Otra tarjeta amarilla para el Estado español. La Comisión Europea ha pedido formalmente a Madrid que garantice en dos meses la correcta aplicación del denominado "tercer paquete" energético, que incluye disposiciones clave para la liberalización de los mercados de la energía. Se trata de normas sobre la separación de la producción y la distribución de gas y electricidad, el fortalecimiento de la independencia de los organismos reguladores y la mejora de las disposiciones que benefician a los consumidores.
La Comisión "ha podido comprobar que la actual legislación española impide que otras empresas diferentes de los operadores tradicionales pueda construir y explotar interconexiones con otros Estados miembros", explica una nota de la representación de la Comisión en Barcelona, aludiendo a Francia.
Las autoridades europeas también advierten a España que ha transpuesto incorrectamente algunas disposiciones sobre la independencia de la autoridad reguladora, que, a opinión de la Comisión, todavía no es lo bastante independiente ni decidida en abrir el mercado a la competencia como establece la normativa europea, aprobada en 2009.
España todavía no ha hecho nada para incorporar la mencionada normativa, aunque en febrero del 2015, hace 18 meses, recibió una carta de requerimiento. La Comisión remite ahora un "dictamen motivado", es decir, que fija un plazo de dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para corregir esta situación. La Comisión decidirá entonces si llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Patrón de conducta
El Estado español es uno de los grandes incumplidores entre los miembros de la Unión Europea. En 2015, la Comisión recibió 3.450 denuncias y quejas, con España como segundo estado más denunciado (342) después de Italia (637). Con respecto a procedimientos de infracción abiertos, España, con 83, es el tercer país con más casos, detrás de Italia (89) y Alemania (88).
El 2014 fue peor. La Comisión recibió 3.715 quejas y denuncias, siendo España el estado con mayor número (553), seguido de Italia (475) y Alemania (276). Por número de procedimientos abiertos, Grecia (89 casos) encabeza la clasificación seguida de Italia (89) y España (86).
Entre los casos de incumplimiento también figuran el de la Directiva Marco del agua, que el Estado español se salta con su actual política de trasvases (del río Ebro, entre otros) y la normativa sobre morosidad, que obliga a pagar a los proveedores en menos de 60 días.