Tras dos días de negociaciones, los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 han cerrado este sábado un acuerdo para una tasa internacional de al menos el 15% a las multinacionales con una facturación superior a 750 millones de euros y para que las empresas, especialmente las digitales, paguen impuestos allí donde operan aunque no tengan presencia física.

El acuerdo sobre este mecanismo, consensuado el 1 de julio por 130 países y jurisdicciones de los 139 que forman parte del llamado marco inclusivo de la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económicos (OCDE), ha sido tildado como "histórico", según han remarcado los ministros y banqueros en la declaración final, porque tratará de evitar que las multinacionales se alojen en paraísos fiscales y eviten pagar impuestos.

El resultado "de un esfuerzo común"

"Este es el resultado de un esfuerzo común. Espero que los países que no se han sumado cambien su decisión", ha declarado el ministro italiano de Finanzas, Daniele Franco.

En la Unión Europea, Irlanda, Hungría y Estonia, que han atraído durante años la inversión privada por sus tipos tributarios bajos, han mostrado sus dudas para adherirse a este mecanismo, pero el ministro italiano ha confiado en que "cambien de opinión" porque, ha dicho, los países del G20 representan en torno al 90% del producto interior bruto (PIB) mundial y eso "es una presión para el resto".

También la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, ha dicho hoy en un encuentro con la prensa que los países del G20 intentarán entender hasta octubre las reticencias de estos estados para sumarse al acuerdo global de imposición a multinacionales. No obstante, ha enfatizado, "no es esencial que todos ellos estén dentro".

Las bases del mecanismo

El sistema fiscal se sustenta en dos pilares; el primero hace todas las compañías con una facturación mundial superior a los 20.000 millones de euros y con una rentabilidad - relación entre beneficios e ingresos - superior al 10%. Los países en los cuales estos grupos obtengan ingresos superiores a un millón de euros (o 250.000, en el caso de pequeños Estados) tendrán derecho a recibir una parte del impuesto que tendrán que abonar.

Lo que se tiene que repartir entre ellos es entre un 20% y un 30% del beneficio residual, una vez que el país donde tenga la sede la compañía se haya quedado con el impuesto correspondiente al 10% de la rentabilidad. El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, ha señalado en declaraciones a los medios que Francia ha pedido que sea del 25%.

El segundo pilar es aplicar un tipo mínimo del impuesto de sociedades de al menos el 15% a las empresas con una facturación de al menos 750 millones de euros. Sin embargo, la cifra seguirá siendo objeto de debate, después de que países como Francia, Alemania, Argentina o los Estados Unidos hayan pedido que sea más ambiciosa, por encima de este tanto por ciento. "Creo firmemente que el 15% no es suficiente. Tenemos que hacer más", ha declarado Le Maire.

Acabar con la "competición a la baja"

Por su parte, el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, ha indicado que este sistema global acabará con la "competición a la baja" de los países para atraer inversión privada y que permitirá mejorar la situación de las finanzas públicas, cosa especialmente evidente con la actual crisis del coronavirus.

Así, se pretende evitar "prácticas injustas" en el ámbito de la competencia que contribuyan al calentamiento global, para que las empresas en un territorio con una legislación medioambiental más laxa no tengan una ventaja competitiva con respecto a otras asentadas en regiones más estrictas.

 

Reunión de ministros de Finanzas del G20 con el ministro italiano, Daniele Franco / ACN