La Comisión Europea quiere ampliar las competencias de Frontex para que la agencia de fronteras pueda participar en la organización y la ejecución de deportaciones entre países de fuera de la Unión Europea. La medida forma parte de una reforma presentada este martes por Bruselas que pretende convertir a Frontex en una pieza central de la política migratoria comunitaria. Estas operaciones en territorio extracomunitario requerirían acuerdos con los países implicados que garantizaran el respeto de los derechos fundamentales y de las normas internacionales.
El ejecutivo europeo plantea que Frontex asuma un papel mucho más activo en las expulsiones de migrantes, más allá de las funciones que desarrolla actualmente. Con este fin, propone crear un Centro de Coordinación de Retornos que permita a la agencia intervenir en todas las fases del procedimiento, desde la identificación de las personas afectadas y el asesoramiento sobre el retorno voluntario hasta la ejecución de las deportaciones y la asistencia para la reintegración. La iniciativa llega pocas semanas después de la entrada en vigor de la nueva legislación europea que endurece y armoniza las políticas de retorno.
Frontex ampliará sus funciones más allá de las fronteras europeas
El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha defendido que el objetivo es que Frontex "se convierta en el actor central de la UE en materia de retornos". Para conseguirlo, Bruselas también propone incrementar progresivamente los efectivos de la agencia hasta llegar a los 30.000 agentes. La reforma prevé duplicar el personal permanente y constituir una reserva europea de hasta 17.000 efectivos que los estados miembros puedan movilizar cuando sea necesario.
Otra de las novedades es la creación de una fuerza de reacción rápida preparada para desplegarse en un plazo de 24 horas ante una emergencia migratoria. Este dispositivo podría intervenir tanto en las fronteras exteriores de la UE como en países terceros donde Frontex desarrolle operaciones. La movilización requeriría la petición del gobierno afectado y tendría una duración máxima de un mes. Si la crisis persistiera, habría que recurrir a los mecanismos de intervención ya existentes.
Vigilancia de las redes sociales para evitar otra crisis como la de Ceuta
La reforma también incorpora la creación de un Centro de Seguimiento y Respuesta en Línea, encargado de supervisar contenidos públicos de las redes sociales para detectar situaciones que puedan desencadenar emergencias fronterizas. Bruselas considera que esta herramienta permitiría identificar campañas de desinformación y actuar contra contenidos ilegales relacionados con riesgos para la seguridad. La propuesta está marcada por la experiencia de Ceuta, donde más de 70.000 personas entraron irregularmente desde Marruecos el pasado julio. Según fuentes comunitarias citadas por El País, antes de aquellos hechos circularon numerosos mensajes e informaciones engañosas. La Comisión defiende que disponer de más capacidad de supervisión en tiempo real ayudaría a anticipar reacciones, evitar travesías peligrosas e impedir que se pierdan vidas.
Bruselas también quiere obligar a los estados miembros a comunicar en un máximo de 24 horas cualquier incidente que pueda tener un impacto significativo sobre las fronteras europeas, mediante el sistema de vigilancia EUROSUR. Aunque fuentes comunitarias aseguran que la reforma no se ha impulsado a raíz de la crisis de Ceuta, reconocen que los episodios de este verano han influido en el debate sobre la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta de Frontex. La propuesta todavía deberá ser negociada entre el Parlament Europeu y los gobiernos de los estados miembros antes de poder entrar en vigor.