La dimisión de la diputada por Lleida del PSC y a su vez portavoz de la ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, por la polémica de un mínimo de 30 pisos de los que es propietario su pareja, Sergi Velez, y una vez también se ha conocido la vinculación de este con dos sociedades en Panamá como parte del conglomerado empresarial de su familia, es la última mala noticia para los socialistas españoles, que han tenido que cabalgar toda la legislatura a lomos de noticias de dirigentes suyos afectados por casos de corrupción. En este caso, además, a la espera de conocer la dimensión exacta de algunas noticias que se han publicado sobre sospechas urbanísticas en Lleida, sí se ha confirmado que la Agencia Tributaria aplicó un bloqueo a la hoja registral y revocó el NIF de una de las empresas gestionada por Vélez. Es una sanción administrativa de Hacienda por algún tipo de incumplimiento, pero no es una condena penal por corrupción.
En cualquier caso, la bola ha sido imparable para Mínguez, que ha dimitido de todos sus cargos y ha contado hasta el final con el apoyo de Pedro Sánchez, que tras su renuncia ha detallado que le había pedido que no dimitiera tras el escándalo inmobiliario que afecta a su pareja y atribuyó toda la polémica al nivel de dureza, agresividad y odio en la política española. Aunque hace unas horas todas las fuentes socialistas aseguraban que no habría dimisión, ya que todo estaba dentro de la legalidad, desde el primer día sobrevolaba entre los más veteranos socialistas la idea de que eso iba a ser muy difícil, justo en un momento en que el PSOE había situado el tema de la vivienda en el centro del debate. Y no el tema de la vivienda en abstracto, sino con el discurso contra la especulación y la defensa de que la vivienda es un derecho, no un negocio.
La pelota iba creciendo y también la incomodidad de muchos de sus compañeros, que veían un choque frontal entre el discurso ideológico del gobierno sobre el derecho a la vivienda y la realidad económica privada del entorno de Mínguez
La propia diputada había defendido en el Congreso las trabas legales a los lanzamientos, afirmando que el objetivo del gobierno era quitarle el miedo a la gente de recibir en su casa una carta en el buzón y que sea por un desahucio. La pelota iba creciendo y también la incomodidad de muchos de sus compañeros, que veían un choque frontal entre el discurso ideológico del gobierno sobre el derecho a la vivienda y la realidad económica privada del entorno de Mínguez, gestionando un grupo inmobiliario con activos de 8,4 millones de euros y una inversión inmobiliaria acreditada de más de 6 millones. Eso, sin entrar si había o no irregularidades. Las informaciones sobre las sociedades en Panamá de Vélez, unido a que estamos en la fase de aprobación de listas para las elecciones del 29N, ha sido el cóctel perfecto para precipitar una dimisión que, quizás, en otro momento se hubiera dilatado más.
Para el PSC no es, obviamente, una buena noticia. Hasta la fecha había conseguido quedar absolutamente protegido de la ola de casos que afectan al PSOE y marcar una línea roja infranqueable. Esta estrategia deja de ser así y se cobra una pieza, más conocida en Madrid que en Catalunya por su condición de portavoz de la ejecutiva federal socialista, en la figura de su diputada por Lleida, que, precisamente, este viernes iba a ser ratificada como cabeza de lista por Lleida en el Consell Nacional. Tras la renuncia de Mínguez, que se ha producido con el Consell Nacional del PSC de este viernes ya en marcha, se ha acordado su sustitución por la tercera teniente de alcaldía de la Paeria, Cristina Morón, que no figuraba en ninguna posición de la propuesta.