Cada relevo de gobierno en España reproduce el mismo ritual. Se renuevan las esperanzas, se reformulan los compromisos y se vuelve a anunciar que, esta vez sí, Catalunya recibirá los recursos que durante demasiado tiempo han quedado pendientes. Pero ya da igual si en el menú hay una zanahoria o un plato de lentejas con arroz. Cuando llega la hora de servirlo, siempre nos lo ponen frío y sin condimentar. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve saber quién ocupa la Moncloa si nos toman el pito por el sereno?

No es una percepción ni un agravio interesado. La información publicada por la Intervención General de la Administración del Estado es bastante explícita. Sin ir más lejos, este 2025 Catalunya recibió 1.321 millones de euros de inversión ejecutada, el equivalente al 8,6% del total territorializado. Contrariamente, Madrid concentró el 21%, con 3.217,7 millones. Catalunya percibió un 6,2% menos que el año anterior, a pesar de que el volumen de inversión regionalizada del Estado creció un 17,9%.

La desproporción resulta todavía más difícil de justificar cuando se compara con el peso de la economía catalana, que genera cerca de una quinta parte del PIB español, sostiene una parte muy relevante de las exportaciones, lidera actividades estratégicas y es una de las grandes locomotoras productivas del Estado. No se reclama, por lo tanto, un trato de favor, sino una correspondencia razonable entre aportación económica, necesidades territoriales y dotación real.

Tampoco estamos ante un accidente ni de una fotografía puntual. Hace demasiado tiempo que las liquidaciones presupuestarias explican la misma historia. Cambian las siglas, los presidentes y los ministros. Se renegocian pactos, mayorías y calendarios. Pero, cuando se cierran los ejercicios, Catalunya ocupa, otra vez, una posición impropia de su dimensión económica. Llega un momento en que las excusas coyunturales dejan de ser creíbles, porque la reiteración convierte la excepción en sistema.

Catalunya no reclama un trato de favor, sino una correspondencia razonable entre aportación económica, necesidades territoriales y dotación real

La política ha perfeccionado el arte del anuncio. Cada legislatura estrena un relato renovado, reformula los compromisos y presenta una hoja de ruta para desencallar las actuaciones pendientes. Las cantidades consignadas suelen ser lo suficientemente generosas para que los titulares contagien optimismo, pero las obras no se construyen con ruedas de prensa, los corredores ferroviarios no avanzan gracias a los discursos y la productividad de un país no mejora porque una partida aparezca publicada en el BOE. Lo que de verdad transforma una economía no es aquello que se anuncia, sino aquello que se licita, se adjudica y acaba entrando en servicio. Y es precisamente aquí donde el déficit de ejecución perpetúa décadas de frustración.

Esta falta de cumplimiento no es una mera disputa institucional entre administraciones. Tiene consecuencias directas sobre la capacidad de competir. Cada proyecto aplazado encarece los costes logísticos de las empresas; cada conexión ferroviaria que no llega resta eficiencia al transporte de mercancías, y cada ampliación que se eterniza limita la posibilidad de atraer capital, generar empleo y consolidar el liderazgo productivo del país. Las infraestructuras no son un privilegio ni una concesión política: constituyen una condición indispensable para que una economía moderna no pierda impulso.

Esta vez, además, la denuncia no proviene tan solo de las instituciones o de los partidos. Las organizaciones empresariales catalanas han advertido que la insuficiencia inversora asfixia la economía del país y compromete su competitividad. Foment del Treball calcula que la brecha acumulada en infraestructuras entre 2009 y 2025 alcanza los 49.543 millones de euros corrientes, que equivaldrían a 58.748 millones a precios constantes de 2025.

Cuando las entidades que representan el tejido empresarial coinciden en señalar que esta carencia perjudica la actividad productiva, el debate deja de ser estrictamente territorial. No es una reivindicación identitaria, sino una exigencia de eficiencia económica. Un país puede resistir durante un tiempo con servicios ferroviarios deficientes, conexiones incompletas y redes saturadas, pero no puede aspirar a liderar mientras se ve obligado a competir con los pies descalzos y las manos atadas a la espalda.

¿Hasta cuándo Catalunya seguirá aceptando que el menú cambie en cada legislatura si, al final, el plato que acaba llegando siempre es el mismo?

Cuesta entender que un territorio que aporta tanto al conjunto de la economía española siga esperando, año tras año, unas actuaciones que raramente se materializan en la proporción comprometida. Y todavía resulta más difícil aceptar que esta anomalía se haya normalizado hasta el punto de dejar de indignar. Cuando se publican las liquidaciones, llegan las declaraciones solemnes, las exigencias de rectificación y los nuevos compromisos. Después se inicia otra legislatura y se repite al pie de la letra el mismo patrón.

El coste de esta dinámica va mucho más allá de los millones que no llegan. También erosiona la confianza. Las empresas toman decisiones de inversión a largo plazo y necesitan saber que las comunicaciones, los equipamientos y los servicios sobre los cuales proyectan su crecimiento serán previsibles, eficientes y disponibles dentro de los plazos anunciados. Cuando los calendarios públicos se convierten sistemáticamente en papel mojado, crece la incertidumbre, se retrasan decisiones corporativas y se deteriora la credibilidad institucional.

Una economía competitiva requiere estabilidad reguladora y seguridad jurídica, pero también la certeza de que los compromisos públicos se materializarán dentro de los plazos previstos. Sin esta confianza, el perjuicio no es solo político. Afecta a la localización de nuevas plantas, la modernización de centros productivos, los flujos logísticos, las exportaciones y las oportunidades de crecimiento de miles de pequeñas y medianas empresas.

Lo más preocupante es que la discusión siempre se acaba desviando. Unos atribuyen la responsabilidad al gobierno de turno; los otros recuerdan que los anteriores tampoco lo hicieron mejor. Entretanto, las liquidaciones acumulan evidencias con una persistencia incontestable. Han gobernado tanto el PP como el PSOE. Ha habido mayorías absolutas, ejecutivos de coalición, gabinetes en minoría y pactos de investidura de todo tipo. Ninguna de estas fórmulas, sin embargo, ha conseguido alterar sustancialmente un patrón que se reproduce mandato tras mandato.

¡Basta ya! Menos promesas y más obras acabadas, esto es lo que queremos. Hechos, y no palabras

No se trata de reclamar privilegios ni de alimentar un agravio permanente. Se trata de exigir que el Estado cumpla las obligaciones que asume y que los representantes políticos sean capaces de garantizar su cumplimiento. En cualquier empresa, presentar un presupuesto y ejecutar una parte muy inferior sería sinónimo de una gestión deficiente. Ningún consejo de administración aceptaría reiteradamente una desviación tan grande entre las previsiones y los resultados sin exigir explicaciones ni depurar responsabilidades. Sorprende que aquello que consideraríamos inadmisible en el ámbito privado se asuma con una resignación casi institucional cuando afecta a la Administración pública.

Ya basta. Menos promesas y más obras terminadas, esto es lo que queremos. Hechos, y no palabras. La prosperidad no depende de los discursos, sino de una red ferroviaria fiable, de corredores logísticos operativos, de equipamientos modernos y de unos recursos que se desplieguen con la misma diligencia con la que se recaudan los impuestos. Porque los impuestos nunca llegan fríos ni sin condimentar.

Nos han vendido la película de que cada relevo político representa una nueva oportunidad para corregir este desequilibrio histórico. Las cifras oficiales, sin embargo, se han encargado de desmontar esta mentira una y otra vez. No entienden de colores políticos ni de relatos interesados. Solo explican qué se ha hecho y qué queda todavía pendiente. Y hace demasiados años que el resultado es esencialmente el mismo.

Así pues, ha llegado el momento de dejar de preguntarnos quién ocupará la Moncloa. La cuestión que nos debemos plantear es otra: ¿hasta cuándo Catalunya seguirá aceptando que el menú cambie en cada legislatura si, al final, el plato que acaba llegando siempre es el mismo? Y, sobre todo, ¿cuánto tiempo más se le puede exigir a una de las principales economías del Estado que tenga que competir con unas infraestructuras que acumulan años de retraso?