El Gobierno italiano de Giorgia Meloni ha aprobado este martes un decreto que endurece las medidas de seguridad y amplía las actuaciones policiales contra los episodios de violencia en la calle, especialmente cuando hay menores implicados. La decisión llega después de los disturbios y saqueos registrados durante el fin de semana en Milán e incluye la retención preventiva de adolescentes, nuevas penas de prisión por participar en actos violentos y sanciones económicas a los padres de los menores involucrados. Paralelamente, el ejecutivo reforzará la presencia militar en la ciudad con 500 soldados adicionales, aunque no tendrán competencias para practicar detenciones.
Los incidentes se produjeron al margen de una manifestación pacífica contra el encarecimiento de la vida, cuando grupos de jóvenes con el rostro cubierto protagonizaron destrozos en establecimientos comerciales y saqueos en el centro de Milán. Más de 270 personas fueron identificadas y denunciadas, mayoritariamente menores de edad, y una treintena han sido imputadas por varios delitos. Los disturbios también se extendieron a otras ciudades italianas, como Turín y Bolonia, lo que ha llevado el Govern a impulsar nuevas restricciones para prevenir episodios similares.
Manifestare è un diritto, devastare le nostre città no. Ecco le misure che abbiamo approvato per contrastare la violenza e tutelare la sicurezza dei cittadini. https://t.co/kqk51X8YZa
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2026
Retención preventiva de menores y penas de hasta 12 años de prisión
Una de las principales novedades del decreto es la ampliación de la retención policial preventiva a los menores de edad. Esta medida permitirá retener personas interceptadas con objetos peligrosos que puedan ser utilizados como armas, antes de que participen en actos violentos. Su aplicación también se extenderá más allá de las manifestaciones, a espacios con una elevada afluencia de público. El gobierno modifica, además, el régimen de imputabilidad de los adolescentes a partir de los 14 años. Aunque esta ya era la edad mínima de responsabilidad penal en Italia, hasta ahora los jueces debían valorar individualmente si el menor era plenamente consciente de sus actos. El nuevo sistema elimina esta valoración previa como condición para imputarlo.
El decreto también introduce el delito de participación violenta en una manifestación, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros para quien actúe en grupos de cinco personas o más y lance objetos peligrosos. Además, promover la formación de grupos destinados a protagonizar manifestaciones violentas, también a través de las redes sociales, podrá comportar condenas de entre cuatro y doce años. Las medidas incluyen sanciones de entre 500 y 1.000 euros a los padres de menores implicados en actos violentos, que se duplicarán en caso de reincidencia, así como la obligación de responder económicamente por los daños causados. Meloni ha defendido el endurecimiento con un mensaje contundente: "Protestar es un derecho, incendiar nuestras ciudades no lo es".
Más soldados en las calles, pero sin poderes policiales
En paralelo, el gobierno desplegará 500 militares adicionales en Milán hasta el 31 de diciembre, dentro de la operación "Calles Seguras", que desde el 2008 mantiene unos 5.000 soldados destinados a tareas de vigilancia en puntos estratégicos de Italia. La propuesta inicial pretendía conceder a los nuevos efectivos competencias policiales para practicar detenciones, pero la intervención del presidente de la República, Sergio Mattarella, ha impedido esta ampliación de funciones. Finalmente, los militares se limitarán a reforzar la tarea de las fuerzas de seguridad, con la posibilidad de formar patrullas mixtas con policías y carabineros.
El incremento de la presencia militar coincide con las denuncias de los sindicatos policiales por la falta de efectivos. Según el sindicato CGIL, solo en Milán harían falta al menos 350 agentes más para cubrir las necesidades de seguridad. Mientras tanto, los partidos de la oposición han condenado los saqueos, pero han advertido del riesgo de criminalizar las protestas sociales pacíficas. El exprimer ministro Matteo Renzi ha cuestionado las prioridades del ejecutivo y ha asegurado que "cuanto más se hable de vándalos, menos hablaremos de los problemas reales de las familias". Las nuevas medidas llegan cuando el Govern de Meloni encara el último año de legislatura antes de las elecciones generales previstas para 2027.