Hoy quería hablarles de la felicidad y la tranquilidad con la que se está viviendo en el PSOE su primera victoria electoral después de unas cuantas derrotas y de cómo se está desangrando el Partido Popular ante una hemorragia que no tiene pinta que vaya a detenerse en las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. También del nuevo concepto con el que trabajan los estrategas monclovitas para hacer más transitables los cuatro años que piensan permanecer en la Moncloa: la mayoría de investidura. Ni tan solo una mayoría de gobierno. La correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados elimina cualquier riesgo de que Pedro Sánchez pueda ser expulsado como Mariano Rajoy con una moción de censura y por ello la primera apuesta del PSOE es armar una mayoría que le invista presidente y después ya se verá. También quería entrar con un cierto detalle en la histórica victoria de Esquerra en Catalunya, que bien se puede proclamar que ha sustituido a la extinta Convergència de una manera prácticamente absoluta en todos y cada uno de los municipios, comarcas y provincias. Los catalanes han votado orden y solidez y Oriol Junqueras y su formación política han salido claramente ganadores en esta ecuación.

Pero el abuso y la alcaldada practicados por la Junta Electoral Central, excluyendo a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí de la candidatura de la coalición electoral Lliures per  Europa (Junts) en los comicios al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo, ha desplazado el foco informativo postelectoral. Es una decisión a todas luces insólita, que carece de precedentes y de fundamento jurídico alguno. Ya debería llamar la atención que una decisión de la JEC, que normalmente suelen ser aprobadas por unanimidad, tenga el voto particular en contra del presidente, el vicepresidente y dos vocales. Hay que decirlo alto y claro: no hay una decisión jurídica detrás del acuerdo de la JEC sino la inquina contra unos candidatos y para ello no se repara ni en las leyes ni en el ordenamiento constitucional.

Es muy probable que al Estado después de ver el resultado del independentismo en las elecciones españolas le tiemblen las piernas ante la doble candidatura de Puigdemont y de Junqueras a Europa. Un Junqueras eufórico después del brillante balance del domingo y un Puigdemont con ganas de ser parlamentario en Bruselas y ser un activo del independentismo en la Eurocámara internacionalizando el procés. Pero eliminar candidatos vulnerando la legislación es algo muy grave. ¿Por qué se les permitió entonces ser diputados en las elecciones del 21-D si ya se habían exiliado? ¿Por qué se ha permitido al conseller de Cultura en el exilio, Lluís Puig, ser candidato al Senado el pasado domingo? ¿Por qué Ponsatí no puede ser candidata a Europa y sí, en cambio, cerrar la lista de Graupera al ayuntamiento de Barcelona? No hay ninguna explicación posible más allá de aceptar que primero se toma la decisión y después se construye el argumento jurídico.

Veremos, a partir de ahora, una insólita batalla en el Supremo y en el TC sobre los recursos que Puigdemont, Comín y Ponsatí presentarán y que creen que ganarán. Los dos deberán verse en un plazo de entre siete y diez días. También en Luxemburgo, con el riesgo de que en función de cuál fuera la decisión y si los comicios europeos ya se hubieran celebrado tuvieran hipotéticamente que repetirse, algo que suena a descabellado. No todo vale para acabar con Puigdemont.

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