Aunque era un secreto a voces lo que se estaba intentando desde la derecha española, no ha cobrado carta de naturaleza hasta que el diario Abc ha dado el primer disparo: la Junta Electoral Central podría inhabilitar al president Quim Torra en los primeros días de enero. El conducto empleado para ello sería una respuesta favorable de la JEC a la reclamación del Partido Popular que hace unas fechas fue desestimada por la Junta Provincial de Barcelona, y que el partido de Pablo Casado le ha elevado como órgano administrativo superior y que verá el 3 de enero. En condiciones normales habría que descartar que ello pudiera llegar a suceder, ya que entre el TSJC que le condenó a una pena de inhabilitación de un año y medio el pasado día 19 y el Tribunal Supremo que deberá resolver cuando le llegue todo el expediente, no hay ninguna instancia judicial. Pero esa es la letra y como ya hemos visto últimamente en demasiadas ocasiones los atajos están a la orden del día aunque no haya precedente alguno de todo ello.

El facherio madrileño, revuelto como está desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de los europarlamentarios Puigdemont, Junqueras y Comín, especula que con una decisión así de la JEC conseguiría dos cosas: resteñar su orgullo herido tras el revolcón de la Corte de Luxemburgo y dinamitar, o al menos intentarlo, la investidura de Pedro Sánchez. Una inhabilitación del president Torra por la puerta de atrás sería un atropello incluso superior al que sufrieron las instituciones catalanas con la aplicación sui generis del 155 de la Constitución, ya que no está contemplado como causas de cese en el Estatut d'Autonomia de Catalunya. Los cocineros de este invento cuentan con que una resolución de un órgano administrativo como la JEC inhabilitando inmediatamente al president podría tener el efecto colateral de inmovilizar a Esquerra Republicana, impedir que sus diputados acaben votando a Pedro Sánchez y abrir otras opciones de investidura o incluso unas nuevas elecciones.

Lo más curioso de todo este puzle político es que la investidura de Sánchez aún está técnicamente en el aire, ya que, entre otras cosas, la Abogacía del Estado aún no se ha pronunciado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras fallada por el TJUE y su puesta en libertad. Por lo que se ha filtrado, la tensión es alta en la Abogacía y se van pasando el informe del uno al otro. Y, cuando se trata de Pedro Sánchez, la experiencia demuestra que más vale tenerlo todo por escrito, ya que sus compromisos se los lleva el viento. El último ejemplo es su incumplimiento, anunciado durante la campaña electoral, con las pensiones, que ha decidido congelar hasta la formación de un nuevo gobierno, igual que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Una pobre excusa la que ha ofrecido de no haber sido aún investido, ya que, en idénticas circunstancias, Mariano Rajoy subió las pensiones así como el SMI.

Pero volvamos a la JEC. Una inhabilitación exprés de Torra acabaría además en el Parlament, ya que el primer paso sería dejar de ser diputado. Veremos hasta donde llega la perversión del derecho.