El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sentenciado este martes que quemar fotos de los Reyes es un acto de libertad de expresión. Igualmente, ha condenado a España a indemnizar a los dos jóvenes de Girona a los que la Audiencia Nacional les había impuesto 15 meses de prisión, una pena que fue sustituida en su día por una multa de 2.700 euros. El TEDH concluye en su resolución, que ha sido aprobada por unanimidad de los magistrados, que el Estado español tiene comportamientos autoritarios. Es evidente que estamos ante un nuevo revolcón de los tribunales europeos a sentencias emitidas anteriormente por la justicia española y resueltas en su día, seguramente, con la fórmula de que "hoy se sentencia en España y Europa ya resolverá en su momento". ¿Cuándo? En el momento en que el caso no sea de rigurosa actualidad y el daño causado, en buena medida, sea irreparable.

En este suceso, estamos hablando de unos hechos que tuvieron lugar en septiembre del 2007, con hasta tres pronunciamientos de instancias judiciales españolas, todas contrarias a los dos jóvenes, incluidas la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional. Y que Europa resuelve ahora sin matiz alguno que el TC había limitado ilegítimamente la libertad de expresión de los dos jóvenes y la capacidad de criticar políticamente al jefe del Estado con el objetivo principal de protegerle.

En los últimos años, el TEDH ha emitido varios pronunciamientos contra el Estado español, alguno de ellos de tanta envergadura como el relativo al expresidente del Parlamento Vasco Juan Maria Atutxa y dos miembros de la Mesa por negarse a disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak por su presunta vinculación a Batasuna. Pese a la absolución del Tribunal de Justicia del País Vasco, el Supremo acabó condenando en 2003 a los tres miembros de la Mesa. El pasado mes de junio, el tribunal europeo tumbó el fallo del Supremo. Fue uno de los cinco reveses de la justicia española ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 2017, una cifra significativa pero inferior a los 12 del 2016. Del 2017 también es la sentencia en contra de España por llevar a cabo devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla por violar convenios europeos de derechos humanos.

¿Qué importancia tiene todo esto? En el terreno de la inmediatez política, seguramente ninguno. La vida política es el momento presente y si los tribunales españoles son lentos de por sí la sentencia revocatoria de un tribunal europeo tarda muchos años. De ello se aprovecha el gobierno español y la justicia española provocando situaciones absolutamente injustas y anómalas como la de los presos políticos catalanes, la inviabilidad de las candidaturas de Carles Puigdemont y Jordi Sànchez para ser investidos como presidentes de la Generalitat por el Parlament, la negativa a que Sànchez pueda salir de la prisión para su investidura, o la anómala situación que supone que el Supremo retenga políticos en prisión y se resista a presentar euroórdenes por miedo a ser tumbadas por la justicia de otros países.

Por todo ello, la sentencia del TEDH es un rayo de esperanza en medio de obstáculos propios y ajenos que nadie sabe muy bien cómo apartar.