Acostumbrada a moverse en corrientes favorables y sin que nadie le tosa ninguna de sus decisiones, o en todo caso le hagan como máximo un ligero cosquilleo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha tropezado por primera vez con el efecto bumerán de una noticia que ella misma contribuyó a alimentar: el desgraciado caso de la mujer con tres hijos desalojada de su domicilio en Sants por orden judicial. En las últimas 24 horas, Colau empezó culpando al Govern y a los Mossos d'Esquadra por el despliegue realizado y por la manera como llevó a cabo el desahucio; continuó teniendo una insólita trifulca en Twitter con la cuenta de la policía autonómica, que se sintió injustamente atacada por la alcaldesa; siguió reconociendo, a su manera, su error en el tema de la policía catalana y desviando la cuestión hacia otros aspectos relacionados con la coordinación; para acabar responsabilizando al PP por la legislación española de desahucios.

Por en medio, alguna declaración pública en la que se notaba fácilmente su incomodidad con la evolución que había tenido el tema. Es muy normal que así fuera ya que si algo caracteriza a la alcaldesa es su olfato para esquivar los conflictos que puedan mermar su alta popularidad y este enseguida intuyó que era uno de ellos. Pero el tema quizás hubiera acabado aquí o se hubiera concentrado en uno más de estos rifirrafes políticos tan aburridos si no hubiera sido por el dato que aportó el juez que lleva el caso del desahucio durante la jornada. La mujer desahuciada había solicitado en junio un piso social al Ayuntamiento y el juez había alargado tres meses su decisión para que el consistorio encontrara una solución.

Este dato es trascendental para formarse una opinión completa; es muy importante ya que el piso social que facilitó el Ayuntamiento a la familia desahuciada la noche del miércoles, cuando se produjo el desenlace, se lo hubiera podido entregar antes y una parte del problema se habría evitado. Es de esperar que, en nombre de la transparencia y buen gobierno, Colau dé explicaciones de por qué no tomó antes esta decisión -las de su concejal de Habitatge señalando que estaban tramitando los papeles son del todo insuficientes-. Y para que los ciudadanos puedan contar con una opinión que no han tenido.

En cualquier caso, Colau también debería extraer una lección: vale la pena documentarse bien antes de poner el ventilador en marcha. Ya que si no uno acaba tropezando con el obstáculo más insospechado.