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Una mujer ha conseguido ganar una batalla judicial contra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) después de que el organismo le exigiera devolver 1.133,33 euros por viajar al extranjero sin comunicar previamente su salida. La administración consideraba que había incumplido sus obligaciones como beneficiaria de una prestación por desempleo y decidió extinguirla. Sin embargo, la Justicia ha terminado dando la razón a la trabajadora por una circunstancia fundamental: cuando comenzó su viaje, todavía no sabía que le habían concedido la prestación.

El caso ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que mediante su sentencia 577/2026, del 12 de junio, ha confirmado la resolución favorable a la demandante. El conflicto comenzó en julio de 2023, cuando la mujer solicitó una prestación por desempleo y, antes de recibir la notificación de su aprobación, decidió salir de España. Precisamente esa diferencia entre la fecha de reconocimiento y el momento en que tuvo conocimiento de la resolución resultó determinante.

El SEPE le reclama 1.133 euros por viajar sin avisar

La trabajadora presentó su solicitud el 3 de julio de 2023 y el SEPE reconoció la prestación mediante una resolución del día 26. Sin embargo, la comunicación oficial no llegó a su domicilio hasta el 9 de agosto, mientras que el primer ingreso se produjo al día siguiente.

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Para entonces, la mujer ya se encontraba fuera de España. Había iniciado su viaje el 28 de julio y permaneció en el extranjero hasta el 14 de agosto. Posteriormente, el 25 de septiembre, comunicó ese desplazamiento al SEPE. El organismo consideró que había incumplido la obligación de informar previamente y, en octubre, declaró extinguida la prestación y exigió la devolución de 1.133,33 euros.

El Tribunal Superior de Justicia rechaza la reclamación

La afectada acudió a los tribunales y el Juzgado de lo Social número 38 de Madrid le dio la razón en mayo de 2025. El SEPE recurrió, pero el TSJ de Madrid confirmó la decisión al considerar acreditado que la mujer desconocía su condición de beneficiaria cuando abandonó España.

Los magistrados concluyeron que no podía exigírsele el cumplimiento de una obligación que desconocía en aquellas circunstancias. Por tanto, dejaron sin efecto la extinción de la prestación y la reclamación económica. No obstante, esta sentencia no elimina la obligación general de comunicar los viajes al extranjero. Actualmente, quienes cobran el paro deben informar previamente al SEPE incluso de las estancias de hasta 30 días naturales al año, que pueden realizarse sin suspensión si se cumplen los requisitos.