La reincorporación del ex diputado del Partido Popular Pedro Gómez de la Serna a un despacho oficial en el Ministerio del Interior pese a estar imputado por un supuesto cobro de comisiones ilegales, en un caso que sigue la Audiencia Nacional, es cuando menos chocante. Allí en un despacho de la calle Amador de los Ríos de Madrid elaborará informes jurídicos en su condición de letrado del cuerpo de administradores civiles del Estado. El Ministerio ha aclarado, una vez se ha conocido públicamente la noticia, que no había sido facilitada anteriormente por el Gobierno, que no despachará con el ministro Juan Ignacio Zoido y que tampoco le verá.

También vuelve a su plaza en el Consejo de Estado el ex ministro de Defensa Federico Trillo, que hace unas semanas fue forzado a dimitir de su cargo como embajador en Londres. La dimisión de Trillo no fue gratuita: se produjo después de que se hiciera público un informe del Consejo de Estado en el que se condenaba al Ministerio de Defensa en la época que él era su responsable por el accidente del Yak 42. El retorno de Trillo se producirá por la puerta grande como letrado mayor del organismo y con el añadido que esta alta responsabilidad jurídica la ejercerá en el organismo que forzó su dimisión como embajador.

El anuncio de las dos reincorporaciones de Gómez de la Serna y de Trillo es de este miércoles. Un poco más lejos queda el reingreso a la judicatura del ex director de la Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso, cesado en su cargo por el Parlament de Catalunya después de que se hiciera pública la grabación de unas conversaciones con el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz en las que se les escuchaba buscando pruebas contra políticos independentistas. Suya es la frase siguiente en estas grabaciones con Fernández Díaz: "Les hemos destrozado el sistema sanitario". Pese a la gravedad, las denuncias fueron archivadas. De Alfonso recuperó en agosto su plaza en la Audiencia de Barcelona y en octubre pidió el traslado al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Cantabria.

Eso sí, todo ajustado a derecho y sin debate político alguno. Y eso que solo gobierna el PP, y PSOE y Ciudadanos solo votaron la investidura de Mariano Rajoy.