Los rohingyas, la minoría musulmana de Birmania —país asiático cuyo nombre oficial es Myanmar—, han sido víctimas de un genocidio. Así lo ha concluido la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, que ha emitido este jueves su fallo diez años después de los hechos. El tribunal internacional ha condenado a Birmania por las operaciones militares llevadas a cabo entre 2016 y 2017 contra la minoría musulmana en el estado de Rajine, donde fueron asesinadas alrededor de 10.000 personas. La Haya dictamina que fueron asesinados violentamente en "operaciones de limpieza" y con "intención genocida" para "destruir a una parte" de esta población, según ha anunciado el juez Yuji Iwasawa.
La Corte Internacional de Justicia da por probados los asesinatos masivos, la violencia sexual, los ataques contra menores y las medidas destinadas a impedir los nacimientos en esta comunidad minoritaria para tratar de exterminarla. Al examinar el conjunto de las pruebas existentes, el tribunal de La Haya considera que "la única conclusión razonable" es esta intención genocida por parte de las autoridades de Birmania, para destruir total o parcialmente un grupo étnico, racial, nacional o religioso. Según la sentencia, en las operaciones militares de 2017 hubo asesinatos indiscriminados, se ejecutaron hombres, hubo "actos de extrema violencia contra menores" y se perpetró violencia sexual generalizada contra las mujeres.
El tribunal señala también que sus poblados fueron "destruidos sistemáticamente" y las zonas fueron repobladas con personas ajenas a esta minoría. Asimismo, se atacó a los rohinyás que trataban de huir hacia Bangladés. En suma, una ofensiva militar que causó "graves daños físicos y mentales" a un número elevado de personas de esta minoría étnica. De hecho, las acciones birmanas provocaron la huida de más de 700.000 rohinyás hacia otros países. Esta población estaba ya de antes sometida a discriminación y restricción de derechos, incluyendo una falta de reconocimiento de su ciudadanía.
La denuncia en La Haya la presentó Gambia en 2019, con el apoyo de una decena de países que posteriormente participaron en el procedimiento judicial. Las audiencias se celebraron el pasado enero y la delegación gambiana defendió que las pruebas demostraban la intención genocida de Birmania. Para ello, se presentó el testimonio de supervivientes, que declararon a puerta cerrada por seguridad. Las autoridades birmanas rechazaron la acusación y sostuvieron que las operaciones militares correspondían a una reacción a los ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán, al que consideran un grupo terrorista.
