La historia se repite, pero con matices. El Ayuntamiento de Barcelona se ha quedado sin ordenanzas fiscales para el 2017 y tendrá que prorrogar las de 2016. Barcelona en Comú ha tenido que retirarlas del orden del día del pleno por haberse quedado sin apoyos para aprobarlas y tendrá que prorrogar las de este año. El portazo a las ordenanzas llega sólo una semana después de que la oposición tumbara en bloque el Plan de Acción Municipal (PAM).

La falta de apoyos no es una situación nueva para Ada Colau, que ya el año pasado tuvo problemas para aprobarlas, aunque finalmente lo consiguió en segunda vuelta. Esta vez, sin embargo, ya recibió de entrada la negativa del PP y CiU y ayer ERC y Ciutadans también le trasladaron su negativa a aprobarlas. Sólo faltaba la decisión de la CUP, que tenía que tomarla esta noche, pero de todos modos tampoco era decisiva para sacar las ordenanzas fiscales adelante.

El líder de ERC en el Ayuntamiento, Alfred Bosch, justificó su 'no' porque el gobierno no ha cumplido el pacto que hicieron con los republicanos de alargar hasta los 16 años la T-12 de transporte gratuito para los jóvenes. Para el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, la negativa de Bosch "es un 'no' político".

Lejos de la tragedia

Pisarello ya explicó ayer que, a diferencia del año pasado, este no volverán a probar de llevarlas al pleno, pero aseguró que sí que intentarán negociar punto por punto algunas medidas, como la que quería obligar a los vehículos más contaminantes y grandes a pagar una tarifa más elevada, aplicando un recargo adicional de dos euros por hora.

Sin embargo, Pisarello ya quiso dejar claro que eso "no es ninguna tragedia" porque el gobierno de Xavier Trias sólo consiguió aprobarlas en el 2012 y, además, puso sobre la mesa que más del 90% de los compromisos de inversiones en la ciudad se han cumplido como, por ejemplo, el traslado de la Modelo.

El año pasado, BComú también tuvo que retirar las ordenanzas fiscales del pleno en el último momento por no haber recibido los apoyos suficientes para aprobarlas, pero finalmente consiguió negociar con el PSC un acuerdo de fiscalidad progresiva para el IBI.