Ya hace años que el gobierno de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, va detrás de los pisos turísticos ilegales. La última prueba de esta lucha es la reformulación del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) que entrará en vigor este verano y que busca, entre otras propuestas, prohibir el alquiler de habitaciones turísticas en la ciudad. Dentro de este modelo turístico de alquiler de habitaciones también hay el de hogares compartidos, o dicho de otra manera, alquilar una habitación de tu casa durante un corto periodo de tiempo.
Ahora bien, esta voluntad del Ayuntamiento podría salir muy cara a los barceloneses y podría tener un impacto directo en los barrios de la ciudad, según el último análisis del Institut Català d’Evolució Econòmica i Transformació Social (ICEETS), que reúne, entre otros, prohombres de la Unió Democràtica de los años 90, elaborado para determinar las consecuencias de la prohibición del modelo de hogares compartidas, que, encima, obtuvo el visto bueno de la Generalitat en el Decreto de Turismo de Catalunya aprobado en agosto del año pasado.
Cuando el Ayuntamiento aprobó el nuevo PEUAT, la segunda teniente de alcaldía, Janet Sanz, ya defendió que la oferta turística en la ciudad es "más que suficiente" y que el modelo de hogares compartidos podría llevar a una saturación y encubrió prácticas "irregulares".
Ahora bien, hace falta recordar que la abrupta interrupción de la actividad turística causa por la pandemia de la Covid ha provocado que el Ayuntamiento haya dejado de ingresar más de 45 millones de euros recaudados desde la implantación en 2017 del reparto paritario del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET), más conocida como tasa turística, con la Generalitat de Catalunya. En este punto, hay un inconveniente por Barcelona, y es que según las previsiones de la Dirección General de Turismo, Catalunya recuperará un 60% de los visitantes procedentes de otros países gracias en parte al impulso de sus núcleos menos poblados.
Por lo tanto, la recaudación de la tasa turística y su reparto al 50% entre Generalitat y municipios, permitirá en Barcelona salir relativamente indemne de la sacudida que supondrá para las grandes ciudades la confirmación de las zonas rurales como destinaciones turísticas más solicitadas por los visitantes este verano. Además de eso, y a pesar de las restricciones todavía vigentes en buena parte de los países de los cuales atrae un mayor número de turistas, en la capital catalana las autoridades sitúan el número de visitantes en verano por encima de la barrera de los 2 millones; un dato muy positivo para la ciudad después de un año complicado como el 2020, pero todavía lejos de los 5 millones de 2019.
Conflicto con los hogares compartidos
Más allá del veto de Barcelona a regular la oferta turística de los hogares compartidos, hace falta tener en cuenta la creación, por parte del Gobierno, de un nuevo marco regulador que, efectivamente, permite a los particulares alojar viajeros de manera responsable, desarrollando una actividad complementaria con la registrada en los hoteles, aparthoteles y hostales de la ciudad.
Esta legislación, además de permitir diversificar el turismo y, de rebote, proteger la vivienda, permitió que el hombre sharing, tal como se llama en inglés, se convirtiera en una fuente de ingresos crucial tanto para los millares de anfitriones, como también para las administraciones.
Ahora bien, la nueva propuesta de Barcelona no solo contradice las políticas del Gobierno, sino también la tendencia instaurada por grandes ciudades europeas como Lisboa, Roma, Milán, o París, donde las plataformas digitales ejercen como recaudadoras, y remisoras de la tasa turística.
En más de este hecho, hay que recordar que todos los ingresos procedentes de operaciones con plataformas de alquiler turístico están sometidos al IRPF, según datos de Airbnb, solo en 2019 la regulación de los hogares compartidos habría supuesto la recaudación de 3 millones de euros adicionales para las administraciones. Por lo tanto, con la modificación del PEUAT, el Ayuntamiento está renunciando directamente a estos ingresos.
Por este motivo, el ICEETS recomienda al gobierno Colau "qué reconsidere su posición" hacia los hogares compartidos, no solo por lo que puede suponer para los barceloneses, sino también por el perjuicio económico que comportará a sus barrios porque en primer lugar, el 40% del gasto de los viajeros tiene lugar en el entorno más próximo a su alojamiento; y en segundo lugar, un porcentaje muy elevado del retorno de la tasa turística se invierte en infraestructuras de acondicionamiento, mejora y reactivación de los distritos de la ciudad.