Cuando pase el tiempo y los sindicatos puedan cobrar perspectiva de la huelga general de este miércoles 11 de noviembre, es muy probable que concluyan que ha sido, en muchos aspectos, una oportunidad perdida. Porque las dos razones por las que convocaban son reales: hay un problema de vivienda enorme y también hay un problema de salarios. Uno y otro, además, están enormemente entrelazados: el alquiler se come una parte cada vez mayor de la nómina. Pero la huelga general tenía, en el fondo, un problema de base que era tan real como demasiado invisible: cuando se convocó, estaba inmersa dentro de una estrategia más global hurdida por la Moncloa para intentar dar la vuelta a las encuestas electorales del 29 de noviembre, que vaticinan un giro abrupto hacia la derecha con una mayoría absoluta de PP y Vox. De hecho, la última huelga general de 24 horas en toda España convocada conjuntamente por CC. OO. y UGT antes del 11N fue la del 14 de noviembre de 2012, contra los recortes y las políticas de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy. Habían pasado casi catorce años.
Veamos la secuencia: el viernes 2 de octubre decayeron los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados, el lunes 5 por la mañana Sánchez anunció las elecciones españolas para el 29 de noviembre y esa misma tarde CC. OO. y UGT anunciaron la huelga general. Los sindicatos confirmaron el miércoles 11N como fecha del paro el pasado 7 de octubre. Pero todo este esquema se torció tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ocurrido el miércoles 28 de octubre de 2026 a las 8.53 h, cuando un AVE de Renfe chocó por alcance contra un tren de Iryo que estaba detenido en la línea Madrid–Sevilla, con un balance de 69 muertos. Aquel día, el frame cambió: no es que la vivienda y los salarios dejaran de ser un drama, que sin duda lo siguen siendo, sino que la tragedia ferroviaria desplazó el debate y el foco informativo pasó a estar en el deterioro de las infraestructuras y la pésima gestión realizada durante los ocho años de gobierno socialista y que se acabó llevando por delante al ministro de Transportes, el siempre polémico Óscar Puente.
Cuando pase el tiempo y los sindicatos puedan cobrar perspectiva de la huelga general de este miércoles 11 de noviembre, es muy probable que concluyan que ha sido, en muchos aspectos, una oportunidad perdida
A partir de ese momento, el gobierno podía estar detrás de la pancarta sin que se le viera, pero nada más. Y, pese al enorme esfuerzo de los convocantes, las posibilidades de éxito absoluto de la huelga general quedaron muy handicapadas. Veamos varios datos, algunos absolutamente desiguales y que cada uno puede interpretar como quiera: los datos recogidos por las patronales Foment y Pimec sitúan la adhesión entre el 6,7% y el 8% en Catalunya; por su parte, los sindicatos han asegurado que el 84% de los trabajadores han secundado la huelga, excluyendo al personal afectado por los servicios mínimos. El Govern cifró el seguimiento en el 12,6% en la Administración de la Generalitat y el Ayuntamiento dio un 17,9% de seguimiento entre su plantilla. El seguimiento de la huelga entre el alumnado universitario de Catalunya superó el 80%, según datos oficiales. En cambio, la participación entre los trabajadores de las universidades es considerablemente inferior: el 1,44% del personal docente e investigador (PDI) ha secundado el paro. En la sanidad pública, se acogió a la huelga el 6,9% del personal. En el comercio catalán, el 15,5% de los trabajadores secundó la huelga y el 29,8% de las empresas comerciales redujo o paró su actividad. Sí hubo paros importantes del 100% en el turno de noche en SEAT Martorell, Ebro, Àrea de Guissona, Grupo Jorge, Grifols en Parets, Ficosa en Viladecavalls, Nestlé en Girona y Repsol en La Pobla de Mafumet, por citar algunos.
La huelga se hizo visible en los grandes ejes comerciales del centro de Barcelona, pero, en muchos otros puntos, las tiendas siguieron abiertas. Las ciudades del país tuvieron una actividad comercial con oscilaciones, pero Catalunya no se paró. Respecto a la manifestación de Barcelona, la Guardia Urbana cifró en unas 55.000 personas la manifestación de esta tarde en el paseo de Gràcia, un número importante, pero si lo comparamos con la huelga general de 2012, queda bastante por debajo de los números que ofreció la misma Guardia Urbana en 2012, cuando reportó 110.000 asistentes, justo el doble. Eso por no hablar de la huelga general convocada el 3 de octubre de 2017, tras la actuación policial en el referéndum de independencia, cuando se dieron datos oficiales de 700.000 personas en los actos de protesta y la Generalitat calificó el paro de masivo en educación, sanidad y transporte público, donde, tras los servicios mínimos, el seguimiento fue del 79% en FGC, el 60% en el metro y el 70% en los autobuses de Barcelona.
Resumiendo, una jornada con un cierto sabor agridulce para los convocantes, aunque el ruido siempre ayuda a maquillar la realidad de las cifras.