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Comprar una vivienda puede traer consigo gastos inesperados que van mucho más allá de la hipoteca, los impuestos o los honorarios de la notaría. Uno de los problemas más desconocidos aparece cuando el anterior propietario ha dejado deudas pendientes con la comunidad de vecinos. Aunque muchos compradores consideran que esas cantidades corresponden exclusivamente al vendedor, la legislación establece una responsabilidad que puede afectar directamente al nuevo dueño. El Tribunal Supremo ha aclarado cómo funciona esta obligación y qué cantidades pueden reclamarse después de una compraventa.

La cuestión quedó reflejada en la sentencia 827/2025, del 27 de mayo, en la que el Alto Tribunal examinó una reclamación de cuotas comunitarias pendientes. La comunidad exigía 23.711,22 euros a los nuevos propietarios de unos inmuebles adquiridos mediante una ejecución hipotecaria. El conflicto permitió analizar el alcance de la responsabilidad del comprador y la aplicación de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.

El comprador puede responder de hasta cuatro anualidades de deudas

El artículo 9.1.e de la Ley de Propiedad Horizontal establece que una vivienda queda vinculada al pago de las cuotas comunitarias pendientes correspondientes a la parte vencida del año de adquisición y los tres años naturales anteriores. Por tanto, aunque el vendedor siga siendo el deudor personal, el inmueble adquirido responde de determinadas cantidades impagadas.

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Esta distinción resulta fundamental. El comprador no se convierte automáticamente en responsable personal de todas las deudas anteriores, pero la comunidad puede actuar contra la vivienda por los importes legalmente garantizados. En Catalunya, además, existe una particularidad importante: el Código Civil catalán amplía este periodo al año en curso y los cuatro anteriores.

El certificado de deudas evita sorpresas al comprar vivienda

La sentencia del Supremo también abordó la aplicación temporal de la reforma de 2013, que amplió de uno a tres los años anteriores cubiertos por esta responsabilidad. El tribunal examinó cómo debía aplicarse ese cambio a las adquisiciones realizadas después de su entrada en vigor.

Para evitar problemas, la legislación exige que el vendedor aporte un certificado sobre el estado de las deudas comunitarias antes de formalizar la compraventa, salvo que el comprador lo exonere expresamente de hacerlo. Por eso, los especialistas recomiendan comprobar esta documentación antes de firmar. Comprar una vivienda sin verificar las cuotas pendientes puede terminar provocando reclamaciones económicas importantes, incluso cuando las deudas se generaron antes de convertirse en propietario.