensión de crear un nuevo tipo delictivo: la “amplificación algorítmica” de contenidos ilegales, que haría penalmente responsables a los directivos de las plataformas.

El problema jurídico es de primer orden. El concepto de “discurso de odio” carece de una definición unívoca en el ordenamiento jurídico español. Lo que para el Gobierno puede ser odio, para un tribunal puede ser crítica política legítima, sátira o simple expresión de descontento. Cuando se delega en un algoritmo —por sofisticado que sea— la tarea de categorizar el discurso humano se está sustituyendo el juicio ponderado de un juez por la clasificación probabilística de una máquina. Expertos en libertad de expresión y muchos juristas ya hemos calificado la iniciativa como “un disparate” que podría censurar comentarios perfectamente legítimos y erosionar derechos fundamentales.

Si hay un territorio donde la convergencia entre tecnología y represión política tiene antecedentes documentados, ese es Catalunya. Desde que Sánchez asumió la presidencia del Gobierno en junio de 2018, el aparato del Estado no dejó de aplicar contra el movimiento independentista las herramientas más sofisticadas de vigilancia disponibles. El caso Pegasus, que afectó a cientos de figuras del independentismo catalán —incluidos presidentes de la Generalitat, diputados y abogados—, demostró que el Estado empleó software de grado militar para espiar comunicaciones privadas de ciudadanos cuyo único delito era defender una opción política.

La cuestión de fondo no es si la inteligencia artificial puede mejorar la gestión pública, sino quién define los parámetros, quién controla los algoritmos, quién establece qué es “odio” y qué es disidencia legítima, y qué garantías existen frente a los errores y los abusos

Los más de 3.000 represaliados que documentan las organizaciones independentistas —entre encausados, multados, heridos y exiliados— sufrimos una represión que combinó métodos judiciales tradicionales con técnicas de inteligencia digital: infiltración de agentes en organizaciones civiles, monitorización de redes sociales, análisis de patrones de comunicación, etc. Catalunya fue, en muchos sentidos, el banco de pruebas de lo que ahora se pretende generalizar al conjunto de la ciudadanía.

Resulta difícil no establecer una línea de continuidad entre aquella vigilancia selectiva y los instrumentos que hoy se presentan como herramientas de protección del bien común. La diferencia es de escala: lo que entonces se aplicó de forma quirúrgica contra un movimiento político concreto se despliega ahora de manera indiscriminada sobre el conjunto de la población.

Quizá el aspecto más revelador de este proceso sea la actitud de determinados medios de comunicación, blogueros y opinadores. Aquellos que durante los gobiernos de Rajoy denunciaban cualquier restricción a las libertades digitales, cualquier atisbo de control sobre la expresión en internet, cualquier ampliación de las facultades de vigilancia del Estado, aplauden ahora —o guardan un silencio cómplice— ante medidas objetivamente más invasivas. Medios que se escandalizaban por la Ley Mordaza, que dedicaban editoriales encendidos contra la censura, que invocaban los principios de la Ilustración para defender la libertad de expresión, descubren ahora las virtudes del control algorítmico del discurso cuando quien lo ejerce coincide con su afinidad ideológica, es decir, quien generosamente les subvenciona.

Esta inconsistencia no es inocua. Cuando los guardianes tradicionales de la libertad de expresión renuncian a su función fiscalizadora en función de quién ocupa el poder, el sistema de contrapesos democráticos se debilita de manera estructural. La libertad de expresión no es un principio que se active o desactive según la conveniencia partidista; es una garantía que protege a todos o no protege a nadie.

Las garantías institucionales deben ser proporcionalmente robustas. Hoy, en España, no lo son. No lo fueron en Catalunya cuando el Estado decidió espiar a representantes electos, ni ahora cuando pretende convertir a cada ciudadano en un sujeto permanentemente monitorizado

La cuestión de fondo no es si la inteligencia artificial puede mejorar la gestión pública —evidentemente puede hacerlo—, sino quién define los parámetros, quién controla los algoritmos, quién establece qué es “odio” y qué es disidencia legítima, y qué garantías existen frente a los errores y los abusos. En un Estado de derecho, estas decisiones corresponden al poder judicial, no al poder ejecutivo. Corresponden a jueces que se presumen independientes e imparciales aplicando normas precisas, no a algoritmos entrenados con criterios opacos y supervisados por organismos dependientes del Gobierno.

La propia Unión Europea ha desautorizado recientemente algunas de las medidas de control digital propuestas por España, recordando que los Estados miembros deben atenerse a la Ley Europea de Servicios Digitales. Es significativo que sea Bruselas —y no la oposición parlamentaria ni los medios nacionales— quien ponga límites a la tentación autoritaria del Ejecutivo español.

Escribía Montesquieu que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él. La inteligencia artificial no cambia esta verdad; la amplifica exponencialmente. Cuando el poder dispone de herramientas capaces de analizar en tiempo real las finanzas, las comunicaciones y las opiniones de millones de ciudadanos, las garantías institucionales deben ser proporcionalmente robustas. Y hoy, en España, no lo son. No lo fueron en Catalunya cuando el Estado decidió espiar a representantes electos, y no lo son ahora cuando ese mismo Estado pretende convertir a cada ciudadano en un sujeto permanentemente monitorizado.

La pregunta que debemos hacernos no es si confiamos en este Gobierno —de hecho, yo no lo hago—. La pregunta es si estamos dispuestos a entregar a cualquier Gobierno — presente o futuro — un aparato de vigilancia de esta magnitud. Porque los instrumentos de control sobreviven siempre a quienes los crean y estas medidas, una tras otra, me acercan a una penosa conclusión: el fascismo dejó de ser azul para pasar a ser rojo.