Desconozco —en eso no soy una excepción— como acabarán las cuotas del catalán en la ley audiovisual que prepara el Gobierno español. De hecho, ya es una vergüenza que el Govern y los partidos que le dan apoyo, en este caso también la CUP, tengan que andar suplicando algo que el Gobierno debería asegurar sin pedir nada a cambio, al ser el catalán una de las lenguas oficiales en España. Hablemos claro: solo desde una mentalidad de alguien que pretende asfixiar la lengua propia del país estaríamos teniendo este debate en un momento de emergencia lingüística como el que padece la lengua catalana.

Viene esto a cuento porque un día sí y otro también el Gobierno socialista alimenta la idea de que "bueno, ya veremos" o bien "hay otras fórmulas que no son las cuotas", una estrategia que no tiene otro objeto que incrementar el precio del peaje a pagar en una política que puede ser tildada de irresponsable, pero que los socialistas saben jugar muy bien. El último ha sido este sábado el todopoderoso ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, el hombre que sustituyó a Iván Redondo hace unos meses como mano derecha de Pedro Sánchez.

Así, Bolaños ha echado agua al vino y se ha limitado a hablar de garantizar que la producción audiovisual tenga algunas medidas para que se defiendan las lenguas cooficiales. Como las cuotas en la producción y en las plataformas audiovisuales van a ir y venir en las próximas semanas con una frivolidad que va a dar pavor, eso ya se ve venir, haría bien el Govern en situar una línea roja en esta materia. De poco van a servir estrategias voluntaristas en las escuelas para reconducir las cifras facilitadas esta semana respecto a la evolución del catalán en la ESO en los últimos quince años —16 puntos menos a la hora de preguntar en catalán en clase, casi 40 puntos menos en el uso del catalán como lengua utilizada en las actividades en grupo y 17 puntos menos en el uso por parte de los profesores en la comunicación con sus alumnos— si el catalán tiene un papel marginal en las nuevas plataformas audiovisuales. Alguien debe coger el testigo que antaño tuvo TV3 y que ahora ni puede realizar con la misma fuerza, ni por lo que parece tampoco quiere.

Si el Govern ha asumido —sea por estrategia coyuntural, necesidad, obligación, imposibilidad, represión o cualquier otra circunstancia— dejar a los partidos independentistas el prepararse para lo que han dado en denominar un nuevo embate y jugar el día a día en el marco de la política autonómica, después de comprobar la violencia policial y judicial tras el referéndum de independencia, hay que recordarle que esto ya lo hacía Jordi Pujol y, por cierto, con un éxito nada menor. A título de inventario igual valdría recordar cómo impulsó TV3 en 1983 o cómo sacó adelante el Canal 33 sin la autorización de Madrid, en septiembre de 1988, que a regañadientes, dos meses después, acabarían autorizando. Hechos consumados, porque el Gobierno solo ha negociado con Catalunya con hechos consumados o cuando sus votos eran imprescindibles.