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Francia se ha despertado este domingo con las imágenes de un país golpeado por la violencia. Calles llenas de cristales rotos, vehículos calcinados, comercios saqueados, edificios institucionales asaltados y un ayuntamiento histórico prácticamente destruido por las llamas. La jornada de protestas del sábado contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos ha dejado un muerto, centenares de heridos y más de 1.800 detenidos, según las informaciones más recientes, además de un balance de destrozos todavía pendiente de cuantificar, pero que, según las primeras estimaciones, podría elevar la factura de los daños materiales a centenares de millones de euros. La magnitud de los incidentes ha provocado una fuerte conmoción política e institucional, mientras el gobierno de Emmanuel Macron afronta interrogantes sobre la capacidad del Estado para mantener el orden público. Después de estos episodios de violencia, y ante la gravedad de los hechos, el presidente se dirigirá a la nación en una declaración solemne este anochecer a las 20 horas, según ha anunciado el palacio del Elíseo, después de reunirse primero con el primer ministro Sébastien Lecornu y los ministros competentes. De momento, el presidente francés mantiene su viaje previsto para este lunes a Kuwait, Emiratos Árabes, Baréin y Catar.

Un manifestante muere por una parada y se investiga la pérdida de una mano

La víctima mortal es un manifestante que sufrió una parada cardiorrespiratoria en París, después de encontrarse mal en el bulevar de Magenta. Según la información difundida sobre el caso, otros manifestantes lo trasladaron hasta un centro de socorro, pero murió antes de poder recibir asistencia. No consta que la muerte fuera causada directamente por un enfrentamiento con la policía. Uno de los casos más graves de heridos es el de un adolescente de 17 años que perdió una mano en Saint-Étienne, presuntamente por la explosión de una granada policial. La Inspección General de la Policía Nacional francesa (IGPN) ha abierto una investigación para aclarar los hechos. 

Las protestas reunieron entre 550.000 personas, según el Ministerio del Interior que encabeza Laurent Nuñez, y 800.000, según los organizadores. La mayor parte de las manifestaciones transcurrieron pacíficamente, pero los incidentes se extendieron por numerosas ciudades. Los primeros datos oficiales del sábado hablaban de 1.200 detenidos y 150 policías y gendarmes heridos. Informaciones posteriores del ministerio del Interior elevan las detenciones a más de 1.800 —de las cuales, más de 800 solo en París— y sitúan por encima de 500 los efectivos policiales, gendarmes y bomberos heridos. Hay más de 1.500 comerciantes afectados y según un recuento de las televisiones TF1 y LCI, al menos 615 comercios han sido atacados o saqueados en todo el país.

La palabra que más se repite este domingo en la prensa francesa es caos. Le Monde habla de conmoción y estupor ante una explosión de violencia que compara con los episodios más graves de las protestas de los chalecos amarillos de diciembre de 2018. Le Figaro describe escenas de guerrilla urbana y una sucesión de saqueos, mientras que las portadas de la prensa regional exhiben las consecuencias materiales de una jornada que ha desbordado las previsiones policiales. La preocupación no se limita a los destrozos: también está la constatación de que el malestar social se ha extendido mucho más allá de los estudiantes que iniciaron las movilizaciones a finales de septiembre.

El Ayuntamiento de Limoges, símbolo de la destrucción

La escena más impactante se ha producido en Limoges, donde un incendio ha arrasado buena parte del histórico ayuntamiento del siglo XIX. Las imágenes virales son unas de las más dolorosas de estos graves disturbios que han sacudido Francia. Las llamas han devorado buena parte de un edificio monumental que, más allá de su valor arquitectónico y patrimonial, representa la historia y la memoria colectiva de la ciudad. Ver quemar la casa de todos los ciudadanos, el lugar donde se toman las decisiones que afectan la vida cotidiana y donde se celebran matrimonios y otros momentos importantes de generaciones de familias, ha provocado una profunda consternación. La magnitud de la tragedia queda reflejada en las imágenes del incendio: el tejado se ha derrumbado sobre las plantas inferiores y el fuego ha devastado buena parte del edificio, inaugurado en 1883 y declarado monumento histórico. Cientos de vecinos contemplaron impotentes cómo las llamas consumían uno de los símbolos de su ciudad. Entre las escenas más impactantes, una trabajadora municipal lloraba abrazada a una representante política mientras los bomberos luchaban por salvar lo que quedaba del ayuntamiento.

París, el epicentro político de las protestas, se ha despertado este domingo con el aspecto de una ciudad castigada por una batalla campal. La plaza de la República y el bulevar de Magenta, escenarios habituales de las grandes movilizaciones francesas, se convirtieron el sábado en un paisaje de cristales rotos, comercios saqueados, barricadas y vehículos incendiados. La violencia se extendió por los Grandes Bulevares y la zona de la Madeleine, hasta llegar a solo 300 metros del palacio del Elíseo, donde la policía tuvo que reforzar precipitadamente la seguridad. Los incidentes han dejado 855 arrestados en el área parisina y una ciudad que todavía intenta calcular la factura de los desperfectos. El alcalde, Emmanuel Grégoire, ha denunciado que "calles enteras han sido arrasadas metódicamente", mientras cerca de un millar de trabajadores municipales intentan borrar este domingo las huellas de una jornada que ha sacudido la capital francesa. 

La violencia también ha afectado a otras ciudades. En Lyon quemó la oficina de turismo de la plaza Bellecour; en Marsella, un grupo de encapuchados entró en el ayuntamiento y causó destrozos, incluida la caída de una estatua de Marianne, símbolo de la República. En Burdeos fue asaltada la residencia oficial de la prefecta, y los saqueos se extendieron también a Toulouse. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha advertido de que la factura económica de los daños será muy elevada en todo el país, sin facilitar todavía una estimación global.

Macron promete castigos y Lecornu señala a la extrema izquierda

El presidente Emmanuel Macron ha condenado los actos vandálicos y ha prometido que los responsables serán perseguidos judicialmente. "No hay lugar para la violencia en nuestra República. Quienes han destrozado, atacado prefecturas y comercios y saqueado incluso nuestros ayuntamientos serán perseguidos y castigados", ha advertido a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. Macron también ha acusado a los responsables de los disturbios de querer derrocar las instituciones e impedir que los ciudadanos expresen pacíficamente sus reivindicaciones.


Más contundente se ha mostrado el primer ministro, Sébastien Lecornu, que el sábado por la noche se desplazó a la prefectura de policía de París. Lecornu ha responsabilizado de los incidentes a una "ultraizquierda particularmente violenta" y ha invitado a las fuerzas políticas a escoger entre la República y quienes provocan destrozos. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha defendido el dispositivo policial ante las críticas por la falta de previsión. Según Nuñez, los agentes tuvieron que afrontar grupos numerosos, móviles y dispersos, muy difíciles de contener.

Le Pen acusa a la extrema izquierda

La reacción política ha ido mucho más allá del gobierno. Marine Le Pen, candidata presidencial de Agrupación Nacional, ha acusado a la extrema izquierda y a Jean-Luc Mélenchon de haber secuestrado las reivindicaciones sociales legítimas de los manifestantes y de querer precipitar a Francia al caos. "Las reivindicaciones sociales legítimas han vuelto a ser secuestradas por la extrema izquierda y por los discursos de los diputados de Jean-Luc Mélenchon que, legitimando la violencia, considerando el orden como una opresión y el desorden como un derecho, intentan precipitar el país en el caos". Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional (RN), ha insistido en contraponer a los manifestantes violentos con la Francia que trabaja. En la derecha tradicional, Bruno Retailleau ha exigido máxima contundencia y penas de prisión para los responsables, mientras que el ex primer ministro Édouard Philippe ha reclamado una respuesta firme de la República. Gabriel Attal ha calificado las escenas de violencia de intolerables. 

En el otro extremo político, Jean-Luc Mélenchon, de la Francia Insumisa, que participó en la manifestación parisina, ha criticado la estrategia policial y la atención mediática concentrada en las imágenes de violencia, que considera que eclipsa las reivindicaciones. La dirigente ecologista Marine Tondelier también ha reclamado revisar el modelo de mantenimiento del orden para proteger tanto a los manifestantes como a los agentes. Desde el socialismo, Raphaël Glucksmann ha lamentado que los miles de alborotadores hayan silenciado las demandas sociales, mientras que Olivier Faure ha condenado la violencia y defendido una estrategia policial que priorice la desescalada.  

La policía, bajo examen por una movilización que la desbordó

Otro de los grandes debates abiertos es cómo pudo quedar desbordado el dispositivo de seguridad. Le Monde dedica este domingo una investigación a las dificultades de las fuerzas del orden para controlar grupos que se desplazaban simultáneamente por diferentes puntos de las ciudades. El diario recoge el desconcierto de responsables policiales ante la proximidad de algunos de estos grupos al palacio del Elíseo. En Burdeos incluso fue necesario movilizar el RAID, una unidad de élite habitualmente destinada a intervenciones de alto riesgo.

La cuestión también afecta a la identificación de los responsables. Aunque el ejecutivo atribuye buena parte de la violencia a grupos organizados de extrema izquierda, los testimonios recogidos por Le Monde dibujan una realidad más heterogénea, con grupos militantes, jóvenes sin una adscripción política clara y personas que aprovechaban los disturbios para saquear establecimientos. Esto complica la identificación de una dirección única detrás de la violencia.

El malestar social, la gran cuestión que queda sin resolver

Más allá de los incidentes, Francia sigue teniendo un problema de fondo: el descontento por la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro de los servicios públicos y las perspectivas de futuro de los jóvenes. Las protestas comenzaron a finales de septiembre con movilizaciones de estudiantes que denunciaban la falta de profesores y las deficiencias de los centros educativos. Posteriormente, se añadieron sindicatos, trabajadores, pensionistas y sectores vinculados a los antiguos chalecos amarillos.

La dimensión de este malestar es precisamente lo que preocupa en una Francia que afronta las elecciones presidenciales dentro de seis meses, con Macron en la recta final del mandato. Algunos medios interpretan la jornada como un choque entre universos sociales muy diferentes, unidos inicialmente por las reivindicaciones, pero separados por los métodos de protesta. Mientras tanto, el gobierno intenta situar el debate en la defensa del orden republicano y la oposición discute tanto las causas de la revuelta como la respuesta policial. 

El día después de los disturbios, la pregunta que sobrevuela Francia ya no es únicamente quién pagará los destrozos o cuántas personas acabarán ante los tribunales. Es también cómo se puede evitar que el malestar social vuelva a desembocar en otra jornada de violencia. La calma ha vuelto a las calles, pero las fracturas que alimentaron las protestas siguen abiertas.