El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, pide que se le informe en el plazo de 10 días hábiles a partir del 16 de noviembre sobre si el president Carles Puigdemont ha solicitado ampararse en la ley del estatuto de los expresidents de la Generalitat, que establecen los derechos de los presidentes que dejan de ejercer las funciones.

Así pues, en caso de que Puigdemont lo hiciera, se interpretaría como un acatamiento del 155 y de su cese. Sin embargo, desde que se aprobó la intervención de Catalunya, Puigdemont siempre ha defendido que es el president "legítimo" de Catalunya.

Se trata de una instrucción del ministro Montoro sobre las consecuencias del 155 en la función pública. Concretamente, también se pide información sobre los altos cargos cesados en aplicación de este artículo así como la lista de personal de los órganos que se han suprimido, la situación de la disolución de estos órganos y el plazo previsto para la liquidación.

La ley establece entre varios aspectos la posibilidad de cobrar un sueldo mensual o una jubilación vitalicia a partir de los 65 años en una asignación mensual igual al 60% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de president.

En caso del sueldo mensual, la norma fija que se tiene derecho a percibir, por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han estado en el cargo y, como mínimo, por una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de president. Otro de los derechos es tener una oficina y el presupuesto suficiente para su funcionamiento.

Información sobre ceses y disoluciones

El Ministro de Hacienda pide información para saber si los altos cargos cesados son empleados públicos y si tienen una plaza reservada a la administración. En este sentido, se ordena que se comunique en caso de que pidan reincorporarse.

En otra instrucción con la misma fecha, Montoro también requiere la lista del personal de los órganos de la Generalitat que se ha ordenado suprimir. Concretamente, sobre el Consejo Asesor para la Transición Nacional, la comisión especial sobre violación de derechos fundamentales a Catalunya y el Diplocat.

Montoro pide también un informe detallado sobre la situación patrimonial de estos órganos, los trámites que se ha iniciado para su disolución y el plazo estimado para la liquidación.