La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, ha aprovechado la rueda de prensa de este martes, posterior al Consejo de Ministros, para hacer un reclamo de urgencia y pide "a las Cortes que lo tramiten lo más rápido posible". Se refiere al nuevo acuerdo que La Moncloa ha cerrado con la banca para combatir la crisis económica actual derivada de la guerra de Ucrania. Así pues, a grandes rasgos, se subraya que beneficia los más vulnerables, pero hay tres líneas de actuación que acaban modificando el marco general. Esta llega después de la ley de crédito inmobiliario el año 2019, las leyes de protección durante la pandemia y el código de buenas prácticas para personas mayores o con discapacidad aprobada este mismo 2022. El objetivo de ahora es aliviar la carga hipotecaria de los hogares más afectados por la subida de los tipos de interés. El aumento del euríbor, el tipo de interés de referencia para las hipotecas variables, a pesar de apuntar a una tendencia a la estabilidad, sí ha repercutido en una carga financiera de los hogares. Actualmente, en el Estado español hay 3,7 millones de hogares con este tipo de interés. De ellas, más de un millón se verán, según afirma el Gobierno, beneficiadas por estas medidas, es decir, prácticamente un tercio del total.
Los más vulnerables
Primera línea: los más vulnerables, pensadas para los que tienen un menor nivel de renta y son afectadas por el alto coste de la vida. La vicepresidenta Calviño ha matizado que esta medida "no responde a un riesgo o un impacto macro económico" y ha calmado a la opinión pública reiterando que el contexto es muy diferente a "la crisis que se inició el año 2007" porque ha aumentado el peso de las hipotecas a tipo fijo, especialmente desde la reforma del 2019 que favorecía la reconversión. Actualmente, tres de cada cuatro hipotecas se conciben a tipo fijo y el plazo de vencimiento residual ha bajado de los 18 a los 10 años y favorece también una reducción del stock del crédito hipotecario afectado a los tipos de interés. Por todo ello, los niveles de endeudamiento del sector privado, desde empresas hasta familias, ha bajado, pero todavía hay carencias. Algunas familias están acusando la crisis y en este sentido, Calviño destaca que, para ellas, se les proporciona "un menú de opciones para dar más tranquilidad y escoger lo que vaya mejor". Este tipo de menú que ha citado se concreta en reforzar el código de buenas prácticas para deudores hipotecarios vulnerables. Y afecta a familias con las rentas inferiores a los 25.200 euros anuales y que hayan sufrido a un incremento del esfuerzo hipotecario del 50% con viviendas de hasta 300.000 euros.
Para ellas, se reduce el tipo de interés aplicable durante los cinco años con carencia de pago de hipoteca y pasan del euríbor marcado en el 0,25 hasta un 0,10% negativo, es decir, por debajo del euríbor actual. También pueden solicitar la reestructuración de la deuda en más de una ocasión y se duplica hasta los 24 meses, actualmente está marcado en un año, el plazo del addación en pago de la vivienda habitual. También se amplía de 6 a 12 meses el plazo para poder pedir alquiler social de la propia vivienda a la entidad financiera por un importe máximo del 3% del valor, siempre que la familia, esté en situación de desahucio. Un ejemplo de estos cambios sería: una familia con una hipoteca tipo de 129.000 euros y una cuota mensual de 524 euros, verá reducida su cuota a los 252 euros durante 5 años, aparte del refuerzo de las medidas que se dan en el ámbito del Código de buenas prácticas.
Clase media en riesgo
Segunda línea: ampliar el nuevo marco de actuación para familias de clase media con riesgo de vulnerabilidad. Se refiere a las que han sufrido un aumento rápido de la carga hipotecaria y será aplicable a rentas inferiores en el 3,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), con unos ingresos de 29.400 euros anuales y que hacen frente a una cuota hipotecaria superior al 30% de su renta. Para ellas, se plantean medidas para suavizar el incremento de la cuota y poder ampliar la amortización hasta los 7 años y congelar la cuota mensual de doce meses con reducciones de interés. En este caso, las medidas beneficiarán a 700.000 familias que tendrán un tiempo más pausado para adaptarse de forma gradual al nuevo escenario de los tipos de interés. Más allá del nivel económico, también se amplía el código de buenas prácticas y se dan medidas adicionales para favorecer el cambio de hipoteca variable a fija, eliminar comisiones por amortización anticipada y por conversión de crédito variable a fijo durante todo en el 2023. También se encargará al Banco de España una guía de deudores para garantizar transparencia y reforzar la información y el seguimiento de los códigos establecidos.
También en el ámbito del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el gobierno ha creado la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para reforzar la protección de los clientes, y ha ampliado hasta diciembre del 2023 la Línea de Avales para garantizar la liquidez de autónomos y empresas y paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania. A pesar de todo, el anuncio crea desavenencias dentro del mismo gobierno. La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha garantizado que su formación seguirá apostando por medidas "más ambiciosas" y, sobre todo, "obligatorias" para la banca, con vistas a reducir la carga hipotecaria de las familias. Así se ha pronunciado en Twitter después del acuerdo del Ministerio de Economía con el sector financiero para aliviar el coste de los créditos hipotecarios a las familias vulnerables delante la tendencia alcista del Euríbor y que llega al Consejo de Ministros. "Desde Podemos seguiremos proponiendo medidas más ambiciosas y obligatorias para la banca que nos permitan apoyar todas las familias. En materia de vivienda queda mucho para hacer", ha enfatizado Belarra a través de su mensaje en las redes.