El conflicto abierto por el desalojo del llamado Banc Expropiat, una antigua sede bancaria okupada desde el año 2011, vivirá este miércoles la tercera noche de protestas consecutiva después de las vividas el lunes y martes, que acabaron las dos con disturbios de importancia.
La intención de los colectivos que se oponen al desalojo es organizar una nueva manifestación para reclamar la reapertura del Banc Expropiat como centro social okpado, aunque hoy está convocada la concentración más tarde, a las nueve de la noche. Y será en la plaza de la Revolució en vez de la del Diamant, un poco más cerca del Banc Expropiat, situado en la Travessera de Gràcia, 181.
Dos noches de disturbios
Las dos noches precedentes acabaron con disturbios, especialmente virulentos el lunes, cuando sobre las diez de la noche parte de los manifestantes, perfectamente organizados, empezaron a quemar contenedores y papeleras, además de un camión de los servicios municipales de limpieza, además de volcar un coche particular y tirar al suelo decenas de motocicletas. El balance fue de 15 heridos y un detenido.
La segunda noche fue un poco más tranquila, con menos destrozos en bienes púbicos y privados. Con todo, el intento de reokupar el Banc Expropiat se saldó con varias cargas policiales, con varios manifestantes heridos y cuatro agentes con contusiones leves.
El porqué del desalojo
Situado en la Travessera de Gràcia, 181, de Barcelona, el llamado Banc Expropiat es una antigua sucursal de Caixa Tarragona -y después de Caixa Catalunya- que bajó la persiana el año 2011. Fue entonces, en octubre de aquel año, cuando estuvo ‘okupada’ con el objetivo de convertirla en "un centro social de la gente", un espacio adaptado para la gente del barrio y donde se hacían actividades como talleres de idiomas, yoga, meditación, danza y teatro. Con todo, la propiedad fehaciente es de la empresa Antartic Vintage SL, que desde hace meses pide el desalojo de los ocupantes. De hecho, el 2 de julio de 2014 el juzgado dictó sentencia de desalojo, aunque en paralelo el Ajuntament de Barcelona, con el alcalde Trias al frente, decidió alquilar el local por un coste de 65.000 euros anuales.
Este contrato de alquiler se firmó poco después de los incidentes del desalojo de Can Vies, en mayo de 2014, y llevaba escondida una cláusula que provocaba que, en caso de cancelación, el coste sería superior que pagar el alquiler mensual hasta a final de año. La maniobra de Trias pretendía asegurar una cierta paz social con los okupas con la vista puesta en las elecciones municipales de mayo de 2015, que finalmente ganaría Ada Colau y Barcelona en Comú. Precisamente, cuando Colau llegó a la plaza de Sant Jaume, el nuevo equipo de gobierno tomó la decisión de no renovar el contrato de alquiler cuando éste finalizara a 1 de enero del 2016. Dicho y hecho, el desalojo, avalado por sentencia judicial, era sólo cuestión de tiempo.