Cuando falta poco más de una semana para la apertura de la nueva legislatura del Parlamento Europeo en Estrasburgo, prevista para el martes día 2, todas las miradas están puestas en si el preso político y los exiliados que tienen acta de eurodiputado, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, y Toni Comín podrán acceder a su condición plena de parlamentarios en la Eurocámara y con ello lograr su inmunidad. Puigdemont y Comín, exiliados en Bruselas, plantearán directamente la cuestión a la Corte Europea con sede en Luxemburgo, instancia a la que tendrá que acabar yendo también Junqueras una vez que el juez Marchena le haya prohibido salir de la prisión de Soto del Real para prometer o jurar la Constitución.

Vale la pena escuchar detenidamente las declaraciones que ha efectuado el catedrático Javier Pérez Royo al programa FAQS de TV3 en las que ha asegurado que el tribunal del juez Marchena ha cometido un acto de prevaricación no permitiendo a Junqueras acudir ante la Junta Electoral Central y, por tanto, es un delito contra los derechos fundamentales. La actitud de Marchena acaba teniendo, en la práctica, un doble sentido: perjudica claramente a Junqueras pero también refuerza la idea de que ni Puigdemont ni Comín pueden regresar a España a recoger su acta de eurodiputado porque la actitud del Supremo de violación de derechos fundamentales no respeta su situación.

Por ello, la batalla que se librará esta semana en Luxemburgo y en Estrasburgo acabará siendo decisiva. Hay un resquicio real de que Puigdemont y Comín logren sus objetivos y, si es así, cambiará de golpe su situación, la de los exiliados y quien sabe, si como sostiene Pérez Royo, la de los presos. La simple hipótesis de que el tribunal dictara unas medidas cautelares que les permitiera acceder a la condición de eurodiputados a la espera de un resultado definitivo tendría un gran valor político.

No es extraño, por tanto, que el Estado español haya puesto en marcha toda su diplomacia y sus resortes institucionales para que esta situación no se llegue a producir. De hecho, en Madrid se aspira a que la demanda de Puigdemont y Comín no sea ni admitida a trámite al tratarse, dicen, de unos particulares. David vuelve a enfrentarse a Goliat, pero no es la primera vez que el gigante cae en la arena del proceso catalán cuando la decisión ha sido tomada en países europeos y no en la capital de España.