La realidad del cese de actividad para los autónomos en España dista mucho de lo que promete la ley. Aunque sobre el papel se presenta como el “paro de los autónomos”, los datos oficiales confirman que es una de las prestaciones más difíciles de cobrar. De hecho, solo entre el 40% y el 45% de quienes la solicitan logran finalmente recibirla, dejando fuera a más de la mitad de los profesionales que la piden cuando atraviesan una situación económica crítica.
Y es que muchos autónomos cotizan durante años pensando que, llegado el momento, tendrán una red de seguridad similar a la de los trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, cuando el negocio no funciona y se solicita el cese de actividad, la respuesta suele ser negativa. Así lo denuncian tanto las cifras de la Seguridad Social como las principales organizaciones del sector.
Una prestación que más de la mitad no consigue cobrar
Según cifras oficiales, solo el 45,7% de las solicitudes de cese de actividad se resuelven de forma favorable. En la práctica, esto significa que 6 de cada 10 autónomos ven rechazada su petición. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) lleva tiempo alertando de esta situación y calificando la prestación como “excesivamente restrictiva”.
En el último año, alrededor de 20.000 autónomos solicitaron el cese de actividad. Menos de la mitad lo consiguió. Para muchos, el rechazo llega en el peor momento posible, cuando ya han cerrado el negocio o están al límite de sus recursos personales. La sensación generalizada entre los autónomos es de frustración. Cotizan mes a mes por esta cobertura, pero cuando la necesitan, descubren que acceder a ella es una carrera de obstáculos. Y no solo por la documentación, sino por la interpretación que hacen las mutuas colaboradoras.
Por qué se rechazan tantas solicitudes de cese de actividad
Las causas del elevado número de denegaciones estan en que los requisitos para demostrar pérdidas son muy estrictos. No basta con ingresar menos, hay que acreditar una caída concreta de ingresos o pérdidas continuadas según criterios contables muy específicos. A esto se suma la exigencia de estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social. Además, las mutuas suelen aplicar una interpretación restrictiva de la norma, lo que deja poco margen al autónomo.
Así pues, el cese de actividad sigue siendo una prestación que existe en la ley, pero que en la práctica solo alcanza a una minoría. Y es que, hoy por hoy, ser autónomo en España significa asumir el riesgo casi en solitario, incluso cuando se ha cotizado precisamente para evitarlo.