La situación social que atraviesa Francia es quizás la más grave de los últimos tiempos. Es cierto que, si echamos la vista atrás, el país galo ha vivido precedentes muy duros, como los disturbios de junio de 2023 que obligaron a desplegar unos 45.000 policías y dejaron más de 1.300 detenidos en una sola noche, y también, años antes, la actuación de los chalecos amarillos en 2018 y 2019 que obligó al gobierno del primer ministro derechista Édouard Philippe a retroceder. Estamos hablando de dos crisis que Macron pudo sortear a base de concesiones económicas a los manifestantes, una circunstancia que es muy difícil que se pueda repetir ahora porque Bruselas exige a Francia apretarse de manera significativa el cinturón.
Todo ello se junta con el temido horizonte electoral de la próxima primavera, cuando se celebrarán la primera y segunda vuelta de las presidenciales, el 18 de abril y el 2 de mayo respectivamente. Para las generales falta bastante, hasta 2029, a menos que haya una disolución anticipada de la Asamblea Nacional. En esta ocasión, la batalla de las presidenciales es especialmente alarmante, ya que la pésima gestión de Macron durante su segundo mandato ha desplazado a los partidos centristas y ha abierto las puertas del Elíseo de par en par a los dos extremos: Marine Le Pen, por la derecha, encabeza claramente los sondeos en la primera vuelta y su rival más probable es Jean-Luc Mélenchon, el dirigente de La Francia Insumisa.
La gran paradoja es que la calle reclama más recursos y Europa exige corregir las cuentas, algo imposible
Mélenchon está dispuesto a subirse a lomos de las protestas que se están produciendo en diversas ciudades francesas y no repetir anteriores errores cuando, en el último momento, un candidato menos extremista se hacía con la segunda posición. En esta ocasión, a diferencia de hace cuatro años, Mélenchon aguanta la posición, algo que, si se consumara, casi entregaría en bandeja la presidencia a Le Pen, que lidera ampliamente los sondeos en segunda vuelta si su rival es Mélenchon. La política francesa, que siempre recupera personalidades del pasado en unas elecciones como las presidenciales, tiene al ex primer ministro Édouard Philippe como el riesgo más importante para Le Pen si consigue superar a Mélenchon.
De la gravedad de la violencia de ese sábado da idea el contundente mensaje de Macron señalando que los que habían atacado prefecturas, comercios, ayuntamientos e incluso se acercaron preocupantemente al Elíseo, serían perseguidos y castigados. El primer ministro también señaló que no se iban a dejar amedrentar. Todo ello con unas 600.000 personas en las protestas y unos 400 detenidos que enarbolaban banderas contra la precariedad económica y laboral, el rechazo al coste de la vida, el deterioro de los servicios públicos y las continuadas protestas de los estudiantes. Bruselas le exige una reducción sostenida del déficit, situarlo por debajo del 3 % del PIB y limitar el crecimiento del gasto público neto al 1,2 % anual en 2026 y 2027.
La gran paradoja es que la calle reclama más recursos y Europa le exige corregir las cuentas, algo imposible. Después de décadas de tirar la pelota hacia delante y de huir de su negro presente, Francia ya no tiene más prórrogas. Y para eso no parece estar preparada.