El parlamento de Israel ha aprobado este lunes una reforma legal que permite aplicar la pena de muerte por ahorcamiento a los palestinos de Cisjordania que vincule con "asesinatos terroristas" y sean condenados, según ha informado la agencia Efe. La reforma ya ha levantado el rechazo de organizaciones humanitarias y de derechos humanos que han denunciado que la aplicación de la norma afectará, en la práctica, a los palestinos, pero no a los ciudadanos judío-israelíes. El texto ha salido adelante con 62 votos a favor y 48 en contra.
La nueva norma establece la obligación (excepto algunas excepciones que no se fijan) a los tribunales militares israelíes de imponer la pena de muerte a los palestinos residentes en la Cisjordania ocupada. En cambio, a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar como alternativa la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla. El texto cuenta con el apoyo del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ha asistido a la sesión y ha votado a favor de la iniciativa.
Netanyahu no ha hecho más que posicionarse al lado del resto de compañeros de su partido, el Likud, y de todos los partidos de su coalición menos el ultraortodoxo Yahadut HaTora (Judaísmo de la Torá). El ultraderechista Israel Beitenu (Nuestro Hogar Israel), en la oposición, ha votado a favor de la reforma. Con todo, los partidos de la oposición han votado en contra: Yesh Atid (Hay futuro), Kachol Lavan (Azul y Blanco) y los árabes Hadash y Taal (Movimiento Árabe por la Renovación).
El promotor, el ultra Itamar Ben-Gvir
La reforma ha sido promovida por el partido del ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben-Gvir. Una vez aprobado el texto, Ben-Gvir ha intentado descorchar una botella de cava dentro del hemiciclo, pero un ujier lo ha impedido. Pocos minutos después de la aprobación del texto se ha detectado un lanzamiento de misiles desde Irán hacia la región de Tel-Aviv. La norma ha salido adelante no sin antes recibir críticas, como las que ha expresado el diputado Matti Sarfatti, de Yesh Atid: "La ley es populista, inmoral, no igualitaria, claramente inconstitucional".
La ejecución de la pena de muerte deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días y deberá encargarse de ello el Servicio Penitenciario una vez haya sentencia. El método deberá ser la horca. Habrá regulaciones específicas sobre la detención separada del recluso, el acceso restringido a las autoridades y familiares y la supervisión de la ejecución. El debate sobre el texto que se ha realizado en el parlamento se ha prolongado más de diez horas y ha estado marcado por intervenciones emotivas y críticas.