Muchos vecinos creen que las comunidades de propietarios pueden imponer multas económicas cuando alguien utiliza la piscina fuera del horario permitido o genera molestias en zonas comunes. Sin embargo, la realidad es que la Ley de Propiedad Horizontal establece límites muy claros ya que las comunidades no tienen capacidad para sancionar con dinero a los propietarios, salvo en casos muy graves y siempre con el aval de un juez. Esto genera confusión, pero también protege a los vecinos frente a penalizaciones económicas que poco o nada tengan que ver con la ley imperante.
Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre las sanciones
La LPH no reconoce a las comunidades la facultad de imponer multas por incumplimientos de normas internas. En concreto, no pueden cobrar penalizaciones por usar zonas comunes fuera del horario, añadir recargos en los recibos de comunidad ni imponer sanciones económicas por ruidos, invitados o cualquier otro incumplimiento de convivencia. Solo en casos muy graves, como daños a la propiedad o actos ilegales, se permite que la sanción económica sea aplicada mediante resolución judicial. Por tanto, casos como el simple uso indebido de la piscina no constituye motivo legal para una multa.
Aun así, esto no significa que las comunidades estén desprotegidas. De hecho, aunque no puedan imponer sanciones económicas, sí que cuentan con mecanismos legales para preservar la convivencia y el respeto a las normas internas. La advertencia formal y la documentación de los incumplimientos son pasos clave que permiten actuar de manera legal y organizada para acabar con conductas desagradables.
Qué puede hacer la comunidad frente a los incumplimientos
Entre las acciones permitidas están enviar cartas o burofaxes de advertencia, aprobar normas internas claras sobre horarios, uso de piscinas, ruidos o invitados, y restringir temporalmente el acceso a servicios comunes, siempre que esté aprobado en junta y justificado por la reiteración del comportamiento inadecuado. Si un propietario mantiene conductas graves o repetidas que afectan a la convivencia, la comunidad puede acudir a los tribunales para que sea un juez el que decida si se impone una sanción.
De este modo, aunque la multa económica no sea posible, existen herramientas para garantizar el respeto de las normas y proteger a los vecinos. La clave está en actuar siempre de manera formal y documentada, evitando arbitrariedades que puedan derivar en conflictos legales que le salgan más caros a la comunidad que al vecino. Así pues, la Ley de Propiedad Horizontal limita severamente las sanciones económicas directas, pero ofrece vías legales claras para resolver conflictos de convivencia. Con una buena gestión, normas claras y comunicación formal, las comunidades pueden mantener la armonía sin recurrir a multas que la ley no permite.