La nueva ley del aborto de Texas prohíbe a la práctica abortar en cualquier caso. Refugiándose en subterfugios legales, la ley que hacía años que deseaban a los ultraconservadores texanos, limita el aborto a las seis semanas. Se trata del tiempo que una mujer acostumbra a tardar, como poco, en darse cuenta de que está embarazada. Es decir, que no ilegalizan el aborto, porque las leyes federales no lo permiten, pero hacen prácticamente imposible interrumpir el embarazo en cualquier caso.
Este juego a las leyes federales de los republicanos texanos se ha encontrado con el rechazo social y, ahora, con el bloqueo de un juez federal. El magistrado Robert Pitman ha aceptado la petición de Gobierno de Joe Biden, que, a través del Departamento de Justicia, había reclamado la suspensión temporal de la ley impulsada por los republicanos a la espera de que se determine su constitucionalidad, según informa Efe.
En la sentencia, el juez ha asegurado que la ley "ha creado un mecanismo agresivo y sin precedentes para privar a sus ciudadanos de un derecho constitucional significativo y bien consagrado". Pitman ha denunciado que la ley "ha impedido ilegalmente a las mujeres ejercer control sobre sus vidas" y que su tribunal "no permitirá que esta ofensiva privación siga ni un día más".
Persecución de justicieros ultraconservadores
Hay muchos aspectos de la ley del aborto en Texas que no parecen del siglo XXI, pero una de las más destacadas: la recompensa a los justicieros que denuncian a sus vecinos. Es decir, que la nueva normativa no solo permite, sino que premia, a los particulares que presenten demandas civiles contra cualquier persona que ayude en una embarazada a abortar. Si la demanda que presenta este particular la gana se ofrecen hasta 100.000 dólares de recompensa.
La persecución paranoica por parte de los civiles supone un acoso peligroso y sin tregua para las mujeres que quieren abortar y deja que a las instituciones texanas se laven las manos. Este sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación está en estos ciudadanos particulares, y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto.
Se trata de un truco barato pero muy efectivo, ya que si no fuera porque la ley la aplican los ciudadanos y no el gobierno sería tajantemente inconstitucional. Fue este vacío legal el que permitió que la ley entrara en vigor hace un mes con el beneplácito del Tribunal Supremo, aunque contradice expresamente la decisión judicial de 1973 que legalizó el aborto en todo Estados Unidos, conocida como "Roe versus Wade".
Imagen principal: Manifestación feminista en las calles de Tejas en respuesta a la restrictiva ley del aborto que ha aprobado el estado ultraconservador de los Estados Unidos / Europa Press