El flamante ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha sustituido como mano derecha de Pedro Sánchez al otrora todopoderoso Iván Redondo, ha anunciado este martes que el Gobierno no contempla modificar el Código Penal para reformar los delitos de rebelión y sedición. El compromiso del anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de llevarla a las Cortes para que estuviera aprobada antes de final del 2020 ya saltó hecho añicos el año pasado, con la excusa del Ejecutivo español de que los indultos a los presos políticos tenían que pasar por delante. Los indultos parciales llegaron a finales del pasado mes de junio, coincidiendo con la verbena de Sant Joan, y con ellos el cambio de chip del incumplidor Sánchez. Nada nuevo tratándose del presidente del Gobierno, todo un campeón de prometer una cosa y no llegar a consumar nunca su compromiso.

Primero cambió el discurso: el Gobierno levantó un muro poniendo en valor los indultos y señalando que ya había hecho todo lo que tenía que hacer, que a partir de ahora hablarían de política autonómica. En segundo lugar, cambio el Consejo de Ministros: el ministro Campo, quemado por diferentes conflictos y empitonado por la derecha por ser el firmante de los indultos, dejó su sitio a la madrileña Pilar Llop, que venía de ocupar el cargo de presidenta del Senado. Finalmente, en tercer lugar, cambió el relato y el peso en el Ejecutivo de Podemos y los comunes, los grandes defensores de la modificación del Código Penal: ahora quieren los voceros de La Moncloa que se hable cada día de la ampliación del aeropuerto del Prat y de los Juegos Olímpicos de invierno, las dos piezas con las que Sánchez cree que cambiará la agenda independentista y que harán que Catalunya vuelva en un plazo razonable al redil autonomista.

El Govern, que defiende con matices ambos proyectos —aparentemente, más Junts que Esquerra Republicana—, deberá saber salir de la tupida red que le ha preparado Sánchez, si no quiere dar la impresión que realmente hay un trueque en el que lo que sí que sale perjudicado es el objetivo de la independencia de Catalunya. Algo que debería estar en el frontispicio de la acción política de los partidos que ganaron las elecciones el pasado 14 de febrero con este mensaje.

Pero volvamos al Código Penal. No he sido nunca un defensor acérrimo de la reforma del delito de sedición tal como estaba planteada por los comunes ya que, a la vista de otros códigos penales europeos, ha habido muchos países que sencillamente o no lo tienen o lo han eliminado. Otros, lo que han hecho ha sido rebajar las penas hasta un máximo de cinco años. Es obvio que el Código Civil español está obsoleto y desfasado y, en consecuencia, la única reforma posible sería su eliminación absoluta, algo que el PSOE ni se plantea. Primero, porque no cree y también porque no tiene fuerza alguna, ya que el deep state lo impediría con la excusa de no tener una pena con la que poder castigar contundentemente una posible repetición de los hechos de octubre de 2017 en Catalunya.

Pero en política, como en tantas cosas de la vida, es bueno recordar siempre con quien uno se juega los cuartos. Y que Sánchez incumpla una y otra vez sus compromisos debería servir, al menos, para no caer en su trampa. También para que no sea utilizado como excusa ya que el final, con él, está escrito de antemano.