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El partido de Marine Le Pen ha tenido que buscar fuera de Francia los recursos necesarios para financiar su próxima campaña presidencial. La Agrupación Nacional (RN) ha conseguido un preacuerdo con dos entidades bancarias europeas para obtener un préstamo de 10,6 millones de euros, después de que ningún banco francés aceptara concederle el crédito que había solicitado. La dificultad para acceder a la financiación bancaria se repite desde hace años y vuelve a situar la formación de extrema derecha en el centro del debate sobre las condiciones económicas de la competición electoral.

El acuerdo, anunciado el 10 de noviembre por el tesorero de la formación, Kévin Pfeffer, todavía no es definitivo. Los dos bancos, establecidos en países europeos diferentes, no han trascendido, y el partido esperaba cerrar las negociaciones antes de final de mes. La cantidad solicitada cubre prácticamente el coste de la campaña que el Estado puede llegar a reembolsar a los candidatos que cumplan los requisitos legales.

La formación denuncia que las entidades francesas le cierran la puerta por motivos políticos. Jean-Philippe Tanguy, responsable del programa económico del RN, ha acusado al sistema bancario de "maltratar" al partido y ha vinculado las negativas a sus propuestas electorales, entre las que hay una reducción de las comisiones bancarias. La dirección de la formación presenta esta situación como un agravio democrático: considera que una fuerza con una representación parlamentaria importante y opciones de disputar la presidencia debería poder acceder a las mismas vías de financiación que el resto de candidaturas.

¿Un problema de ideología o de política?

Las entidades, sin embargo, argumentan que el problema no es necesariamente ideológico. Algunas han justificado las negativas alegando que ya no financian ningún partido ni campaña electoral. El riesgo reputacional también pesa en las decisiones: conceder un préstamo a la Agrupación Nacional podría provocar una reacción de una parte de la clientela, mientras que las exigencias de control y las garantías de recuperación del dinero obligan a los bancos a evaluar cada operación. Según la prensa francesa, la cuestión incluso ha llegado al gobierno, que ha mantenido conversaciones con el sector bancario para abordar la financiación de las candidaturas.

El problema no es nuevo. En las presidenciales de 2022, Le Pen recurrió a un préstamo de 10,6 millones de euros de una entidad húngara. Cinco años antes, el partido había buscado financiación en Rusia. Desde 2017, la legislación francesa limita los préstamos electorales concedidos por entidades extranjeras a los bancos y organismos de crédito con sede en el Espacio Económico Europeo, lo que restringe las alternativas disponibles.

El debate va más allá de las finanzas del partido. El sistema francés prevé que el Estado reembolse una parte de los gastos electorales a los candidatos que superen el 5% de los votos en la primera vuelta, siempre que las cuentas sean validadas. Esto convierte los préstamos bancarios en una pieza fundamental para adelantar el dinero antes de las elecciones. El presidente de la Federación Bancaria Francesa, Daniel Baal, ha defendido que garantizar la financiación de la vida política es una responsabilidad de los poderes públicos, no una obligación de las entidades privadas.

La polémica reabre así una cuestión incómoda para la democracia francesa: cómo garantizar que todas las candidaturas puedan competir en condiciones de financiación adecuadas sin obligar a los bancos a asumir riesgos que no quieren o no pueden asumir. Para la Agrupación Nacional, el preacuerdo europeo resuelve provisionalmente una dificultad que le acompaña desde hace varias elecciones. Pero el conflicto de fondo sigue abierto.