Una buena amiga me pide que le explique qué quiere decir Marta Rovira, en una entrevista reciente, cuando dice que la restitución del Govern será uno de los puntos centrales de la campaña, pero que habrá que diferenciar entre esa restitución y la necesidad de instaurar un Govern ejecutivo efectivo. Le confieso con toda franqueza, yo no sé qué significa esto. Que mejor es que se lo pregunte a Rovira o a cualquiera de los votantes republicanos. No entiendo la propuesta de Rovira, pero lo que  intuyo que significa me lleva directamente a estar en contra. Me parece inadmisible. Me recuerda aquello que explicaba Paddy Ashdown en sus memorias sobre la propuesta del historiador y político Roy Jenkins para cerrar una alianza entre los laboristas y los demócratas liberales en la década de los 90 para cambiar de verdad la Gran Bretaña. Blair estaba tan seguro de su victoria que contestó a la invitación con una frase bíblica —“El Señor me lo dio, el Señor me lo tomó”—, que en un sentido político es esotérica.

La propuesta de Rovira es enrevesada. Y es que diferenciar entre un Govern legítimo y un Govern efectivo sería tanto como aceptar que habrá un gobierno en el exilio durante no sé sabe cuánto tiempo, tocando las castañuelas, y otro en Barcelona adecuado al 155 y al autonomismo. No sé por qué el soberanismo tiene la manía de hacerse trampas al solitario. ¿Por qué no tratamos a los electores como gente adulta y les explicamos qué proponemos sin los típicos recovecos de siempre? Además, desde el mismo momento en que el president Carles Puigdemont decide encabezar una candidatura unitaria y transversal independentista, Junts per Catalunya, está claro que el Molt Honorable no piensa invernar en Bruselas. El objetivo es ganar y volver a casa, acompañado de muchos diputados y diputadas que no tienen ninguna adscripción política concreta.

Todo el mundo sabe que el president Carles Puigdemont deseaba pactar una candidatura unitaria que reflejara la unidad civil, tal como se ha demostrado siempre y, en especial, el 1-O y en las manifestaciones multitudinarias. No ha podido ser y no hay que darle más vueltas al asunto. Por lo tanto, está claro que el presidente Carles Puigdemont quiere recuperar la presidencia de la Generalitat el 21-D, siempre que no se lo impida la justicia española. Es tanta su convicción, que Puigdemont renunció ya hace días a pedir que se le reconociera la pensión de expresident. Antes incluso de que Montoro enviara una instrucción a la Secretaría de Administración y Función Pública para indagar si había algún trámite en ese sentido.

España es irreformable. Eso ya lo sabemos. El conflicto con Catalunya ha hecho aflorar, además, el odio étnico contra los catalanes como no se había visto antes

Para Carles Puigdemont sería imposible sostener que el Govern legítimo está en Bruselas o en prisión y acatar el 155 y su cese. Esto lo pueden hacer el vicepresident y los consellers y conselleres, si quieren, porque es legítimo como estrategia para salir de la cárcel, pero sería absurdo que lo hiciera el president. No tendría sentido cuando el hilo conductor de su campaña electoral no puede ser otra que reclamar el apoyo del electorado para derrotar nuevamente en las urnas al unionismo y al golpe de Mariano Rajoy contra el estado de derecho. La candidatura del president tiene ese sentido. Si de lo que se trata es de pelearse por las migajas, por una presidencia disminuida y deslegitimada por la aplicación del 155, entonces que sea presidente quien quiera.

“Nuestro president es Carles Puigdemont”, grita la gente en las calles. Y así es como tiene que ser. Y si no puede serlo él, si bien al día siguiente del 21-D el lío judicial será extraordinario, dado que entonces Puigdemont habrá recuperado su condición de diputado —y, por lo tanto, de aforado—, por lo menos que opte a la presidencia alguien de su plena confianza. Alguien que le haya acompañado en el trayecto y que no quiera embalsamarlo como si fuera la momia de Lenin. El presidente también tiene a su lado una voz de mujer muy potente, Elsa Artadi, antes coordinadora del Govern y hoy jefa de campaña de Junts per Catalunya, persona sin cuya ayuda nada sería igual. Por lo tanto, la posibilidad de encontrar fórmulas imaginativas que permitan superar los inconvenientes provocados por la intervención del autogobierno existen y están al alcance del MHP Carles Puigdemont.

España es irreformable. Eso ya lo sabemos. El conflicto con Catalunya ha hecho aflorar, además, el odio étnico contra los catalanes como no se había visto antes. La vulneración de los derechos humanos y políticos en Catalunya se sostiene, precisamente, en esa unanimidad española, sólo matizada por grupos cada vez más residuales o por personas individuales. Ante esa circunstancia, el independentismo catalán actúa como si nada hubiera pasado. Eso es lo que querrían los de Catalunya en Comú, que ya se preparan para un nuevo tripartito que pactarían entre ellos, ERC y PSC. No creo que ningún dirigente republicano pueda comprar esa idea, en especial porque el actual PSC, con Duran i Lleida dentro, no creo que garantice “las políticas sociales” que dicen que quieren impulsar. El PSC está empeñado, junto a PP y Cs, en aniquilar al soberanismo.

La única solución, por lo tanto, es recuperar el Govern legítimo para devolver a Catalunya su Govern efectivo. En Catalunya no se vota nominalmente como en otros países. Se votan candidaturas. Así pues, la candidatura del President sólo tiene un nombre y se llama Junts per Catalunya (JuntsxCat, si lo quieren reducir a unas siglas), que tiene un historial sin mácula. Anuncia otro mundo.