El desaire del Consorci de la Zona Franca con el Govern de la Generalitat y que ha provocado la cancelación de la presencia de los miembros del Ejecutivo catalán en el acto inaugural del Barcelona Meeting Point no es más que el último capítulo de un litigio que viene de lejos. De hecho, tiene su origen en una inusual presidencia política de un organismo de un fuerte sesgo empresarial y dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro. Así Jordi Cornet compagina el cargo de presidente del Consorcio con el de presidente del Meeting Poing y el de secretario general del PP de Catalunya.

Ahí radica buena parte del problema: trasladar al Meeting Point las desavenencias institucionales entre el Gobierno español y el catalán y querer darle al Salón un barniz partidista y alejado de las más mínimas normas institucionales. Como si la Generalitat fuera, en última instancia, una administración de segunda categoría. Aunque en los últimos tiempos se han vivido algunos desencuentros, siempre con el Consorci de por medio, en ninguno la actitud de la Generalitat había sido tan enérgica por una utilización política tan marcada. Nada que ver, por ejemplo, con la gestión de un Salón tan reciente como el Náutico, celebrado la semana pasada, y a cuya inauguración en Barcelona asistieron sin problemas el ministro en funciones de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y el conseller d'Empresa, Jordi Baiget.

Con una representación territorial muy reducida en los municipios de Catalunya -el Partido Popular tiene tan solo una alcaldía (Pontons, Alt Penedès)-, el cargo de delegado especial del Estado del Consorcio de la Zona Franca es uno de los más relevantes con que cuenta la formación conservadora en Catalunya. Una plataforma institucional entre política y económica con una presencia activa en instituciones, empresas y en la organización de salones de la Fira de Barcelona. Todo ello hace que sea un caramelo codiciado y que se haya convertido, con el paso de los años, en un contrapoder real tanto al Ayuntamiento de Barcelona como al Govern de la Generalitat. Y que las dos administraciones no dejen de estar permanentemente con la mosca detrás de la oreja.