El conjunto de edificios residenciales conocido como 50 viviendas del Puerto, situados al final del paseo de Josep Carner de Barcelona, estaría más cerca del derribo que de la rehabilitación integral, según las recomendaciones de los estudios municipales. Después de que el lunes la Sindicatura de Greuges de Barcelona hiciera un llamamiento al Ayuntamiento de Barcelona a recuperar el uso residencial de las cincuenta viviendas, de las cuales solo cinco están en uso y cuarenta y cinco están tapiadas, con el añadido de que una vecina está en riesgo de desahucio, desde el gobierno municipal se ha señalado que "el coste y la afectación urbanística" no hacen viable su rehabilitación.
Fuentes municipales citadas por la ACN han señalado que diversos estudios municipales han recomendado derribar los edificios, pero que en todo caso los futuros usos de estos inmuebles todavía se tienen que discutir, pero que el punto de partida de cualquier acción es el de "priorizar el derecho a la vivienda" de las familias que todavía viven allí. El Ayuntamiento ha explicado que, según la planificación urbanística, los bloques están calificados de sistema portuario y son titularidad de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB). Por este motivo, han asegurado que, a corto plazo, no se pueden destinar a vivienda pública.
En cuanto a los usos futuros, el consistorio ha dicho que "se tienen que discutir" primero desde el punto de vista urbanístico. En este sentido, ha defendido que hay que priorizar el mantenimiento de las familias que viven allí y la actividad de los edificios que continúan en uso, como es el caso del Stella Maris. Las mismas fuentes han detallado que la posible rehabilitación de los inmuebles se estudió en dos ocasiones, los años 2021 y 2026, pero que el coste y la afectación urbanística desaconsejaban esta opción y apuntaban a un futuro derribo cuando dejen de tener uso.
Queja de una vecina en riesgo de desahucio
La petición de la Sindicatura de Greuges llegó a raíz de la queja presentada por una vecina de más de setenta años que vive en uno de estos pisos desde 1961 y que se encuentra en riesgo de desahucio. La residente en cuestión se instaló en este inmueble con sus padres. Actualmente, se le exige la devolución del piso desde el ingreso de su madre en una residencia, ya que era ella quien tenía el vínculo con la concesión original de estas viviendas destinadas a los trabajadores del puerto. Ante esta circunstancia, el síndic solicita una "ponderación especial" por la edad y la situación financiera de la afectada, y pide que se le garantice una "solución residencial efectiva antes de que se pueda producir ningún desalojo".
