Controlar el BOE no significar disponer del control remoto de la Generalitat de Catalunya. En España se confunde la norma con la realidad. El papel, con la aplicación efectiva de una ley. No es algo nuevo, porque con la venerada Constitución de Cádiz de 1812 ocurrió algo parecido. Esa ley fundamental está considerada la primera propuesta española realmente liberal y tuvo los efectos que tuvo, que fueron casi nulos, por lo menos durante mucho tiempo por falta de voluntad y, por encima de todo, por falta de un sistema político que fuese democrático de verdad. Es así como debemos entender el contenido del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, publicado a la mañana siguiente de la declaración parlamentaria que instó al Govern a proclamar la República Catalana. El BOE publicó la normativa por la que se designan los órganos y las autoridades encargados de aplicar las medidas aprobadas por el Senado a propuesta del gobierno del PP. El decreto en cuestión es prolijo y demuestra que la burocracia estatal llevaba días trabajando en él.

Gobernar, pues, requiere de algo más que echar mano del BOE. Para empezar, se necesita tiempo y que la norma se pueda cumplir. Que Mariano Rajoy haya decidido disolver el Parlament y convocar elecciones para el 21-D dificulta la aplicación de lo estipulado en el BOE. La distancia es el olvido, se dice en un poema, y el gobierno español lleva mucho tiempo fuera de Cataluña y le va a costar hacerse una idea de cómo funciona la administración catalana. El ordeno y mando no les va a servir demasiado, si bien pueden paralizar la administración y perjudicar a los ciudadanos. Lo que ocurra estos días será culpa de los ocupantes ilegítimos de la autoridad en Catalunya y de nadie más. Quien pierda una subvención, quien se quede sin un servicio social básico, quien deje de cobrar una factura, etcétera, etcétera, ya sabe a quién pedir explicaciones. Además, la Generalitat está intervenida financieramente desde el 20 de septiembre.

Que Mariano Rajoy haya decidido disolver el Parlament y convocar elecciones para el 21-D dificulta la aplicación de lo estipulado en el BOE

Del mismo modo que es difícil gobernar a distancia y con solo la fuerza del papel, también es difícil sostener en pie una República sin contenidos, ni fondos, ni capacidad de coerción. Sin mando real. Lo acontecido en el Parlament de Catalunya el pasado 27 de octubre es uno de los mayores logros del independentismo catalán. Jamás en toda la historia contemporánea catalana se había llegado tan lejos. Los unionistas y sus adláteres creen que fue una locura, como es natural, y como vimos ayer en la manifestación, han convertido esta disputa política en una lucha identitaria. Todos los oradores, incluyendo al siempre intrigante Paco Frutos, que ya destruyó a los comunistas catalanes con su dogmatismo, recurren a la identidad para ahondar en la supuesta fractura social. Los soberanistas, en cambio, consideran que lo ocurrido el 27-O es un hito democrático sin precedentes, que no se sustenta en una reivindicación de tipo nacionalista. El estatismo catalán es hoy otra cosa. Pero la consecuencia de lo ocurrido en el Senado y en el Parc de la Ciutadella, casi a la misma hora, es que hoy la gobernanza en Catalunya no se sabe en manos de quién está.

El BOE no hundirá a la administración catalana, el silencio de sus dirigentes puede que sí

La administración catalana seguirá existiendo y los altos cargos seguirán en sus puestos e intentarán servir a los ciudadanos con el mayor empeño posible. Nadie se lo podrá impedir, pues nadie los ha cesado. Pero no pueden ser ellos quienes dirijan políticamente la Generalitat. Eso no les corresponde. Ahí se verá quién es quién. En los momentos de extrema gravedad, lo aparentemente sólido se convierte en puro guiñol, como pudimos comprobar durante las casi tres horas en las que parecía que el president Carles Puigdemont iba a convocar elecciones a cambio de que Madrid se olvidase del 155. Fueron tres horas bochornosas. De infarto y de insultos desproporcionados. Mucha gente se destapó durante ese breve lapso de tiempo y descubrimos hasta qué punto los políticos y los hooligans pueden ser unos verdaderos hijos de puta.

54 días de reinado y ocupación no bastan para liquidar un gobierno y mucho menos para despojarlo de autoridad. Les leyes autonómicas no han sido derogadas y la nueva República deberá regirse, por lo menos de momento, por ese cuerpo jurídico. No hay otro. En primer lugar, porque, que yo sepa, la República catalana todavía no ha sido proclama oficialmente. No se gobierna solo con el BOE, pero tampoco se puede gobernar sin el DOGC. No existe ningún documento oficial que sustente la República catalana. Eso es grave, porque está poniendo en peligro la credibilidad del proceso. La comparecencia del president Carles Puigdemont desde Girona y el artículo del vicepresident Oriol Junqueras de ayer no acaban de aclarar nada. Me quedo con la afirmación de Junqueras acerca de que en los próximos días se van a tener que tomar algunas decisiones dolorosas que puede que no se comprendan. No sé en lo que está pensando el vicepresident, pero estaría bien que lo compartiese rápidamente con todo el mundo. El BOE no hundirá a la administración catalana, el silencio de sus dirigentes puede que sí. 

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Agustí Colomines
Opinión Ha llegado la hora de tomar decisiones Agustí Colomines