El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, está preparando una respuesta al requerimiento del Gobierno español y la amenaza de aplicación del artículo 155 de la Constitución que le acerca nuevamente a la zona de confrontación con el Estado. Después de cinco días en que Moncloa ha hecho como si no se hubiera dado por enterada de la declaración de independencia en el Parlament, y la inmediata parada técnica bajo la fórmula de que "se suspendían los efectos", un viernes de intensas e inacabables reuniones en el palau de la Generalitat concluyó descartando absolutamente la respuesta que espera Mariano Rajoy. Todas las otras opciones están abiertas. Desde el trazado con tiralíneas que permite quedarse donde estamos, reafirmarse en lo anunciado y firmado en el Parlament y seguir creyendo en un diálogo que ni llega ni se le espera, hasta dar por acabado el período de mediación a la vista que nadie recoge el guante de la Generalitat y Madrid no quiere ni oír hablar de ello. La primera opción lleva varios cuerpos de ventaja pero la política catalana, excesivamente acostumbrada a cambiar el final del guión en el último instante, no permite avanzar absolutamente situaciones para las que faltan más de 48 horas.
El siempre convulso mundo soberanista está tan poco acostumbrado a gestionar escenarios en los que tiene una cierta ventaja pero no asegurada la victoria definitiva que está manteniendo desde hace días una estúpida riña infantil sobre quién es más independentista. Como si tuviera algo que ver la velocidad con el tocino. Todos sin excepciones hicieron posible el 1 de octubre y llevaron a cabo un referéndum que el estado dijo que bajo ningún supuesto se iba a celebrar. Se hizo y votaron más de dos millones de personas. Poca broma ante el inapelable éxito democrático de aquella jornada. A medida que pasan los días parece hacerse evidente que la planificación, energía e imaginación que se invirtió en aquella jornada ha hecho que muchos de los actores principales llegaran exhaustos a lo días posteriores. De ahí las dificultades para consensuar el ritmo de los pasos que se han de dar, cosa que hasta hace muy poco no había ocupado nada de tiempo a los máximos responsables del procés.
Este fin de semana, el Govern descartará el paso atrás que le exige Rajoy como condición previa para no aplicar el 155. La pelota volverá al presidente del gobierno español envuelta en un lazo en que también estará la voluntad de diálogo. De todas las reuniones que han tenido este viernes gobierno, grupos parlamentarios independentistas, partidos y entidades soberanistas ninguno de los actores le ha apremiado a dar un paso atrás y a arrinconar los resultados del 1 de octubre. Al revés, las únicas exigencias que ha tenido han pasado por lo contrario, que retire inmediatamente la suspensión de los efectos de la declaración de independencia de la tarde del pasado día 10. Pero ese camino, hoy por hoy, Puigdemont tampoco lo quiere tomar.