Andorra ha dado este lunes un paso importante en su acercamiento a la Unión Europea. El jefe de gobierno, Xavier Espot, ha firmado el texto definitivo del acuerdo de asociación después de una década de negociaciones. El pacto permitiría al Principado incorporarse al mercado único europeo sin convertirse en un Estado miembro de la UE, pero su entrada en vigor todavía está pendiente de varias ratificaciones y de un referéndum vinculante que podría acabar frenándolo.
El acuerdo ampliaría las relaciones actuales entre Andorra y la Unión Europea, basadas en convenios sectoriales, y facilitaría la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales. Las empresas podrían comercializar productos y prestar servicios en condiciones equiparables a las del mercado europeo, mientras que los ciudadanos andorranos tendrían más facilidades para residir, trabajar o jubilarse en los países comunitarios. También se abrirían nuevas posibilidades para la inversión.
Excepciones para el tabaco, la banca y las telecomunicaciones
La integración comportaría la adopción de normas europeas en ámbitos como el consumo, el medioambiente y la competencia, así como la sumisión a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, el texto prevé excepciones y periodos transitorios para adaptarse a las particularidades andorranas, especialmente en materia de fronteras, inmigración y fiscalidad. Uno de los casos más destacados es el tabaco, que quedará excluido de la libre circulación durante treinta años para preservar las diferencias de precios. El sector bancario, por su parte, dispondrá de quince años para adaptarse al nuevo marco.
Las excepciones también afectan a los servicios públicos. El mercado eléctrico continuará funcionando en régimen de monopolio estatal, mientras que las telecomunicaciones se tendrán que abrir a la competencia en un plazo de siete años. Esta liberalización también comportaría la desaparición de los cargos de itinerancia o roaming para los ciudadanos europeos, tal como ya pasa dentro de la Unión.
Un acuerdo que divide la sociedad andorrana
La firma llega en un contexto de división sobre las consecuencias del acuerdo. Según el último barómetro de Andorra Recerca+Innovació, un 45,7% de los andorranos lo considera negativo para el país, frente a un 31,7% que hace una valoración positiva. Además, el 65% de la población afirma estar poco o nada informada sobre su contenido. Demòcrates, el Partit Socialdemòcrata y las patronales defienden las oportunidades económicas y sociales del pacto, mientras que formaciones como Concòrdia y Andorra Endavant alertan de los posibles efectos sobre la soberanía, la vivienda y el control migratorio. La consellera general de Concòrdia Maria Àngels Aché resume la posición de su partido: "Compartimos la necesidad de impulsar una integración con el entorno europeo, pero no a cualquier precio". Los sindicatos, por su parte, reclaman garantías para los trabajadores.
Un referéndum sin fecha y presiones para acelerarlo
El siguiente paso será la ratificación institucional del acuerdo, que deberá pasar por el Parlamento Europeo y por el Consell General d'Andorra. El Govern también se ha comprometido a convocar un referéndum vinculante, aunque todavía no ha fijado la fecha y defiende esperar a que las instituciones validen el texto. Mientras tanto, partidarios y detractores exigen que la ciudadanía pueda pronunciarse cuanto antes. Este lunes por la tarde hay convocada una protesta para reclamar una votación inmediata y una campaña informativa neutral.
El debate también ha provocado advertencias desde Europa: el presidente francés y copríncipe de Andorra, Emmanuel Macron, ha calificado un eventual rechazo de "un error", mientras que el ministro de Exteriores de Luxemburgo ha alertado de que podría representar un "punto de no retorno" en las relaciones con la Unión Europea.