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La dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y sobre todo la manera en que deja el cargo, señalando que en los días previos a la invasión desde Marruecos había pedido al ejecutivo de Pedro Sánchez la movilización de todos los recursos disponibles y la intervención del Gobierno, no hace sino devolver la pelota allí donde debía estar y de donde no tenía que haber salido nunca: ¿Por qué el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no actuó para detener la invasión y no envió refuerzos? Porque días hubo desde el primer aviso de Ceuta que llegó a Madrid el 16 de julio, cuando Pérez Triano se dirigió a la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente de Interior, ante el aumento de las llegadas. Un segundo aviso llegó a Interior el 24 de julio —seis días antes de la entrada masiva—; fue una comunicación formal al Gobierno advirtiendo del deterioro de la situación y solicitando refuerzos de distintos tipos. El 27 de julio la Delegación se reúne con el gobierno de Ceuta y se hace pública una situación de emergencia, después de más de 1.000 entradas en una semana. Finalmente, desde el entorno político ceutí se mandan mensajes a Madrid describiendo una situación extraordinaria a modo de ultimátum y con un triple mensaje: la situación es insostenible, estamos desbordados; necesitamos apoyo y ayuda, y esto no es lo de todos los veranos.

Hasta aquí, el relato de los hechos sabidos hasta ahora. Habrá que ver a quién arrastra consigo el delegado del Gobierno dimitido, una vez que ha afirmado en su despedida que la Delegación llevaba tiempo alertando y pidiendo refuerzos, y que el 30 de julio pidió directamente a Interior la movilización de todos los recursos disponibles y la intervención del Gobierno. El ministro Marlaska dice no saber nada, aunque suena poco creíble que un tema de tal envergadura no llegara hasta su mesa de trabajo. No sé, sinceramente, qué es lo que sería peor, aunque política y judicialmente la defensa es más fácil si alega desconocimiento. La pregunta central ahora es bastante concreta: ¿qué sabía Interior antes de la mañana del 30 de julio? Porque ya no basta con establecer qué sabía Pérez Triano. Hay que cruzar los avisos de la Delegación + los avisos del CNI + lo que recibieron Policía y Guardia Civil y determinar hasta dónde ascendió cada información dentro del Ministerio. Es cuestión de tiempo, pero se acabará sabiendo.

Sabemos que cuando la justicia española muerde un hueso al que le tiene ganas, es muy difícil que lo acabe soltando y, si se llega a este punto, los favores realizados en el pasado acaban contando entre poco y nada

Aunque estos días la dramática crisis social que suponen las dificultades para lograr una vivienda en España envuelve todo el debate político, la crisis de Ceuta volverá a las portadas con fuerza. Sobre todo porque una entrada de unas 80.000 personas como la que se produjo en Ceuta el pasado 30 de julio no es cualquier cosa y porque esta semana la jueza María Tardón tomará declaración a Gonzalo Sanz —el ex jefe de gabinete de Pérez Triano— y a Juan Vivas, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Esta causa que se sigue en la Audiencia Nacional tiene por delante un recorrido muy espinoso para el Gobierno, ya que la jueza aprecia inicialmente indicios de delitos contra la paz o la independencia del Estado, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros vinculados con homicidios imprudentes y organización criminal. Considera que puede haberse producido desde el extranjero una conducta delictiva que atacó gravemente la integridad territorial española mediante la entrada masiva en Ceuta.

La evolución judicial de esta investigación de la jueza Tardón marcará si se produce o no el procesamiento del ministro Marlaska, que, en su condición de aforado, debería decidir, en todo caso, el Tribunal Supremo. Por eso hay que seguir con mucha atención qué acaba diciendo exactamente Pérez Triano sobre Marlaska y qué pruebas documentales puede tener, porque eso puede cambiar sustancialmente el escenario judicial del ministro. En su despedida ha salido con fuerza, como aquel que no está dispuesto a comerse ningún sapo que no sea suyo una vez que ha abandonado el cargo. Sus palabras han sido claras y su secuencia coherente. Pero nadie sabe con certeza cuántas balas tiene en la recámara o si, por el contrario, se acabará quedando a mitad del camino por falta de pruebas. Pero también sabemos que cuando la justicia española muerde un hueso al que le tiene ganas, es muy difícil que lo acabe soltando y, si se llega a este punto, los favores realizados en el pasado acaban contando entre poco y nada.