Una de las ventajas que tiene el paso de los días es que ayuda a ver con mayor perspectiva el porqué de determinadas decisiones. Y la convocatoria de elecciones españolas para el 29 de noviembre, anunciada por el presidente del Gobierno este lunes a las 9 de la mañana detrás de un atril frente a la entrada del Palacio de la Moncloa, ha tenido la apariencia de ser todo menos fruto de una decisión de las últimas horas. Si ahora se rebobina todo lo acontecido desde que explotó el caso Maricarmen se ve a la perfección que, mientras los demás mirábamos el transcurrir de los días, él jugaba la partida con la mayoría de las cartas marcadas. El desahucio de la anciana de 87 años del piso de alquiler que había ocupado durante más de 70 años, en el barrio del Retiro de Madrid y por el que pagaba mensualmente algo menos de 500 euros, se llevó a cabo el 23 de septiembre. Seis días después, el Consejo de Ministros aprobaba dos decretos que ya sabía que no tendrían el aval del Congreso, y este lunes se convocaban elecciones. Doce días entre el desahucio y la convocatoria electoral para una situación lamentablemente muy común en un Estado en el que desde mediados de 2018 —cuando accedió Sánchez a la presidencia del Gobierno— hasta la actualidad, se han ejecutado más de 272.000 desahucios y que arroja una media de 90 desalojos diarios.
Sánchez ha tenido siempre la partida en su terreno estos últimos doce días. Sabía que Junts no le aprobaría los decretos —porque se alejaban mucho de sus propuestas iniciales en el tema de la okupación, que no resolvía, y en impedir la compra por parte de los denominados fondos buitre— y ya le iba bien. Los de Puigdemont también habían valorado, como todos los partidos, la opción electoral y no los amedrentaba. Cree la cúpula de Junts que la bandera del centro o del centroderecha catalanista en unas elecciones a las que no concurre Aliança Catalana y que tendrá al president en el exilio ya de retorno en Catalunya no es un mal escenario. Además, incorporan en su análisis una variable más: la utilidad en el Congreso de sus siete parlamentarios. Fueron imprescindibles en la investidura de Pedro Sánchez en 2023, pidieron elecciones hace ya muchos meses sin ningún éxito al constatar los incumplimientos y ahora, con la estrategia de la Moncloa, han sido decisivos en la caída del gobierno actual.
Sánchez ha tomado la mejor decisión y la que va a permitir tomar el pulso a la ciudadanía. También acabar con la agonía de una legislatura que ha sido frustrante e inoperativa como ninguna de las vividas en las últimas décadas
En cualquier caso, Sánchez ha tomado —por interés, lógicamente— la mejor decisión y la que va a permitir tomar el pulso a la ciudadanía. También acabar con la agonía de una legislatura que ha sido frustrante e inoperativa como ninguna de las vividas en las últimas décadas. El ejemplo de la no presentación a las Cortes durante estos tres años de los presupuestos generales del Estado es una situación tan inédita que nunca más debería volverse a repetir. En el caso de Catalunya, el Gobierno Sánchez lo deja todo a medio hacer: hay numerosas promesas con grandes titulares, pero ningún resultado tangible. Desde la condonación de 17.104 millones de euros de la deuda de Catalunya con el FLA, que se aprobó a mediados de mayo de 2025, a la financiación autonómica que fue aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera a principios del pasado septiembre y que el Gobierno ni tan siquiera había enviado al Congreso. No son buenas noticias para las arcas de la Generalitat y el enfado de Esquerra, que las había negociado, no es ni mucho menos menor.
Los partidos a la izquierda del PSOE, sobre los que Sánchez lanza una opa para quedarse buena parte de su electorado y, aunque no alcance la mayoría para volver a gobernar, disputarle al PP la primera posición o quedar muy cerca de Feijóo, tendrán que correr si no quieren quedar literalmente arrasados. Sumar y Podemos tendrán que encontrar algún tipo de alianza electoral, aunque hoy parezca muy difícil, si quieren sacar la cabeza con un grupo significativo de dos dígitos. El papel de Colau en Catalunya, si acaba presentándose como cabeza de lista de los Comuns, complica la vida a Esquerra, y más con un candidato como Rufián, pero también puede morder por el lado izquierdo del PSC con la bandera estrella de la vivienda. Poco importa que durante su paso por la alcaldía de Barcelona su balance sea muy pobre. Una campaña electoral difumina los fracasos, y a Colau no le falta arrojo para tratar de transformar su inacción durante los ocho años que gobernó Barcelona —en los que se produjeron unos 17.000 desahucios— en un activo político.