El otro domingo escribí aquí que el independentismo podía pasarse los 55 días de campaña hasta el 21-D lamentándose que ningún país le puede convocar las elecciones a otro, etcétera, o concurrir a ellas para intentar ganarlas de nuevo y, a ser posible, con la máxima unidad. Por paradójico o aporístico que pueda parecer, participar y ganar es la única manera que tiene -o casi- de hacer frente a unos comicios que, en el extremo, podrían legitimar en las urnas su expulsión de las instituciones catalanas por orden ministerial -el 155- e incluso la muerte civil o política de sus principales dirigentes. De esos presos políticos, los Jordis, a los que esta semana se han añadido el vicepresident Junqueras y 7 consellers. Visto lo que no se había visto en Catalunya y en España desde los años treinta del siglo pasado, el reto del 21-D se ha convertido en un imperativo ético no sólo para el independentismo sinó para cualquier demócrata.

Las cosas que se han visto esta semana. No hay decisión política o judicial a acatar ni mucho menos a respetar cuando son el odio puro y duro y el abuso del poder, aunque sea el obtenido legítimamente, el motor que las mueve. No es suficiente adjetivar de “desproporcionadas” las decisiones de la juez de la Audiencia Nacional, como hacen los dirigentes del PSC, precisamente porque son decisiones de los jueces, no de los vendedores de palomitas. Solo media un paso de ahí a asumir con la moral del rebaño la imposición de la antipolítica y de la desfachatez. Es muy poca la distancia que media entre esa actitud acrítica y eso tan desgraciadamente español del “algo habrán hecho” o el “Porque ¡Hay que ver las cosas que han hecho!” (Felipe González, este sábado en El País, en una entrevista de 5 preguntas). Falta muy poco para dar por bueno ese terrible “a lo mejor” -“Si hubieran dicho que aceptaban la Constitución y que dejaban de estar en la línea delictiva, a lo mejor alguna cosa hubiera cambiado”- que, según el fiscal de fiscales José Manuel Maza, podría haber evitado la prisión a los miembros del gobierno legal y legítimo de Catalunya.

La equidistancia ya solo puede ser el refugio de los cobardes o los  miserables ante el ingreso en prisión preventiva e incondicional de medio gobierno catalán mediante un auto condenatorio construído sin juicio. Mal hecha a cuatro manos por el fiscal general del Estado, brazo ejecutor de la política judicial del Gobierno del PP y sus aliados de Cs y el PSOE, y una juez encantada de darlo-todo-por-la-patria-libre-de-independentistas que también ha dictado órdenes de búsqueda y captura internacionales para el president Carles Puigdemont y el resto del Govern, 4 consellers más. Un Puigdemont que sigue la triste tradición, exiliado como tantos y tantos otros presidentes de la Mancomunitat o de la Generalitat  para sorpresa de medio mundo. 

El problema es que la justicia española considera violento por naturaleza el hecho de manifestarse por la independencia

“Porque ¡Hay que ver las cosas que han hecho!” En las  manifestaciones por la independencia, en las que participaron centenares de miles de personas, hubo menos “violencia insurreccional” que en cualquier huelga general celebrada hasta ahora. El problema es más bien que la justicia española considera “violento”, por naturaleza, el hecho de manifestarse por la independencia de Catalunya. Es en las manifestaciones contra la independencia y en sus prolegómenos -acciones nocturnas de acoso a Catalunya Ràdio, por ejemplo, con lanzamiento de piedras incluído- donde se ha desatado la violencia ultra parapetada tras las muy constitucionales banderas españolas con las que se envuelven Arrimadas, Albiol o Iceta. Ellos, que, desde luego, no tienen nada de “nacionalistas”. Fueron las porras de los antidisturbios de la policía española -y se me romperá la mano de escribirlo- lo único que impidió a los del no y los del sí a la independencia votar libremente en el referéndum prohibido del 1-O. Son miembros de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía los responsables de la violencia, del trato vejatorio al que, según los abogados, se ha sometido a los consellers en el trasllado desde la Audiencia Nacional a la prisión de Estremera. Incluídos los insultos homófobos que todo el mundo ha podido oír contra el vicepresident Junqueras y que vergonzosamente se banalizan en las redes incluso por parte de una exministra del PSOE, María Antonia Trujillo, para más inri doctora en Derecho y profesora de Derecho Constitucional.

Es esa violencia estructural tan antigua contra el disidente independentista por parte de los poderes del Estado español la que asoma de manera perversa, mediante un procedimiento de inversión de la culpa y la responsabilidad, en cualquier decisión relacionada con el procés. Esa técnica, fascismo puro, es lo que explica que el ministro de Asuntos Exteriores, Dastis,  fuese capaz de acusar de violentos a los independentistas pese a que las imágenes que acompañaban la entrevista en la BBC, que consideró falsas, revelaban justamente lo contrario: la brutalidad de las cargas policiales contra los votantes del 1-O. Ni Goebbels lo hubiera hecho mejor.

Es en ese marco que cabe interpretar lo que hemos visto esta semana. Cualquier jurista sabe y así lo establece el Código Penal español, que no hay delito de rebelión sin alzamiento armado. Y como no lo hay en la actuación de los cargos del Govern, la querella del fiscal y el auto condenatorio de la jueza que los manda a prisión incluyen por si acaso el delito de sedición. El de sedición y lo que haga falta mientras el resultado final sea el prejuzgado en la Audiencia Nacional y el precocinado en la Moncloa, como demuestra el hecho de que el Tribunal Supremo dejara en libertad a Carme Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament pese a que la querella de Maza contra ellos es idéntica a la que ha llevado a la cárcel a los miembros del Govern.

Se encarcela al Govern con un "corta y pega" de lo que cada día vocifera el PP y sus aliados políticos, mediáticos y policiales 

Cualquier jurista sabe, igualmente, que una justicia normal no encarcela a nadie por lo que hacen otros, el supuesto riesgo de fuga de Junqueras y los consellers establecido a partir del hecho de que Puigdemont y otros miembros del Govern se hayan establecido en Bélgica, lo cual en principio no tiene nada de ilegal. Una justicia normal, en fin, no actúa a partir de juridificar y convertir en prueba incriminatoria los mimbres de un relato condenatorio tejido por otros. Se encarcela a medio Govern a partir de un ejercicio de “corta y pega” de lo que día tras día vociferan los portavoces del Gobierno español y del PP y sus aliados políticos, mediáticos y policiales.

La diferencia entre la supuesta “posverdad” independentista y la de Maza y la Audiencia Nacional es que la primera quizás te hunde en la frustración, pero la segunda te lleva a la cárcel. He ahí una de las muchas asimetrías que convierten en insostenible el relato unionista sobre la presunta igualdad de todos los “españoles” ante la ley.  El sistema político-judicial español ha puesto bajo sospecha a dos millones de ciudadanos catalanes por sus ideas políticas, es decir, por aspirar a la independencia o, simplemente, a que se pueda decidir sobre ello mediante una votación democrática. Lo demuestra el hecho de que la represión policial incrementase claramente el sí a la independencia en el mismo referéndum o la última encuesta del CEO, donde los partidarios del Estado independiente se han disparado hasta el 48,7% y los contrarios han descendido hasta el 43,6%.

La "posverdad" independentista quizás te frustra, pero la de Maza y la Audiencia Nacional te lleva a la cárcel

¿Acaso la jueza Lamela va a enviar también a prisión a esos dos millones de “insurrectos” independentistas? Ese ánimo es el que se desprende de la decisión de encarcelar primero a los Jordis y ahora al Govern. Cuanto menos, es lo que percibe la gente, incluídos los dirigentes unionistas que jalean el "cumplimento" de la ley. Todo lo cual tritura a la práctica el principio que la democracia española no se define como “democracia militante”, es decir, que, formalmente no prohíbe ideas. Se puede concurrir -aún- a las elecciones con un programa independentista, pero lo más probable es que le sea imposible aplicarlo aunque gane. Ante esa perspectiva, ser independentista puede llegar a convertirse en casi una obligación democrática. Y por ello no sorprende que, ya puestos, haya quien pida aprovechar el momento de excepción constitucionalizado mediante el 155 para ilegalizar a los partidos “indepes” antes del 21-D.

El 21-D es un plebiscito entre el 155, la autonomía vigilada, y la República, o sea, la recuperación de los mínimos democráticos

El 21-D es un plebiscito entre el 155, la autonomía vigilada por el Consejo de Ministros, y la República. O sea, la recuperación de los mínimos mínimos democráticos suspendidos por el estado de excepción al que se ha sometido al independentismo  catalán ante la incapacidad manifiesta de oponerle una alternativa democrática mejor. Es altamente probable que todo el independentismo y una parte de los comunes y sus confluencias se integre en esa lista amplia que piden desde Puigdemont a ERC pasando por parte de la CUP (Poble Lliure) y Podem (el sector de Fachin). A inicios de esta semana, las listas separadas eran la opción preferida tanto en ERC como en el PDeCAT, que seguía sin líder, aunque miraba a Santi Vila. Los encarcelamientos -y la excepción de la libertad de Vila bajo fianza- lo han cambiado todo: Puigdemont ha anunciado que quiere ser candidato e incluso la CUP ha abierto la puerta a una candidatura conjunta amb el PDeCAT i ERC y una parte del espacio de los comunes.

La duda es si Mariano Rajoy mantendrá la convocatoria electoral o, en aplicación del 155 decidirá aplazarla. Una victoria del independentismo con sus líderes encarcelados o en libertad provisional, con Puigdemont en Bélgica o en una celda de prisión madrileña como Junqueras, ya sea con lista unitaria o con programa conjunto, podría dar al movimiento la legitimidad que aún se le niega o se le hurta. Como sin vergüenza alguna se jactan ahora Rivera y Albiol, en una nueva demostración de ese siniestro manual de inversión de la realidad al que se agarra el unionismo com un clavo ardiendo, “votarem” ... siempre que el 155 no lo impida en el último momento por las mismas “razones” que han servido para activarlo.

Como sin vergüenza alguna se jactan ahora Rivera y Albiol, "votarem", siempre que el 155 no lo impida en el último momento

Al Gobierno y el complejo politico-mediático-judicial español le ha pasado como a aquel que tiró al niño con el agua sucia de la bañera. Intentando tapar su descomunal fracaso ante el “desafío” independentista catalán para salvar el  régimen del 78, ha conseguido arruinar la imagen del prestigio democrático que España se había labrado -por fin- ante el mundo. Y lo ha hundido de entrada ante esos catalanes independentistas -y ahora se va viendo, muchos también no independentistas- que nunca creyeron que el Estado español llegaría tan lejos aunque sólo fuese porque el club europeo y la multilateralidad imperante en el escenario internacional le atarían las manos a la silla. Y es cierto que los gobiernos de la decadente Unión Europea se han puesto de perfil, pero hasta en los programas de humor de la televisión norteamericana se ríen ya de esa peculiar “democracia” española que convoca elecciones y acto seguido encarcela a la oposición. Porque ¡Hay que ver las cosas que han hecho! Y las que serán capaces de hacer, estos romanos.