El paseo de Josep Carner, continuación del paseo de Colón de Barcelona en dirección a Montjuïc, acaba en el lado mar, justo enfrente del parque de Bomberos, con un conjunto de edificios residenciales con cincuenta viviendas. Se trata de un edificio construido en 1960, conocido como 50 viviendas del Puerto, levantado originalmente para alojar trabajadores del Puerto de Barcelona. Ahora bien, se da la circunstancia de que actualmente solo 5 de las 50 viviendas están en uso, mientras las otras 45 están tapiadas, y encima, una de las actuales residentes, una vecina de más de setenta años, está pendiente de ser desahuciada.
Ante esta situación, este lunes la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha hecho pública una resolución en la que reclama al Ayuntamiento que se recupere el uso residencial de las cincuenta viviendas y además que se detenga el desahucio previsto al menos hasta que haya una alternativa residencial adecuada para la vecina afectada. La sindicatura apunta que mayoritariamente las viviendas están tapiadas y sin uso y que a pesar de que la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) "mantiene una política de recuperación de estos inmuebles", con el objetivo de "poner fin a su uso residencial y dejarlos disponibles para futuros usos vinculados a la planificación y la actividad portuaria".
Ahora bien, la sindicatura también recuerda que desde 2016 los edificios dejaron de formar parte del dominio público portuario y esto permitiría una nueva calificación urbanística por parte del Ayuntamiento, y que entre 2017 y 2021 se celebraron reuniones entre la Autoridad Portuaria y responsables municipales para "explorar fórmulas de rehabilitación, cesión y gestión social de las viviendas", que en todo caso no se han llegado a concretar en ninguna actuación. Por eso la sindicatura apunta que el ayuntamiento "no ha agotado todas las posibilidades para encontrar una solución estructural que permita mantener el uso residencial de los edificios", precisamente en un momento de emergencia residencial que vive Barcelona, y por eso insta al consistorio a desencallar la situación y recuperar el uso residencial.
Una vecina, en riesgo de desalojo
En paralelo, la sindicatura se refiere al caso particular de una vecina de más de setenta años que está en riesgo de desahucio. Se trata de una residente que vive en una de estas viviendas desde 1961, cuando llegó con sus padres, a quien ahora se le reclama devolver la vivienda una vez la madre, vinculada a la adjudicación original de estos pisos, destinados a trabajadores portuarios, ha ingresado en una residencia y ya no vive allí. En este caso el síndico reclama una "ponderación especial" dada la edad y situación económica de la vecina y reclama que se le facilite una "solución residencial efectiva antes de que se pueda producir ningún desalojo".
