La presión policial y judicial para impedir el referéndum del 1-O ha saltado de la plana política a los funcionarios y trabajadores públicos. El círculo se estrecha para atemorizar a los agentes que tendrían que hacer posible la votación y los trabajadores vinculados a los departamentos que sacan adelante los preparativos del referéndum.

Los interrogatorios a funcionarios de la Generalitat y publicistas por la campaña institucional del Govern para incentivar la creación de un censo de catalanes en el extranjero salen de la investigación del caso Santi Vidal y de las diligencias previas que abrió la Fiscalía para vigilar de cerca los preparativos del referéndum.

Entre las personas citadas por el instituto armado hay funcionarios del Departament de Difusió y de la Conselleria de Exteriors, así como trabajadores de la agencia de publicidad a la cual la Generalitat encargó la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el extranjero.

Aunque, según ha podido saber El Nacional, el juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona no ha ordenado los interrogatorios, los investigadores trabajan en diferentes operaciones relacionadas con el referéndum. Se prevé que una vez acaben estas declaraciones que empezaron hace dos semanas, la Guardia Civil haga llegar el informe al juez.

La Guardia Civil también ha citado a un cargo político del Departament de la Presidència, un trabajador con categoría de personal laboral y tres personas de empresas externas. Las declaraciones empezaron ayer martes y está previsto que continúen hoy y mañana. El Departament de la Presidència se encargó inicialmente de crear la página web del Pacte Nacional pel Referèndum pero posteriormente se trasladó su gestión al Pacte.

El juzgado número 13 y las investigaciones en curso

La Guardia Civil trabaja a las órdenes del juez y la fiscalía, pero también actúa de oficio ante una investigación abierta.

El juez mantiene en secreto la causa, que abrió inicialmente a raíz de las manifestaciones del juez y exsenador de ERC Santi Vidal, que en varias conferencias aseguró que el Govern estaba recopilando datos fiscales de los catalanes y haciendo clasificaciones de los jueces por su ideología.

De forma paralela a esta investigación judicial, la Fiscalía abrió a final de marzo pasado diligencias por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales en relación con la supuesta preparación del referéndum independentista, a raíz de la publicación de un anuncio institucional sobre el "registro de catalanes y catalanas en el exterior".

No obstante, el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha acabado asumiendo en una sola pieza tanto el caso Vidal como la investigación inicial de la Fiscalía sobre el censo de catalanes en el extranjero, porque en los dos procedimientos había indagaciones que se solapaban, al estar vinculadas al proceso soberanista.

El voto exterior

La Guardia Civil, a quien el juez había encargado ya varias diligencias sobre el caso Vidal, había requerido previamente, a instancias del ministerio público, los expedientes relativos a la campaña de publicidad institucional con la cual la Generalitat pretende promover la inscripción al registro de catalanes residentes en el exterior.

La campaña, con el lema "¿Tienes familiares o amigos en el exterior?", incluía una fotografía con una tablet electrónica en la cual aparece el mapa de Catalunya y la pregunta "¿Sí o no?" en letra negrita, cosa que llevó a los partidos de la oposición a advertir que se podría tratar de un censo de catalanes en el exterior para el referéndum independentista.

Además de estas indagaciones, la Guardia Civil también tiene encomendada la investigación que la Audiencia Nacional abrió en marzo del año pasado a entidades y empresas que supuestamente están colaborando con la Generalitat para poner en marcha estructuras de Estado, como los servicios de inteligencia o la Agencia Tributaria Catalana.

En el marco de estas diligencias, abiertas por delitos de sedición y malversación, la Fiscalía ha pedido a la Guardia Civil que requiera a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad documentación sobre los contratos con la Generalitat en relación con la puesta en marcha de estas estructuras.

Borràs compara la investigación con la época franquista

La consellera de Governació, Meritxell Borràs, cree que es propio de una época "franquista" el hecho de que la Guardia Civil haya citado a funcionarios de la Generalitat en una investigación abierta por un juez de Barcelona sobre la campaña institucional del Govern presuntamente ligada al referéndum del 1-O.

"Eso es propio de otra época; a mí me recuerda a cuando yo era una niña y había una situación de franquismo, de dictadura y de persecución ilógica, porque estamos hablando de democracia", ha señalado Borràs en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Mundó pide resolver la situación "votando"

El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha asegurado que "no hay ningún motivo para que los trabajadores se sientan incómodos. Nunca se les hará hacer nada que no se pueda hacer".

Ha reprochado a la Fiscalía que centre sus esfuerzos en impedir el referéndum cuando "tiene mucho trabajo".

Y ha añadido que "es inaceptable que el objetivo de la Fiscalía sea perseguir funcionarios. Esta situación se tiene que resolver votando". El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha hecho estas declaraciones en la visita a la prisión Modelo de Barcelona con motivo de la presentación de la exposición que repasa la historia del centro penitenciario.