La revista francesa Le Point apunta en un artículo que el cambio de actitud de España con respecto a la revisión de la directiva sobre trabajadores desplazados se habría producido a cambio del apoyo de Francia a la aplicación del 155. Francia se habría cobrado el apoyo al Gobierno español.

"Rajoy tenía absolutamente la necesidad de marcharse de Bruselas con el apoyo unánime de la Unión Europea con respecto al separatismo catalán. En este contexto, la revisión sobre la directiva de trabajadores desplazados fue evocada en una reunión entre el presidente Macron y el presidente español", apunta el medio francés. Hasta entonces, el Gobierno español se había mostrado reticente a una modificación en la directiva, porque afectaba a la competitividad del sector del transporte español.

Según Le Point, el acuerdo entre el presidente español y el francés se habría alcanzado el día 19 de octubre, en el marco de la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas después de una reunión bilateral del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y del presidente francés, Emmanuel Macron. Ambos acordaron que el sector del transporte quedaría al margen de la revisión de la directiva, hasta que se apruebe una normativa específica sobre este sector.

La revisión de la directiva de trabajadores desplazados, impulsada principalmente por el Gobierno francés, propone que estos reciban un salario igual al del resto de profesionales que trabajan en el país. Actualmente, la directiva dice que los trabajadores desplazados tienen que cobrar, como mínimo, el salario mínimo del país en el cual ejercen. Con la nueva reforma, la Unión Europea espera acabar con la competencia desleal de las empresas que contratan trabajadores de otros países europeos para ahorrar costes.

La posición de España hacia la revisión de la directiva era similar a la de los países del Este porque consideraba que podía reducir su competitividad. Aunque el Gobierno español no se mostraba completamente en contra de la modificación de la directiva, esperaba que se hiciera una excepción con el sector del transporte por carretera para evitar que las empresas se tuvieran que adaptar a las legislaciones de todos los países por los que pasan el transportistas.